Narco-candidatos: urnas en riesgo

El caso del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, confirmó la vulnerabilidad que existe entre los partidos políticos y las autoridades electorales para evitar la infiltración del crimen organizado en las campañas.

El blindaje electoral –que se anunció hace tres años en la elección del 2012- fracasó en detectar que Abarca más que político era uno de los jefes de los Guerreros Unidos, grupo criminal que estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el año pasado.

El INE contra la infiltración

El caso de José Luis Abarca no es el único narcopolítico detectado en México.

Hace 15 años Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, fue detenido por sus vínculos con el Cártel de Juárez.

En ese mismo estado hace 5 años el candidato del PRD a la gubernatura, Gregorio Sánchez, también fue arrestado por nexos con el narcotráfico.

En Michoacán se presentó el caso de Julio César Godoy, hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, quien tomó protesta como diputado federal del PRD cuando se le señalaba por sus vínculos con La Familia y  Servando Gómez, “La Tuta”.

La infiltración del narco en este proceso electoral será  la principal tarea del ahora llamado Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos que postularán sus candidatos para las próximas elecciones.

El riesgo de que el crimen organizado imponga sus candidatos no solamente seguirá latente sino se incrementarán las posibilidades.

Es cierto que el INE prohíbe el uso de financiamiento ilícito, sin embargo, las capacidades que tiene el organismo electoral no son suficientes para realmente investigar la procedencia de los recursos que se usan en las campañas.

Solo es un buen propósito del INE y de los comisionados electorales.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reconoce estas limitantes y ha dicho que el blindaje electoral para evitar la infiltración del narco en las campañas requiere también el involucramiento de dependencias federales como la PGR.

Córdova deja claro que no es facultad del INE revisar los antecedentes de los candidatos que se registran a un puesto de elección popular.

Para muestra…

> José Luis Abarca
Vinculado a Guerreros Unidos

> Mario Villanueva
Relacionado con el Cártel de Juárez

> Gregorio Sánchez

> Julio César Godoy
Vinculado con La Familia Michoacana

La Fepade sin dientes

En abril del 2011, José Luis Vargas, entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),  presentó una serie de propuestas de reforma legislativa en materia penal electoral para fortalecer la arquitectura jurídica y la capacidad de actuación de la misma dependencia.

Vargas presionó para que el Congreso federal concretara esa reforma y dotar así a la Fepade de facultades para revisar los financiamientos de las campañas con el fin de detectar recursos de procedencia ilícita.

“En resumen, los objetivos de la reforma que se discute son: proteger el libre ejercicio del derecho al voto y el desarrollo normal de los procesos electorales; prevenir conductas delictivas, y adecuar el marco jurídico actualizando los tipos penales a la realidad social y a otras reformas, como la que se hizo al COFIPE en 2008”, dijo Vargas en aquella ocasión.

Sin embargo su propuesta nunca se concretó.

Peor aún, en febrero del 2012 -en la antesala de las elecciones presidenciales- Vargas fue relevado de su cargo como titular de la Fepade.

Fue acusado de presunta utilización de recursos públicos con fines electorales.

El entonces líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, exigió razones justificadas de la remoción de Vargas.

Coldwell insistió en que la decisión de reemplazar al titular de la Fepade se enmarcaba en una tendencia de nombrar “funcionarios a modo” para manipular las investigaciones ministeriales y en “una serie de hechos que generan desconfianza y un uso faccioso de la justicia”.

Facultades insuficientes

Adiferencia de las elecciones anteriores, el INE tiene más facultades para auditar los gastos de campañas de los candidatos incluso en tiempo real.

Sin embargo, estos mecanismos son insuficientes.

El INE no cuenta con mecanismos reales para detectar y evitar candidaturas financiadas, propuestas o respaldadas por células criminales o carteles de la droga.

La carta de no antecedentes penales sigue siendo el único candado real que deben librar los candidatos con nexos con el crimen organizado para registrarse como aspirantes a un cargo de elección popular.

Un documento que se obtiene en las oficinas de cualquier procuraduría de justicia estatal pagando de 50 a 200 pesos en la tesorería del estado.

Un aspirante cuyo nombre esté en una averiguación previa acusado de crimen organizado puede conseguir esta carta de no antecedentes penales.

De acuerdo al abogado Guillermo Valencia Reyes, la PGR y ninguna procuraduría estatal de justicia puede informar sobre averiguaciones previas que estén en curso en contra de personas que aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular, para no violar la secrecía de la investigación del MP.

El INE ha delegado a los partidos políticos – sin innovación, como se ha venido haciendo desde hace más de una década- la facultad de revisar los perfiles de sus candidatos.

