Corrupción sobre la mesa

Entre los 22 objetivos planteados por el gobierno de Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) destaca un punto relacionado al combate a la corrupción, con dedicatoria especial para México.

En el documento enviado por la Representación de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) a los gobiernos de México y Canadá, los estadounidenses incluyen como uno de sus objetivos primordiales el establecimiento de mecanismos anticorrupción.

Las autoridades norteamericanas piden, como requisito para avanzar en las negociaciones, que se asegure la adopción de previsiones para penalizar la corrupción gubernamental, tomar medidas para desalentar la corrupción y proveer sanciones y herramientas de aplicación de las mismas en los casos de persecución de personas sospechosas de participar en actos de corrupción.

Dentro del mismo apartado anticorrupción, la USTR pide a las partes la adopción o en su caso el mantenimiento de medidas que requieran que las empresas mantengan sus registros y su contabilidad abiertas para facilitar la detección y rastreo de transacciones involucradas con actos de corrupción.

Por último, pide el fomento de códigos de conducta para estimular altos estándares éticos entre los funcionarios públicos y el compromiso de las partes para no permitir la deducción de los gastos en corrupción con propósitos y la evasión fiscal.

Sin duda, las condiciones planteadas por las autoridades estadounidenses obedecen a su preocupación sobre la situación de la corrupción que prevalece en muchos rubros de la vida pública de México, no solo en la esfera política o empresarial, sino que permea a gran parte del estrato social.

El costo de la corrupción y los escándalos que han marcado gran parte de la vida pública del país en los últimos años no son ajenos para la Casa Blanca, que ha dejado bien claro que toda futura negociación comercial está condicionada por un verdadero compromiso por abatir la corrupción, tanto la oficial como en el sector privado.

El mensaje es que, con el sistema actual, no se puede seguir adelante con un nuevo Tratado de Libre Comercio, y que para ello será fundamental establecer verdaderos mecanismos de control y sanción para los actos de corrupción por un lado, y transparentar las finanzas de las empresas por el otro para evitar prácticas fraudulentas o ventajas indebidas.

Para muestra, el ejemplo de los exgobernadores que enfrentan procesos judiciales, o la investigación de la trama corrupta de Odebrecht en México o los funcionarios mexicanos que tienen cuentas pendientes en las Cortes estadounidenses como los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, o el caso del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, detenido recientemente en territorio estadounidense.

Además de la percepción que se tiene de México por estos casos emblemáticos, preocupa sobre todo la normalización de las prácticas de corrupción cotidianas, las prácticas empresariales desleales, las licitaciones a modo, la doble contabilidad y la poca capacidad de respuesta oficial para inhibir estos actos y sobre todo para penalizarlos.

De acuerdo a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos titulado “Clima de Negocios en el Mundo” dado a conocer a principios de julio, México es un país en donde es muy común el pago en sobornos a funcionarios, además de la falsificación de facturas y el desvío de fondos públicos, entre otros.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por la organización Transparencia internacional, México se ubicó durante 2016 en el lugar 123 de los 176 países evaluados por el estudio, obteniendo una calificación de apenas 30 puntos sobre 100.

El tema anticorrupción será sin duda uno de los más polémicos en la negociación del TLCAN.

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