"Corrí frenéticamente a buscar a mi hijo por fuera del casino, corrí al área donde dejamos el carro estacionado para ver si él había llegado ahí, pero no estaba”
"A un año de que levantamos esa denuncia hemos visto que ha sido muy poco el avance que han tenido con respecto a los hechos que nosotros denunciamos”
"(Había) puertas de salida insuficientes y una puerta de emergencia falsa, la cual posteriormente se niega que exista”
Los dos fiscales registraron en el acta ministerial que uno de los cadáveres aún tenía en su mano izquierda un billete de 50 pesos
Un año después de la tragedia del Casino Royale, el presidente Felipe Calderón y el gobernador Rodrigo Medina tienen cuentas pendientes con las víctimas del ataque perpetrado por el crimen organizado.
Ni el mandatario federal ni el titular del Ejecutivo estatal cumplieron su promesa de castigar a los corresponsables –tanto autoridades como civiles– de la muerte de 52 personas el 25 de agosto de 2011 en Monterrey.
El ataque dejó al descubierto una red de corrupción compuesta por funcionarios de los tres niveles de gobierno, jueces, casineros y miembros del crimen organizado.
Un grupo que aún mueve la maquinaria del juego de azar en uno de los principales destinos lúdicos de la república y cuyos engranajes le generan suficientes ganancias para asegurar impunidad y protección.
A casi 12 meses del ataque, nunca se sancionó al titular de Protección Civil del Estado, Jorge Camacho Rincón, principal responsable de que el establecimiento cumpliera las medidas de seguridad.
Hoy sigue en el cargo.
Aunque la PGR señaló en su dictamen del peritaje del casino que éste no cumplía con las medidas de seguridad, la dependencia federal concluyó que ese hecho no fue determinante en la muerte de civiles inocentes.
En tanto, el Estado y la Federación se imputaban mutuamente la responsabilidad de la investigación, la cual se congeló cuando arrojó un saldo final de 17 detenidos que pertenecían a una célula de Los Zetas, la organización delictiva que atacó el casino.
Uno de los delincuentes que las autoridades no incluyeron en esta cifra, Carlos Alberto Oliva Castillo, “La Rana”, autor intelectual del ataque, recientemente fue convertido en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR).
El “caiga quien caiga” que prometieron Calderón y Medina tampoco se cumplió para aquellos que desde el Poder Judicial garantizaron al casinero Raúl Rocha Cantú la preservación de su negocio.
Por un lado, el dueño del Royale se exilió en Estados Unidos, desde donde sigue operando sus casas de apuestas.
Y el juez de Distrito considerado responsable de que el casino abriera ilegalmente sus puertas, Luis Armando Jerezano Treviño, recibió un premio que indigna a la sociedad.
Porque el Consejo de la Judicatura Federal lo inhabilitó hace un año con goce de sueldo y hasta con protección, a pesar de que es acusado penalmente de secuestro, asociación delictuosa y extorsión.
A un año de la tragedia, los deudos esperan que de las cenizas y los escombros del Royale surjan la justicia y la verdad.
“El problema es que no quieren sancionarse, no quieren sancionar a sus amigos”, dice Edmundo Jiménez Ramírez, uno de los deudos.
La crónica forense del 25 de agosto
Por primera vez, un documento en poder de Reporte Indigo describe los momentos posteriores al ataque al Casino Royale desde la perspectiva de dos fiscales del Estado de Nuevo León que fueron asignados a la investigación oficial del atentado que cobró la vida de 52 personas.
Es una crónica forense de aquella tarde del 25 de agosto de 2011 que revela la imposibilidad de las autoridades de acceder al establecimiento a punto del colapso, la dificultad de identificar a algunas víctimas y el macrooperativo en torno a la casa de apuestas.
Como una instantánea de la tragedia, el acta elaborada por los dos agentes del Ministerio Público que hicieron las primeras diligencias recrea los saldos del ataque perpetrado por una célula delictiva de Los Zetas y que cimbró a la sociedad mexicana hace casi un año.
Luego de recibir una llamada de emergencia de la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), los fiscales Javier Hiram Treviño González y Sergio Manuel Rodríguez Sandate acudieron al casino a las 16:15 horas del 25 de agosto.
Uno de los fiscales se desempeña como coordinador de Agentes del Ministerio Público Investigadores Especializados en Delitos Contra la Vida e Integridad Física de las Personas, el otro es delegado de la Agencia Número 4 especializada en la misma materia.
“(La llamada) informaba a esta representación social que en dicho sitio había personas sin vida, al parecer producto de un incendio provocado por un grupo armado”, se lee en el acta de fe e inspección cadavérica y de reconocimiento de lugar.
La primera impresión de los agentes fue el fuerte operativo implementado en torno al Casino Royale, que se ubicaba en el número 205 de la avenida San Jerónimo, en Monterrey, al que fue imposible entrar porque estaba a punto de colapsarse.
