Ni tan ‘amigos’

En estos días se espera que inicien las discusiones en el Senado sobre las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, y dos seran los temas más críticos. 

El efecto comunidad que se aplica con los planes Amigo a cero tarifa por los primeros cinco minutos de llamada y el roaming para las llamadas que llegan de terceros a la red del preponderante.

Algunos legisladores, como lo adelantaron a Reporte Indigo, pugnarán porque desaparezca la práctica de comunidad que no fue prevista por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su declaratoria de preponderancia a Telcel.

Sobre todo porque el club de comunidad, como se conoce a la diferencia de precios que aplica Telcel por llamadas on net –a su propia red- y off net –a redes de terceros- impone una barrera anticompetitiva al resto de las empresas de telefonía.

El sector de telecomunicaciones espera que los legisladores eliminen esta práctica que fue prohibida, desde 1998 por la entonces Cofetel.

Incluso, en 2012 la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ya había recomendado su desaparición.

Aunque existía ya el antecedente, el IFT no aplicó esta normativa.

Hoy, la situación se complica más porque las tarifas de interconexión que Telcel cobra a sus competidores pueden ser mayores al precio que cobra a sus usuarios.

De acuerdo con la firma especializada Axon Consulting, la estructura de precios de Telcel combinada con su alta cuota de mercado, origina un efecto de “club asociado” al incrementar el tráfico on net.

Y los consumidores que optan por otro operador ven reducido el número de llamadas que reciben.

Esta política discriminatoria, como la califica la consultora, “debe ser eliminada” por el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque va en contra de la libre competencia.

Pero no solo eso, altera las preferencias de los consumidores para elegir operador, reduce la cuota de mercado de los competidores, impacta en su rentabilidad, y afecta los bolsillos de los usuarios.

La propuesta de algunos senadores, ya en la mesa de las discusiones, es que Telcel sea obligado, como ente preponderante declarado, a cobrar la misma tarifa para llamadas on net y off net.

Otra de las propuestas de los senadores va encaminada a prohibir a Telcel bloquear los celulares, como actualmente lo hace.

Esta práctica evita que el dueño del móvil pueda usarlo libremente con otro operador, limitando las opciones de servicio que tiene el consumidor.

En el borrador de las leyes secundarias en material de telecomunicaciones, se acusa a Telcel de acaparar el 70 por ciento del mercado móvil por bloquear premeditadamente los celulares que comercializa.

Pero sobre todo, pone en entredicho la portabilidad numérica que autorizó la Cámara de Diputados el año pasado.

No solo eso, se advierte que la telefónica de Carlos Slim utiliza su fuerza para imponer condiciones de exclusividad a los proveedores de teléfonos inteligentes, y así desplazar a sus competidores.

Para el especialista Ernesto Piedras, las leyes secundarias deben especificar la eliminación de toda distinción entre las tarifas on-net y off-net. 

No hacerlo así, anticipa, anulará los efectos promotores de competencia efectiva del resto de medidas, tanto de la reforma constitucional, como de la Declaratoria de Preponderancia.

Para Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho  de las Telecomunicaciones (IDET), esta práctica ha depredado el mercado durante años y le ha permitido a Telcel incrementar su participación a pesar de los esfuerzos de la competencia

Recuerda que desde las Reglas del Servicio Local de 1997 existe la obligación expresa de no discriminar en función de la red de destino de la llamada.

Pero Telcel ha hecho caso omiso de esta obligación “y las autoridades han sido negligentes en forzar su cumplimiento”. 

Aun el Ifetel en su regulación de preponderancia omitió prohibir a Telcel la discriminación de precios entre las llamadas on-net y off-net, señala. 

En su opinión, lo único que hizo el IFT fue establecer una compleja fórmula de cálculo para que la tarifa de interconexión que Telcel cobre a sus competidores no sea superior a la tarifa promedio ponderada que cobre a sus usuarios. 

En el mejor de los casos, sostiene, los competidores pagarán la misma tarifa que pagan los usuarios de Telcel.

Y eso una vez que el IFT pueda probar cuáles son en realidad las tarifas que los usuarios pagan, “después de un tortuoso procedimiento administrativo”.

Sin dejar de lado la posibilidad de que Telcel se ampare con éxito en contra de la resolución del IFT.