Negocios profundos

Con la precisión de un reloj, el congreso de Estados Unidos aprobó este jueves 19 el acuerdo transfronterizo para la explotación de aguas profundas en el Golfo de México en la parte occidental donde están los pozos mexicanos. 

La negociación se logró luego de la intervención del exembajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y de que el gobierno de Barack Obama lograra vencer a la pretensión de las petroleras para no publicitar los pagos que realicen a las autoridades mexicanas. 

Aunque el acuerdo fue firmado entre México y Estados Unidos en febrero del año pasado, el Congreso estadounidense lo aprobó un día antes de que la reforma energética fuera promulgada. 

Para agregar coincidencias a esta lista, la implementación de los financiamientos para la explotación de la región del Golfo conocida como polígono occidental iniciará en 2015, justo cuando se aplicarán las nuevas disposiciones que abren el sector energético mexicano a los privados. 

La aprobación de ambas disposiciones –la reforma y el acuerdo- quedaron convenientemente en diciembre, ya que el próximo 14 de enero vence el plazo para la moratoria sobre la explotación de pozos profundos en ese lado del Golfo.

La moratoria fue impuesta por el gobierno de Obama luego de la explotación en abril de 2010 del pozo Macondo, propiedad de la compañía British Petroleum.

Carlos Pascual, el negociador

Este acuerdo que funcionó como reloj con la aprobación de la reforma energética no hubiera tenido éxito sin la intervención de un hombre que conoce muy bien México: Carlos Pascual.

El exembajador de Estados Unidos en el país, quien dejó el cargo luego de tener serias diferencias con el gobierno de Felipe Calderón a raíz de las revelaciones de Wilikeaks, fue el encargado de llevar al Congreso estadounidense la carta de intenciones del gobierno peñista.

Pascual funge ahora como el Encargado Especial para Asuntos Internacionales de Energía del gobierno de Barack Obama. 

Al mismo tiempo, está casado con Gabriela Rojas, hija del director de la Comisión Federal de Electricidad y agregada de la Secretaría de Gobernación ante la embajada de EU en México.

En su cargo dentro del gobierno de Obama, Pascual compareció ante la Comisión de Energía del Senado de EU en octubre y les aseguró que el acuerdo “proporcionará una señal positiva para el gobierno mexicano, alentándolo a liberalizar sus sectores de petróleo y permitiendo a las compañías petroleras hacer incursiones en México”.

Según un artículo publicado en la revista Oil Price, Pascual les dijo a los senadores estadounidenses que este acuerdo mejoraría la seguridad energética de EU.

El objetivo, aseguró, es crear un Centro de Operaciones en América del Norte para la Seguridad Energética. Sería el “primer paso del potencial de cooperación que podemos ver entre Estados Unidos y México”. 

La aprobación del acuerdo, que finalmente se dio este jueves 19, “permite la posibilidad de crear un marco donde las empresas estadounidenses y mexicanas puedan empezar a trabajar juntos para demostrar que el impacto que pueden tener las empresas estadounidenses en la mayor productividad en las zonas transfronterizas”. 

Es decir, la colaboración de las compañías mexicanas sería para mostrar lo que las petroleras estadounidenses pueden lograr, de acuerdo con las declaraciones de Pascual.

En ese momento, cuando aún faltaba un mes y medio para que el Congreso mexicano aprobara la reforma energética, el exembajador aseguró a sus legisladores: “hemos establecido las bases para algo más grande que puede venir. Cómo juntos México y Estados Unidos pueden constituir una base para el suministro de energía”.

Encuentran el Área Perdida

> El origen de las negociaciones fue la zona denominada Hoyo de Dona, frente a las costas de Tamaulipas, pero estudios realizados por empresas especializadas demostraron que en esa región marítima había escasas posibilidades de encontrar yacimientos petroleros.

> Es por esto que hoy la atención está centrada en la zona conocida como Área Perdida, donde tentativamente ambos países podrían compartir casi 8 mil millones de barriles de petróleo crudo, 70 por ciento de los cuales le pertenecen a México y el resto a EU.

Publicarán los pagos

Al interior del Congreso estadounidense, el mayor debate estuvo en la aprobación de las medidas de transparencia 

El acuerdo se aprueba en Estados Unidos apenas a tres semanas de que termine el plazo de moratoria que interpuso el gobierno de ese país para la explotación en aguas profundas del lado poniente del Golfo. 

Pero al interior del Congreso estadounidense, el mayor debate estuvo en la aprobación de las medidas de transparencia. 

