Nuevo León reprueba en libertad de expresión
Por primera vez, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia realizó el levantamiento del Índice Estatal de Libertad de Expresión; la entidad regiomontana sólo obtuvo 4.1 puntos de 10 posibles en una evaluación de cinco dimensiones
Luz RangelQue Nuevo León haya experimentado procesos de alternancia política, no ha significado un avance sustantivo en su democracia ni en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
En el primer levantamiento del Índice Estatal de Libertad de Expresión en México 2019, presentado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. (Casede), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la entidad reprobó con 4.1 puntos de 10 posibles.
Fueron cinco dimensiones evaluadas: marco legal de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, derecho de acceso a la información, pluralismo e independencia de los medios de comunicación y seguridad de personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Además, la calificación del estado neoleonés es la más baja de las cuatro entidades federativas comparadas, entre ellas dos al Norte del país. Coahuila obtuvo 5.2 puntos, mientras que Chihuahua 4.4. El índice de la Ciudad de México todavía no se presenta.
El panorama para la libertad de expresión no es alentador en México, que ocupa el lugar 147 en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2018, de un total de 180 países.
En este ranking México es superado, incluso, por países que se encuentran en conflictos armados como Sudán del Sur, en la posición 144; Ucrania, en el sitio 101, y la República Centroafricana en el número 112.
La información de los indicadores fue recabada y sistematizada a través de mediciones basadas en estándares internacionales, eventos, fuentes estadísticas terciarias y registros públicos, entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
El índice fue construido mediante diversos tipos de indicadores recolectados con la colaboración de instituciones académicas, Comisiones de Derechos Humanos e instituciones de gobierno.
En este caso particular, colaboraron investigadores del Tecnológico de Monterrey, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).
Periodistas y defensores, los más vulnerables de la libertad de expresión
El Casede advierte en este documento que sin una sociedad civil y medios de información libres de expresarse, el estado de derecho podría debilitarse.
“Dentro de estas cinco dimensiones se presta especial atención a la situación de quienes ejercen el periodismo y hacen defensa de los derechos humanos, pues se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, menciona.
En los últimos 19 años, Nuevo León registra un homicidio contra un periodista, según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, actualizados a 2019.
Sin embargo, están abiertas 15 indagatorias por delitos contra periodistas, incluyendo nueve averiguaciones previas y seis carpetas de investigación.
Nuevo León no puede esperar a que ocurra un asesinato de un periodista para actualizarse legal y jurídicamente. Por ello, el Casede hizo varias recomendaciones.
“Retomar una discusión amplia sobre la creación de una ley para la prevención y la protección a personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en el estado de Nuevo León”, sugirió.
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en septiembre de 2014 para agravar las sanciones a las lesiones y homicidios hacia personas que ejercen el periodismo, pero no ha procedido.
En febrero de 2019, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso crear la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Nuevo León, que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la LXXV Legislatura.
El Casede también recomendó crear una fiscalía especializada estatal que fomente protocolos para este gremio y derogar artículos que criminalizan la libertad de expresión dentro del Código Penal.
“La censura y la pérdida de una de sus voces se considera un atentado no sólo en contra de la víctima, sino también en detrimento del derecho a la información de toda la sociedad”, dice el documento.
Ésta solicitó su permiso para operar desde 2002, pero su aprobación fue prolongada hasta 2009. Un año antes, el dirigente de la estación fue agredido y agentes de la Policía Federal le confiscaron su equipo de transmisión.
Otro dato sobre esta dimensión es que las mujeres sólo ocupan 9 por ciento de 291 puestos de liderazgo en emisoras de radio, televisión y medios impresos.