El plan Frontera Sur obligó a los migrantes centroamericanos a cambiar su ruta, pero esto los hizo más vulnerables al crimen organizado, advierten organizaciones civiles
Ante el incremento del número de deportaciones en México y la implementación del plan Frontera Sur, los migrantes centroamericanos han cambiado sus rutas hacia Estados Unidos (EU).
Rafael Alonso Hernández, coordinador del grupo FM4 Paso Libre, expone en entrevista con Reporte Indigo que este cambio de trayectorias deja a los migrantes más vulnerables a la violencia del crimen organizado, lejos de protegerlos.
“Esto se traduce para los migrantes en un aumento en su vulnerabilidad, en su exposición al riesgo”, afirma, “porque estos son aseguramientos del Instituto Nacional de Migración (INM) en operativos en todo el país y en términos reales el cruce o el flujo migratorio no se ha detenido.
“Las organizaciones hemos estado documentado muchas otras experiencias donde los migrantes están recorriendo nuevas rutas, nuevas alternativas para internarse al país que, sin lugar a dudas, están incrementando su vulnerabilidad”.
En medio de la crisis de los cerca de 60 mil menores no acompañados que llegaron a EU el año pasado, México implementó el programa Frontera Sur.
Dentro de los objetivos de este plan destaca el evitar que los migrantes usen el tren “La Bestia” para transportarse hacia el norte, garantizar la seguridad de los viajeros y combatir a los grupos criminales que suelen abusar de ellos.
Sin embargo, Hernández afirma que se ha logrado el efecto contrario.
“Es un discurso improvisado sobre la defensa a los derechos humanos, sobre el combate a grupos criminales”, explica, “y lo que estamos viendo es que está en una lógica justo de criminalización de los migrantes.
“Y entonces a los grupos criminales que acechan a los migrantes no les ha pasado nada. La estrategia de garantizar la seguridad y protección a los migrantes no ha acontecido.”
Faltan garantías
Otro factor que ha influido en el cambio de rutas, aún no identificadas a plenitud, son los centros de detención de migrantes, donde ocurren violaciones a los derechos humanos, explica el activista.
“Hay cuestiones como la falta de información, la falta de garantías en términos de salud, de recreación, de alimentación, de representación legal, de acceso a traductores, de asistencia consular, hay lenguaje coercitivo.
“No es un trato tan agradable, que digamos, hay una plena violación a estos derechos fundamentales”.
Por ello, Hernández manifiesta que es necesario replantear los mecanismos migratorios de México, para ya no criminalizar a los migrantes.
“Lo principal es cambiar la lógica bajo la que está la política migratoria, si seguimos en este esquema de seguridad nacional vamos a avanzar muy poco, porque bajo este esquema los migrantes son tomados como criminales”.