“(El subdirector de Protección Civil Martín Castillo Castillo) nos refiere que no es factible accesar al interior del negocio porque con la humedad y el daño estructural ocasionado por el incendio, la propiedad se puede colapsar el cualquier momento”.
Acompañados de peritos de la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales y de policías ministeriales al mando del detective Francisco Chavarría Martínez, los agentes describen el tumulto de elementos de distintas corporaciones afuera del Royale.
Grupos de la Policía Ministerial, elementos de Protección Civil, cuatro unidades de los Bomberos de Monterrey y siete camiones con paramédicos de la Cruz Verde y Cruz Roja se arremolinaron en la escena del crimen.
“Del Ejército Mexicano acuden aproximadamente cien elementos de distintos agrupamientos, entre ellos el capitán Sergio Salazar del área de Explosivos, de la Policía Federal (Fuerzas de Apoyo), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de este Municipio”, continúa el informe.
“(Los paramédicos) realizaron diversos traslados de personas lesionadas principalmente por intoxicación, indicando que otro grupo de gente se retiró por sus propios medios al suscitarse el incendio”.
A continuación, los fiscales registran en el papel una escena macabra: las condiciones del casino y la identificación de los 52 cadáveres que fueron colocados en el estacionamiento de la casa de apuestas.
“(El casino) es un lugar cerrado, con la fachada principal de cristal y concreto, estando el área de cristal quebrada y saliendo de la misma un abundante humo en color negro (…). En su parte superior la fachada es de color rosa, la cual en una porción también se presenta colapsada”.
Los agentes recrean también el momento en que dos retroexcavadoras perforan una de las paredes de la casa de apuestas para ventilar el local y extraer los cadáveres.
“De uno de los orificios se comienzan a sacar diversos cuerpos sin vida, la mayoría con marcas o manchas provocadas por la inhalación abundante de humo, colocando en el área oriente del inmueble, en el estacionamiento, los cadáveres de referencia”.
Los agentes y peritos registraron en el acta los datos de 25 credenciales de elector extraídas de los cuerpos. Otros ocho cadáveres fueron identificados por las licencias de manejo, cheques, recibos o broches con el nombre del casino.
Antes de que los cadáveres fueran trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en el Hospital Universitario, los agentes realizaron una inspección inicial de los cuerpos: 45 de ellos tenían hollín en las fosas nasales y, en algunos casos, quemaduras. Siete víctimas estaban calcinadas.
Ropa, dinero, carteras, celulares, anillos, relojes y otros efectos personales eran detallados en el acta mientras se revisaban los cuerpos de las víctimas para obtener documentos que permitieran hacer una identificación inicial.
Los fiscales registraron con todo detalle la media filiación de los occisos, la posición en que yacían, el sexo, la edad aproximada y su vestimenta. La descripción evoca el estado en que fueron encontrados los cuerpos minutos después del ataque.
Especificaron que algunos de los fallecidos fueron sorprendidos por sus victimarios en pleno juego. A la víctima identificada con el número 28, se le encontró un billete de 50 pesos en su mano izquierda, la 12 tenía en su poder planillas para jugar bingo y la 38 portaba su tarjeta de cliente frecuente del Royale.
A otras víctimas las identificaron en el primer momento como trabajadores del casino por sus chaquetines o broches con el nombre del Royale. Es el caso de los fallecidos registrados con los números 3, 16 y 26.
Otros tenían objetos de valor, como la víctima número 6, quien portaba un reloj de oro marca Rolex y llevaba 4 mil pesos en el interior de su sostén.
En cambio, la 36 tenía una bolsa con hojas y semillas de árboles. La 23 llevaba consigo boletas de empeño, talones de cheques y un anillo con la leyenda “Ciencias Sociales, Escuela Normal Superior”.
Los agentes aseguran en el acta que siete cuerpos se calcinaron “en un área que se consumió casi en su totalidad” y que posteriormente fue señalada por sobrevivientes y familiares de las víctimas como una salida de emergencia falsa.
Fue tan avanzado el estado de calcinación de dos de esos cuerpos, que los peritos no pudieron determinar su sexo ni su edad.
Los cinco restantes fueron identificados como mujeres. A ellas se les retiraron aretes, relojes, cadenas, pulseras y pedazos de tela que formaban parte de su ropa.
“La mayoría de las pertenencias descritas en el cuerpo de ésta diligencia fueron aseguradas por los suscritos, a excepción de las pertenencias localizadas en los restos calcinados, las cuales se enviaron junto a los mismos al Servicio Médico Forense.
“Así también en algunos casos, a las personas fallecidas, no se les pudo retirar alguna pertenencia, por lo cual se procedió a fijar fotografía y video”, precisan los fiscales en su informe.
Antes de concluir el acta, los agentes mencionan que se presentó en el lugar el fiscal federal Juan Arturo Garza González, “quien manifestó que ellos (la Federación) también realizan una diligencia en este sitio en razón de haber iniciado una averiguación previa”.
Finalmente, el detective Francisco Chavarría Martínez comunicó a los fiscales del Estado el avance de la investigación durante las primeras pesquisas realizadas por los ministeriales.
