Nuevo episodio de la sanción a El Bronco
El gobernador, Jaime Rodríguez y el secretario de Gobierno, Manuel González, interpusieron una controversia constitucional para evadir la sentencia de la Suprema Corte; el máximo tribunal de justicia ya radicó este recurso
Jesús PadillaEl gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, y el secretario de Gobierno, Manuel González Flores, enfrentan un nuevo episodio legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la sanción por el desvió de recursos para la campaña presidencial de “El Bronco”.
Se trata de una controversia constitucional que interpusieron ambos funcionarios para evadir la sentencia SREPSC-153/2018 dictada el 21 de junio de 2018 por la Sala Regional Especializada (SRE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Tanto Rodríguez Calderón como González Flores podrán recibir como castigo del Congreso local un apercibimiento, amonestación, multa, destitución e inhabilitación, según refieren las reglas procesales que seguirá la Comisión Anticorrupción.
El equipo jurídico de los funcionarios entregó este recurso legal el 27 de septiembre ante la SCJN y, este lunes, fue radicado al magistrado Eduardo Medina Mora para, en su caso, una resolución desde el pleno.
Los funcionarios ya han presentado recursos de defensa ante diversas instancias pero no han tenido fallos a favor
La estrategia legal del gobernador y el secretario se basa en que el Poder Legislativo no puede sancionar al Poder Ejecutivo, al considerar que ambos poderes están en el mismo nivel. Es decir, no hay un superior jerárquico.
Ambos ponen como referencia la resolución en Durango, donde en diciembre el Congreso destituyó al edil José Ramón Enríquez Herrera, quien habría utilizado recursos públicos para promocionar su imagen.
Mediante un amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió este recurso al edil, por lo que finalmente no fue destituido de su cargo ni mucho menos obtuvo la inhabilitación.
También los equipos jurídicos de ambos funcionarios tramitaron un amparo de soberanía con el objetivo de que esta sanción tendría que ver con una elección federal, por lo que el Congreso de la Unión tendría que revisar este caso.
La intención, según este recurso interpuesto por el Gobierno, sería exhibir que el Congreso local estaría invadiendo las esferas del Legislativo federal, donde por cierto, el Senado de la República aceptó un exhorto urgente para que el Congreso de Nuevo León sancione a “El Bronco”.
Si bien el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de la Nación no resuelve controversias en materia electoral, el apartado H habla de la división de poderes.
“Dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales”, es decir, sobre la relación entre Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ninguno es el superior jerárquico de uno a otro por un acto.
Pero además el artículo 13 de la Constitución explica que ninguna persona puede ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales, el cual podría utilizarse para juzgar las reglas procesales que aprobaron los diputados del Congreso para sancionar a los dos funcionarios.
Así, los legisladores estarían violando la garantía de seguridad jurídica, porque a nadie se le debe aplicar justicia con base en procedimientos que no están establecidos en los códigos. Precisamente, no hay normas específicas para proceder en este caso.
Antecedentes negativos de la sanción a El Bronco
El gobernador, Jaime Rodríguez, y el secretario de Gobierno, Manuel González, no han podido concretar un recurso positivo, tras la sanción contra ellos por el desvío de recursos humanos para la campaña presidencial.
No ando preocupado por eso (...) Nosotros decimos que no es el Congreso la instancia para ver esto
Tres demandas de amparo y un recurso de consideración fueron negados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León y por el TEPJF.
A través de un recurso de reconsideración “El Bronco” intentó evadir la sanción, pero el pasado 25 de septiembre el TEPJF negó la queja al mandatario.
La estrategia reclamaba que no se le dio el derecho de audiencia, que el Congreso no era su superior jerárquico y que la Sala Regional Especializada se extralimitó en ordenar la sanción.
La sentencia de la jueza ponente, Janine Otálora, desestimó los agravios denunciados por el mandatario, tras considerarlos extemporáneos e ineficaces. La misma suerte corrió su secretario de Gobierno.
El 18 de septiembre, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado, determinó negar una demanda de amparo al secretario de Gobierno, quien reclamaba una omisión.
Según González Flores, a su criterio, existe una imposibilidad jurídica en castigar cualquier procedimiento en su contra, refiere el expediente 1215/2019. Pero este recurso no ha sido el único.
El pasado 3 de septiembre, el mismo juzgado negó el amparo 1159/2019 que solicitaba el secretario de Gobierno para evadir un juicio político en su contra. Y el pasado 10 de septiembre, negó un amparo para que Manuel González no fuera sancionado por el Congreso y, además, esta instancia le ratificó que se le tendría que castigar.
