En el Senado de la República no se aceptan presiones de ningún tipo y mucho menos injerencias, enfatizó el senador Ricardo Monreal Ávila, quien se habría comprometido a iniciar un nuevo debate para “hacer cambios” a la Ley del Banco de México en materia de divisas.

Para el senador zacatecano “no hay dedicatorias, ni beneficiarios en este tipo de normatividad”, subrayó, luego de mantener un encuentro virtual con Ignacio Mier Velasco, para analizar la posibilidad de “revisar” o “corregir” lo que la Cámara de Diputados considerara necesario en cuanto a la polémica Ley Banxico.

Sin embargo, el bloque de su partido en San Lázaro determinó continuar con el camino legislativo de la iniciativa sin moverle una coma, misma que podría aprobarse este día.

Monreal Ávila insistió en que el propósito de su propuesta es que los migrantes mexicanos no se enfrenten a ningún problema al momento de enviar las remesas a sus familiares y comentó que se podrían reforzar las medidas antilavado o todos los indicios que sugieran que se vulnera la autonomía de Banxico.

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Remarcó además que en “las nuevas modificaciones” no existen riesgos y aclaró que en México hay candados y convenios internacionales para regresar el excedente de efectivo en moneda extranjera al país de origen.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, aseguró que la iniciativa no vulnera la autonomía del Banco Central, por el contrario, atiende a los migrantes y protege la economía de miles de familias que viven de la recepción de remesas.

Detalló que el objetivo de la propuesta es favorecer la recepción de dólares en efectivo en los comercios ubicados en zonas turísticas y fronterizas, así como generar mayores fuentes de empleo y ganancias para la población en dichas regiones.

Otros de los beneficios, agregó, es que generaría un esquema financiero de intercambio en la administración para que la circulación de divisas sea más eficiente y establecería las bases para lograr la prevención contra operaciones de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

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