“Se logró establecer que varias personas llegaron por la parte frontal y entraron amenazando al personal y a clientes con unas armas de fuego y rociaron gasolina en el interior para después encenderla y provocar el incendio”, concluyen los fiscales.
Denuncia congelada contra el dueño
Para algunos deudos de quienes murieron en el Casino Royale, el dueño del establecimiento, el prófugo Raúl Rocha Cantú, fue el principal responsable de que la casa de apuestas no cumpliera con las medidas de seguridad necesarias para un establecimiento de ese tipo.
Una denuncia de hechos presentada por 11 deudos ante el Ministerio Público señala que el casinero y su hermano y socio Jorge Alberto Rocha Cantú “incurrieron en actos voluntarios que tuvieron consecuencias funestas en el incendio provocado en el casino Royale”.
El documento, al que tuvo acceso Reporte Indigo, fue presentado por los familiares de las víctimas el 11 de noviembre de 2011 ante la Agencia del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos Contra la Vida e Integridad Física Número 4, y se integró a la averiguación previa número 215-2011-IV-2.
Al empresario, que permanece autoexiliado en Miami, Estados Unidos, desde donde aún opera sus negocios, se le atribuye en la denuncia ser socio de las operadoras de casinos CYMSA Corporation y Entertainment Enterprise of Mexico.
Por fallas y omisiones en sus niveles de competencia, los denunciantes señalan que también contribuyeron a la tragedia el director de Protección Civil, Jorge Camacho Rincón, y los regidores del Municipio de Monterrey que en el trienio del ex alcalde Adalberto Madero Quiroga (2006-2009) autorizaron los permisos para que el casino operara de manera irregular.
Además, señalan como corresponsable a Gerardo Garza Zambrano, quien generó un dictamen externo favorable de las medidas de seguridad.
“A un año de que levantamos esa denuncia hemos visto que ha sido muy poco el avance que han tenido con respecto a los hechos que nosotros denunciamos”, dice Francisco Tamayo Derat, viudo de Sonia de la Peña Guerrero, víctima del atentado.
“Si hubo gente que se pudo salir, entonces en teoría todos debieron de haber salido”, señala Edmundo Jiménez Ramírez, quien perdió en el ataque a su esposa Rosa María Ramírez.
“(Había) puertas de salida insuficientes y una puerta de emergencia falsa, la cual posteriormente se niega que exista”, insiste el también abogado en derecho laboral.
Jiménez Ramírez revela que en la averiguación previa que integró la Procuraduría del Estado, a la cual tuvo acceso, aparecían 10 personas como responsables del ataque, pero hasta el momento solamente han sido capturados 17 presuntos delincuentes.
‘Escuché estruendos’
“Aproximadamente a las 15:45 de la tarde entraron unos hombres armados, golpearon a una señorita con la cacha del arma larga que tenían (…) entraron frente al restaurante afuera del área de bingo y gritaron: ‘Ya se los cargó la verga’”.
Así inicia la denuncia presentada por Samara Pérez Muñiz, sobreviviente del ataque al Casino Royale, contra los responsables del atentado que cobró la vida de su hijo Brad Xavier Muraira Pérez, de 18 años.
“Escuché estruendos, estaba a escasos metros de donde algunos sujetos empezaron a vaciar el contenido de unos botes de plástico, al parecer gasolina, y una persona que se encontraba al lado mío, en una máquina (tragamonedas) me dijo: ‘Corre’”, dice el texto fechado el 8 de septiembre de 2011.
De acuerdo con la denuncia, Pérez Muñiz se precipitó hacia la parte recién remodelada del establecimiento, donde se encontraba su hijo, pero no lo localizó. Entre la confusión, se dirigió a una puerta exclusiva para trabajadores, y ahí coincidió con otros sobrevivientes.
“El personal de seguridad que estaba ahí ordenó cerrar las puertas (para trabajadores), pero en pocos minutos en un ducto de ventilación se veía cómo estaba ya saliendo el humo”, cuenta la denunciante.
“Los propietarios del casino Royale no contaban con salidas de emergencia, o las que había se encontraban atrancadas, carecían de sistema hidráulico, antiincendios y extinguidores.
“Varios empleados gritaron: ‘¡Abran la puerta!’, y los de seguridad les dijeron: ¡’Quítense los chalecos, entreguen las cangureras (con dinero)!’.
“(Al salir) corrí frenéticamente a buscar a mi hijo por fuera del casino, corrí al área donde dejamos el carro estacionado para ver si él había llegado ahí, pero no estaba, intenté ver el frente del lugar, pero estaba saliendo mucho humo”.
Ambulancias y personal de diferentes corporaciones empezaron a congregarse en la casa de apuestas y le pidieron a la madre que esperara a Brad Xavier en su casa. Pero el joven nunca llegó.
Casi a las tres de la mañana del día siguiente, la familia de la sobreviviente identificó el cuerpo del estudiante en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).