‘No hay nada que ocultar’

Próxima a arrendar otras 500 patrullas que, a partir de 2014, le prestarán servicios durante tres años, los reflectores de la opinión pública están puestos sobre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

A un semana de que se conozca el fallo sobre la Licitación Pública Nacional 3000- 1066-07-2013 la sombra de las suspicacias ronda el proceso en curso. 

No abona a la certeza el que las bases de la licitación, primero, no se pudieron consultar y, luego, no de forma completa: los anexos con las especificaciones de los vehículos que se requieren fueron reservados. 

Los licitadores interesados desembolsaron 12 mil pesos en la compra de las bases donde hay un convenio de confidencialidad sobre las mismas. 

El detalle no es menor, alegan quienes dan seguimiento al tema de la compra y renta de patrullas en la capital del país. 

Los datos técnicos son lo que permiten saber si cualquier empresa puede participar en igualdad de condiciones o no.

Días antes de que la licitación previa, la 3000- 1066-06- 2013, se declarara desierta, fue interpuesta una denuncia ciudadana ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República.

En el documento en poder de este medio se denuncia que sin autorización del Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa capitalina o de la Secretaría de Hacienda se pretende endeudar con más de 500 millones de pesos a la Ciudad de México en los próximos tres años. 

Entre otras puntualizaciones, se asienta que tras requerirle a la Contraloría General del GDF, vía el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), los estudios de mercado que avalen la conveniencia de optar por un nuevo arrendamiento de patrullas, ésta respondió así a la solicitud con número de folio 0115000155213:

“… después de realizar una búsqueda en los archivos, registros o datos contenidos en cualquier medio, ya sean documentos o registros impresos, ópticos, electrónicos, magnéticos, físicos que se encuentren en poder de las instancias de Control, no se localizó dicha información por lo que esta autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar dicha información”.

Cuestionado respecto a las dudas que ensombrecen la licitación vigente, el titular de la SSPDF, Jesús Rodríguez Almeida, niega que las bases estén, de antemano, dirigidas.

“Quien dice eso tiene intereses de otra índole, porque tiene 15 años denunciando a todo mundo en el tema y nunca ha prosperado una averiguación previa”, responde en entrevista con Reporte Indigo.

‘No hay una sola irregularidad’

Rodríguez Almeida sostiene que en días recientes ha estado revisando “todas las auditorías y todas las fiscalizaciones que han hecho todos los órganos de control que hay a nivel del Distrito Federal y nacional en todos los arrendamientos y adquisiciones anteriores y no hay señalada ni una sola irregularidad”.

Y agrega: “Si no existe una sola irregularidad en los procesos que se han realizado con anterioridad, evidentemente que el que nosotros hagamos seguramente no va a tener tampoco ninguna irregularidad porque lo vamos a hacer conforme a la ley”, precisa, asegurando que cualquier empresa, incluso las mexicanas, pueden participar.

Respecto a las diversas denuncias que se han hecho señala que quien considere que sus acusaciones tienen sustento “que lo haga valer ante la autoridad correspondiente para que sea la que nos audite”. 

Desestimando que la licitación 06 se haya declarado desierta por las presiones que hay tras bambalinas (el fallo oficial al respecto no fue dado a conocer) comenta que el deslance fue tal pues “los postores que llegaron no cumplieron con los requisitos totales y… por eso se lanzó otra para ver si llegan más”.

Extraoficialmente se informó que las arrendadoras que participaron en tal licitación fueron Crédito Real, Desviaciones al Alza y Arrendadora SCI, de estas dos últimas, por cierto, no hay un solo registro en Google.

Rodríguez Almeida confirma que fueron tres los postores, no revela quiénes, y adelanta que en la actual, “habrían cuatro postores” cuya identidad tampoco puede conocerse ahora.

Este lunes tuvo lugar la Junta de Aclaraciones, el 4 de noviembre se hará entrega de la Documentación Legal, Administrativa y Propuestas Técnica y Económica y será hastá el miércoles 6 de noviembre que se conozca el fallo.

“El que cumpla con los requisitos será el que obtenga el arrendamiento”, apunta. 

Más anomalías: cotizaciones ‘calca’

Trascendió que “en una acción positiva de la PGR y con carácter de urgente” se habría enviado al contralor capitalino, el pasado 21 de octubre, un oficio donde se le conminaba a actuar, en el actual proceso de licitación, en el marco de sus funciones y atribuciones.

Máxime cuando circulan otras denuncias en torno a la reciente compra de 184 patrullas donde, como se documentó en ediciones previas, habría habido adquisiciones y sobreprecios anómalos en el equipamiento de los vehículos.

El titular de la SSP del DF, Jesús Rodríguez Almeida, insiste en que desconoce tales informaciones y al pedirle dé ciertas especificaciones de las compras y rentas pide que éstas se tramiten “por transparencia”, vía el InfoDF. 

Las irregularidades de esa compra millonaria siguen saliendo a flote. Reporte Indigo tiene en su poder las cotizaciones de las únicas dos empresas que participaron en esa licitación.

Se trata de Automundo y Comercial Crymex SA de CV, esta última ganadora de la licitación LA-36000993-N4-2013. Lo curioso es que los dos únicos concursantes del jugoso contrato que enviaron sus cotizaciones son, a la vista, prácticamente una calca. 

No obstante tratarse de dos compañías distintas la redacción, ortografía y presentación de sus propuestas económicas son casi idénticas.

La única diferencia es por un monto de 84 mil 800 pesos del contrato de 97 millones 255 mil 299 pesos que fue adjudicado a Crymex. ¿Se habrán puesto de acuerdo para presentar precios y propuestas tan similares? 

Cabe recordar que Automundo, la única “competidora” de Crymex, fue inhabilitada en el 2001 por la Secretaría de la Función Pública y algunos se preguntan si las autoridades irán más lejos en sus indagaciones sobre esta adquisición, donde se podría haber incurrido en “dumping” al violarse la Ley Federal de Anticorrupción.

Por lo pronto, a pregunta expresa respecto a si la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la PGR indagan esta compra, Rodríguez Almeida, titular de la SSPDF, contesta:

“No hay nada que ocultar, porque ya lo revisamos”.