‘No es desacato’: diputados locales
Diputados priistas y panistas aseguran que no han incurrido en un desacato.
Y confían en que las reformas a la Ley de Gobierno Municipal serán suficientes para atender las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Reporte Indigo publicó ayer que la Suprema Corte abrió la puerta para que los municipios puedan tener sus propios tribunales, derivado de una controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de San Pedro.
Javier EstradaDiputados priistas y panistas aseguran que no han incurrido en un desacato.
Y confían en que las reformas a la Ley de Gobierno Municipal serán suficientes para atender las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Reporte Indigo publicó ayer que la Suprema Corte abrió la puerta para que los municipios puedan tener sus propios tribunales, derivado de una controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de San Pedro.
Un fallo que data de junio de 2012, faculta a los ayuntamientos para que cuenten con Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal, y obliga al Congreso local a crear una nueva ley para que reglamente estos órganos.
“Tenemos seis meses en el encargo y estamos tratando de cumplir con esta exigencia, independientemente de las razones o motivos (del atraso)”, afirma el panista José Adrián González, quien ha liderado el tema en la presente Legislatura.
El albiazul informa que el próximo 27 de febrero se votará en el Pleno la iniciativa para adicionar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal la implementación de los tribunales y un capítulo de responsabilidad patrimonial de los municipios.
González explica que este dictamen fue aprobado en el pasado periodo ordinario de sesiones y que falta una segunda vuelta de votación en el extraordinario, debido a que los cambios son de carácter constitucional.
“Nosotros no lo entendimos como un desacato o un incumplimiento, porque el proceso que teníamos que hacer era deliberativo en dos periodos y ya lo votamos”.
Los diputados desacataron la resolución de la SCJN porque el plazo que tenían para crear la reglamentación de los tribunales terminó el 23 de diciembre de 2012.
En un caso extremo podría dictarse una orden de aprehensión contra los diputados de la 72 y de la 73 Legislatura por incumplir lo ordenado por la máxima autoridad.
Para el actual coordinador de la bancada del PRI, Édgar Romo, este asunto fue una “herencia” de los ex diputados que no pudieron legislarlo por la complejidad de los procesos en el Congreso.
“No hay ningún desacato, quiero ser muy firme en eso, somos una Legislatura que recibimos este asunto como herencia de la Legislatura pasada, el procedimiento legislativo lleva su tiempo, se está en el cumplimiento de la sentencia”.
La Suprema Corte notificó este 7 de febrero al Congreso del Estado su falta y le advirtió de posibles sanciones penales si dentro de un plazo de 48 horas no cumplía la resolución.
Pero Romo insiste en que los diputados actuales no podían cumplirla: “es imposible crear una ley en 48 horas, porque sería una ley inconstitucional, no se respetarían los términos que el propio procedimiento legislativo establece.
“No hay ninguna resistencia sobre legislar en el tema, eso que quede bien claro, yo creo que son de los pocos puntos de acuerdo que hay entre todos los grupos legislativos, en que debe legislarse sobre los tribunales contenciosos”.
Los integrantes de la pasada Legislatura que no pudieron cumplir la resolución de la Suprema Corte insisten en que el asunto quedó en mejores manos y, como los actuales diputados, no admiten que hay un desacato judicial.
“Yo no profundizaría en estas hipótesis de sanciones”, afirma el ex coordinador de la bancada del PAN y actual secretario del Ayuntamiento de San Pedro, Hernán Salinas.
El Ayuntamiento donde ahora trabaja el panista fue el que promovió la controversia constitucional 61/2010 en septiembre de 2010, en la que precisamente se pedía la expedición del nuevo ordenamiento para crear los tribunales.
“Yo puedo hablar de que hay una comunicación entre el municipio de San Pedro y los diputados de la actual Legislatura y confiamos que se le va a dar cumplimiento”, sostiene Salinas.
“El municipio ha acudido a las instancias jurisdiccionales para hacer valer lo que considera a su derecho conviene”.