Serán las dirigencias de los partidos políticos la que finalmente “investiguen” a sus aspirantes, sin mayor obligación que la que la dicte la conciencia de cada líder partidista.

Es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es el único organismo que podría informar a las instancias electorales sobre la probidad de los candidatos, pero históricamente el órgano electoral federal se ha negado a ello.

Solo buenas intenciones

Las iniciativas de los partidos para evitar la filtración del narcotráfico entre sus aspirantes han sido insuficientes.

El dirigente nacional del PRI, César Camacho, anunció que se revisarían los antecedentes de los aspirantes y que incluso se aplicarían exámenes toxicológicos.

Un filtro que no se realizó en el proceso de selección de candidatos, de acuerdo a priistas consultados por Reporte Indigo.

El PRD, el partido político más golpeado por este tema, aprobó un protocolo el año pasado para intentar establecer un “candado” que evite la postulación candidatos como José Luis Abarca, expresidente de Iguala.

Lo cierto es que no hay métodos de control de confianza entre los aspirantes a cargos de elección popular ni tampoco los partidos tienen la capacidad de investigar los antecedentes delictivos.

Opacidad en la Web

Tampoco se conocen a los candidatos de los partidos políticos.

El año pasado el entonces IFE creó en su página de Internet un micrositio con la información de todos los candidatos que registraron los partidos políticos en el pasado proceso electoral.

En este momento en su página el INE no tiene ninguna información sobre los aspirantes registrados ni mucho menos los antecedentes de ellos.

Requisitos disparejos

No solo la falta de revisión a la probidad de cada candidato es lo que podría poner al INE en el cuestionamiento general.

También destacan los requisitos extremos que se han impuesto a los ciudadanos que aspiran a ser independientes a cargos de elección popular, donde polariza el trato preferencial, casi consentidor, que se brinda a los candidatos que cuentan con el abanderamiento de los partidos políticos.

Mientras a los aspirantes ciudadanos se les exigió no solo una base mínima de votantes y se les advirtió del riesgo de no poder contender bajo el cobijo de ningún partido político si eran rechazados en su intención primera, a los postulados por los partidos no se les impuso ningún límite para representar a otros institutos políticos distintos, en caso de no ser aceptados por el primero que los postuló.

Hacia cualquier parte del país que se apunte, es notorio el número de aspirantes a cargos de elección popular de los que solamente el INE no mira los cuestionamientos sociales. Por la relevancia de los partidos, resaltan las candidaturas cuestionables en las filas del PRI, PRD y PAN, en donde se suman una gran cantidad de casos de importancia para ser revisados por las autoridades electorales.

Personajes polémicos

En esta elección no solo habrá candidatos por sus posibles nexos con el crimen organizado.

En esta elección también habrá un desfile de aspirantes controvertidos por sus perfiles psicológicos como el del candidato a diputado federal del PRI, Alfonso Rule Castro, señalado como un psicópata por su desmedida afición a la cacería y maltrato de animales.

En esa misma entidad también el PRI abandera a Oscar Valencia García, como candidato a diputado federal por el distrito X de Miahutlán.

Al candidato se le vincula con el movimiento armado del EPR, además de ser cuestionada su integridad psicológica por la vida dispendiosa de la que goza en forma pública.

En Michoacán, el PRI postula a Aida Nelly Sastré Gasca como candidata a diputada local por el distrito XVII de Morelia.

A la ex funcionaria del DIF se le cuestiona su función como directora del DIF estatal, en donde no tuvo empacho en entregar a familias pobres alimentos en estado de descomposición.

En Veracruz el candidato del PRD Julio Vázquez Copete, además de buscar los votos, también enfrentará una batalla en el juzgado de lo familiar, en donde su esposa Danae Vázquez Molina lo denunció como un marido golpeador y desentendido de las obligaciones familiares, según consta en la averiguación previa penal 191/2015 levantada ante el agente del ministerio público de Los Tuxtlas.

En Huajuapan de León, Oaxaca, el PAN ha avalado el nepotismo del presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.

Candidatos bajo sospecha

En Michoacán el INE ha pasado por alto el caso del candidato priista Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, quien va como candidato del PRI a la diputación federal pese a los señalamientos hechos en sus primeras deposiciones por el propio Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, de tener una relación. Ixtlahuac es sobrino del candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Asención Orihuela Bárcenas.

El exsenador priista ha rechazado el vínculo públicamente cualquier relación con “La Tuta”.

En Nuevo León el PAN postuló a Mauricio Fernández a la Alcaldía de San Pedro, panista que ha sido señalado de haber pactado con el crimen organizado cuando fue alcalde entre el 2009 y 2012.

Fernández formó el famoso “Grupo Rudo” para la seguridad del municipio, a quien la Marina vinculó con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa a Fernández por intentar pasar droga a Texas.