La elección en Nuevo León cimbró a la ciudadanía por convertirse en el epicentro de las impugnaciones y sentencias que han generado un ambiente postelectoral lleno de fricciones.
El desorden en las Comisiones Municipales Electorales durante los comicios del pasado 1 de julio provocó que los partidos políticos acudieran a interponer cientos de juicios de inconformidad por el resultado en el cómputo final.
La judialización era inminente y con ello los conflictos por la sentencias emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL) subieron tono, pues las acusaciones y descalificaciones se convirtieron en el discurso de los perdedores.
Cuando el TEENL ordenó a la Comisión Estatal Electoral quitarle dos diputaciones locales de representación proporcional a la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, se encendió la mecha del conflicto postelectoral.
La noticia de que los curules serían otorgados a los priistas Álvaro Ibarra y Lorena de la Garza (personajes ligados al exgobernador Rodrigo Medina) ocasionó una reconfiguración histórica en el Congreso local.
MC, el PES, el PT y el PAN se indignaron con darle diputaciones al PRI y contraatacaron impugnando la sentencia ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Además, las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral de revocar el triunfo de los panistas Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza Treviño en los municipios de Monterrey y Guadalupe, respectivamente, prendieron aún más la mecha.
Este órgano ordenó a las Co misiones Municipales Electorales de estas entidades entregar las constancias de mayoría a los priistas Adrián de la Garza y Cristina Díaz como ediles electos.
En ambos municipios se interpusieron casi 20 juicios de inconformidad.
“No es posible que en una elección, y menos en una ciudad como Monterrey, se perdieran 90 paquetes, algo que nunca había sucedido; prácticamente se robaron 90 casillas que son 35 mil votos, eso fue un robo selectivo”, dijo Adrián de la Garza, tras recibir ayer su constancia de mayoría.
El revés histórico de quitarle a Acción Nacional el triunfo generó controversia y provocó actos de violencia y acusaciones en la sede del Tribunal Estatal Electoral.
Encabezados por el senador panista Raúl Gracia, decenas de militantes albiazules irrumpieron en el recinto del Tribunal.
“Lo que hoy estamos viendo es el robo del siglo en el estado de Nuevo León, se lo están robando no al PAN, no a Felipe, no a Pedro, sino a miles de ciudadanos que votaron a favor del PAN”, dijo el diputado panista, Hernán Salinas.
Por su parte, el excandidato de Movimiento Ciudadano Samuel García, en un gesto sarcástico, público en su cuenta de Facebook una foto de su credencial que lo acredita como senador electo tapándose la boca en señal de que no hablará más y no usará marcas.
“Sin palabras… sin marcas”, dice García en un post en su red social.
Esta publicación la realiza a raíz de que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral lo investiga por el uso de marcas en su campaña electoral, que de cuantificarse podría rebasar su tope de gasto para una contienda electoral. Y con esto perder la elección.
Mediante un comunicado, García aseguró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó el uso y valor de las marcas, pues no había un contrato que él haya pagado.
“El Tribunal descartó el uso y el valor de las marcas; fueron muy claros en que al no haber ni un contrato, ni un pago con ninguna de las marcas lo único que queda pendiente es cuánto cuestan tres camisas que un servidor modificó para ponerles nombre, de la misma forma que lo hicieron otros candidatos y quienes hoy me impugnan”, dijo Samuel García.
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