Nuevo León parece avanzar a un sistema parlamentario donde el Congreso local, a través de reformas legislativas, pretende tomar atribuciones que son propiamente del Gobierno.
El Poder Legislativo tiene varias iniciativas pendientes de aprobación, donde serán los propios diputados quienes elegirán a los directores o funcionarios en dependencias de movilidad y desarrollo urbano, que corresponde al Ejecutivo designarlos. Se trata de un dictamen a la Ley de Transporte, a la Ley que crea el Sistema Público Centralizado Metrorrey y una reforma al artículo 23 de la Constitución local.
Esta última reforma, que fue aprobada en primera vuelta en diciembre del año pasado, creará la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Desarrollo Regional y el Fondo para el Desarrollo Metropolitano y Regional, cuyos titulares serán nombrados por los diputados.
“Los Organismos Públicos Descentralizados presentarán al Congreso del Estado, para su aprobación, el proyecto de convocatoria y bases para licitar la concesión de estos servicios, así como el proyecto de dictamen para la adjudicación y los términos de la concesión”, dice la iniciativa.
El órgano legislativo local actualmente ya puede elegir a fiscales, magistrados y comisionados
Además, estas comisiones definirán las políticas públicas a seguir dentro del área que corresponda, en materia de movilidad, transporte e infraestructura, así como alumbrado público, equipamientos y reservas territoriales.
“Creo lo que hay que hacer, en todo caso, es modificar la Constitución y el sistema de Gobierno, con todo esto que están haciendo porque están entrando en lugares donde son propiamente del Ejecutivo. Lo que hay que hacer es modificar el sistema de Gobierno, si lo que quieren es establecer un sistema parlamentario, tal pareciera que eso es”, dijo el secretario de Gobierno, Manuel González.
Nuevo León cuenta actualmente con un Gobierno sin partido, mientras que en el Congreso existen dos bancadas dominantes: PRI y PAN.
Una vertiente del sistema parlamentario consiste en que el jefe de Estado tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas.
Esto se podría concretar con la reforma a la Constitución local en su artículo 23, donde el gobernador ya no tendrá injerencia en temas como las políticas de desarrollo urbano.
Diputados con poder
Actualmente, el Poder Legislativo tiene la facultad de escoger a los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, a los fiscales de Justicia, a los magistrados del Poder Judicial del Estado y a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Recientemente, las designaciones de estos puestos levantaron más dudas que certezas por la opacidad en la que se manejaron los nombramientos, pues en su mayoría tenían vínculos con los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso local.
En el Poder Legislativo no es una novedad crear órganos en busca de extender posiciones clave en el Gobierno estatal para personas cercanas a un partido político.
En la pasada legislatura, para la creación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, se nombraron titulares para la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), cercanos a partidos políticos.
Éstos son Gustavo Adolfo Guerrero, actual fiscal general; Luis Enrique Orozco, vicefisical de Ministerios Públicos; Javier Garza y Garza, fiscal anticorrupción, ligados al exgobernador Rodrigo Medina. Y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, fiscal Especializado en Delitos Electorales, vinculado con el PAN.
Sistema parlamentario, por más atribuciones
Diputados del Congreso local alistan dos iniciativas para quitarle la facultad al Gobierno estatal de designar a los titulares de Metrorrey y la Agencia Estatal del Transporte (AET), que podrían aprobarse en un periodo extraordinario.
En caso de ratificarla, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no tendrá el derecho de elegir a los funcionarios de estas dependencias.
“Los nombramientos expedidos por el Congreso del Estado para los cargos de Director General y de Secretario Técnico tendrán vigencia por un período de ocho años, dentro de los cuales serán inamovibles”, dice la iniciativa de reforma de la Ley que crea el Sistema Colectivo Metrorrey.
La Junta de Gobierno depositará la administración de la AET en un director general que será designado mediante el voto de la mayoría de los miembros del Congreso del Estado.
En este mismo sentido está dirigida la iniciativa de la Ley de Transporte, donde los diputados serán los encargados de nombrar al titular de la AET.