Después de la comparecencia de Pascual en octubre, el Congreso estadounidense había aprobado una versión del arreglo, pero incluía una exención para que las petroleras publicaran sus pagos al gobierno mexicano. 

Esta obligación de publicar los pagos está contenida en la ley conocida como Dodd-Frank, aprobada en EU en 2010. 

La exención fue nombrada en el Congreso estadounidense como la “píldora del veneno” y evitaba que se divulgara la información de pago de empresa por empresa al gobierno o empresas mexicanas. Era avalada por el Instituto Americano del Petróleo.

Los miembros de las petroleras estadounidenses defendían la exención. Su argumento: este requisito “podría violar las leyes locales en México o en otros lugares donde se encuentran los recursos transfronterizos”. 

Los principales opositores fueron altos miembros de la Casa Blanca, quienes presionaron para que el acuerdo se votara nuevamente con las obligaciones de mayor transparencia. 

El acuerdo aprobado el jueves 19 finalmente incluye obligaciones de transparencia para las petroleras que exploten en el área colindante con México.

La Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) determinó que gracias a este acuerdo se “abrirían” a la exploración 1.5 millones de hectáreas en el lado poniente del Golfo. 

La ventana oportuna

Durante la discusión de este acuerdo en el Senado mexicano, en abril de 2012, la fracción perredista advirtió que el convenio no contenía seguridad jurídica ni garantías suficientes de que se respetaría la riqueza petrolera que corresponde a México.

Expuso que el tema del arbitraje no estaba resuelto y eso dejaba a México en condición precaria, además de que Estados Unidos había entregado más de 30 concesiones a empresas para operar en la línea transfronteriza, consorcios que no estarían obligados a acatar las disposiciones del convenio.

De acuerdo con despachos diplomáticos obtenidos por Wikileaks y en poder de La Jornada, Georgina Kessel, la primera secretaria de Energía del gobierno del presidente Felipe Calderón, dijo al exembajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, que lo que en realidad buscaba el gobierno mexicano con la negociación del mencionado acuerdo era una “ventana de oportunidad” para la participación de compañías internacionales en el sector petrolero nacional, reservado hasta entonces por mandato de la Constitución a Petróleos Mexicanos.

“Kessel quiere utilizar la cooperación en el tema de los yacimientos transfronterizos como un medio para incorporar a las compañías petroleras internacionales en el desarrollo de las reservas mexicanas (de petróleo), abriendo las puertas a las compañías petroleras internacionales en el sector petrolero de México”, relató el propio diplomático en un despacho al Departamento de Estado, según La Jornada.

El personaje 

Carlos Pascual

> Exembajador de Estados Unidos en México.
Ahora, encargado Especial para Asuntos Internacionales de Energía del gobierno de Barack Obama.
Casado con Gabriela Rojas, hija del director de la Comisión Federal de Electricidad y agregada de la Secretaría de Gobernación ante la embajada de EU en México.

Acuerdo transformado

Fue firmado en febrero de 2012 y avalado por el Senado mexicano en abril de ese año y tiene como puntos principales:

> Establece el marco legal para la administración de la región limítrofe entre Estados Unidos y México a fin de explotar comercialmente las reservas de petróleo y gas.

> En lo referente a la distribución de los recursos que se encuentren, ambas partes, de manera conjunta, y con base en estudios científicos y técnicos, determinarán la proporción de hidrocarburos que corresponda a cada una de ellas. 

> Fija las directrices para los desarrollos transfronterizos marítimos e incentivos para las compañías de petróleo y gas que trabajen de manera conjunta en la extracción de las reservas del Golfo de México.

> Permite la explotación segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburo compartidos que pudieran encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos países en el Golfo de México.

> En el supuesto de que exista un posible yacimientos transfronterizo, es decir, uno que se extienda a través de las línea de delimitación y que sea explotable desde ambos lados de la frontera marítima, los dos Estados se consultarán con miras a determinar si los requisitos del acuerdo se cumplen o no.

> El capítulo seis, artículo 18 del acuerdo, establece que tanto México como Estados Unidos tendrán el derecho a inspeccionar las instalaciones de un área común, tanto para observar los posibles recursos que existan durante los trabajos de exploración, como cuando se cree una Unidad Transfronteriza para la explotación de un yacimiento.

> Especifica que los procedimientos de inspección podrán ser consultas entre los inspectores de cada país; acceso oportuno a información relevante para las actividades, así como acceso físico a las áreas unitarias con el propósito de inspeccionar actividades que se emprendan en las mismas bajo un régimen de inspección conjunta.