Las declaraciones del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el retiro de cargos fueron solo mediáticas, la realidad es otra
"Los elementos que declaran no son realmente la gente que detuvo, sino que, detuvo alguien y se los pasan a otra patrulla o a otra persona y son la gente que declara"
El Ayuntamiento de Guadalajara está obligado a dar una respuesta clara de porqué negó información solicitada por este medio sobre la identidad de los policías que participaron en la marcha del 1 de diciembre de 2012.
Y tienen un plazo de máximo cinco días hábiles para dar una nueva respuesta.
Porque la argumentación que dio en la primera, no deja claro porqué la información solicitada es de carácter reservado.
En la solicitud de información que realizó un reportero de este medio se solicitó “el listado con nombre, fotografía y cargo de los policías que participaron en el operativo realizado el 1 de diciembre del 2012, en el que a las afueras de la Expo Guadalajara fueron detenidas 25 personas que participaron en una manifestación.
“También se pide el listado de patrullas que estuvieron en dicho operativo especificando los patrulleros asignados a cada unidad”.
Después de varios días la autoridad respondió como “improcedente” la solicitud porque pone en riesgo la vida de personas y la seguridad del Estado, lo anterior citando el artículo 41 de la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios.
El particular de este medio de comunicación se inconformó ante dicha resolución el 25 de enero ante el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
Pero apenas el miércoles 20 de febrero el ITEI emitió una resolución que obligará al Ayuntamiento de Guadalajara a motivar mejor su respuesta.
El expediente 046/2013 de la ponencia del consejero Francisco Javier González Vallejo determinó que el reclamo de información era procedente y revocó la resolución del municipio y además le requirió para que informara a la brevedad sobre las placas de las patrullas utilizadas aquel día.
Porque luego de una acalorada sesión donde se discutió con intensidad la pertinencia de corregir la respuesta de la autoridad, se llegó a la conclusión de que no se argumentó como es debido.
Y que además hay información de la que se solicita que ni siquiera debería entrar al debate de lo “reservado”.
Por ejemplo, se pide que se entregue inmediatamente el cargo que se especifica en la solicitud, así como las placas de las patrullas, puesto que estos datos en nada entran al debate de si son públicos o no, ya que en todos los casos es información pública.
Y es que durante todo el proceso que han llevado los detenidos de aquel 1 de diciembre del año pasado, la información ha sido dada a cuenta gotas y de forma contradictoria.
Tanto de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), pero sobretodo del Ayuntamiento de Guadalajara, instancia que ha cambiado su versión en repetidas ocasiones y que ha negado el acceso a datos claves para esclarecer lo que en verdad sucedió en aquel operativo.
Verdades a medias
A dos meses y medio de las detenciones violentas y arbitrarias de la policía hacia jóvenes manifestantes del #1DMX la averiguación previa sigue en su contra a pesar de la falta de pruebas.
Las declaraciones del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el retiro de cargos fueron solo mediáticas, la realidad es otra.
Sí se retiraron cargos por daños a las patrullas el 9 de enero pero bastó un día para añadir cargos por robo de implementos según el Oficio AR/953/2012 de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Nosotros hablamos de que es cierto a medias, porque si bien es cierto que el 9 de enero presentan y otorgan el perdón por estos daños, no lo otorgan por todo”, dice la abogada Alejandra Cartagena López.
Los nuevos cargos se presentaron sorpresivamente el 10 de enero como una ampliación de querella por parte del Director Jurídico de lo Contencioso del Ayuntamiento Tapatío, Javier Salas Mejía.
Aunque en el documento no se señala a ninguno de los jóvenes que fueron capturados a las afueras de la Feria Internacional del Libro el 1 de diciembre, se destaca que es por quien resulte responsable.
Las represalias causan preocupación a Cartagena López pues podrían ser inculpados cualquiera de los jóvenes que estuvieron detenidos en la Procuraduría Estatal.
Asegura que existen elementos para desvirtuar las versiones de los policías pues sabe que son falsas.
Y es que como señala la defensa de 21 de los 25 detenidos, las únicas pruebas son los testimonios de los policías que los aprehendieron.
Asegura Cartagena López que interpondrá una querella en contra de los elementos que detuvieron con el uso de fuerza excesiva y abusaron de algunas detenidas.
Declaraciones falsas
Cartagena López afirma que las declaraciones de los policías fueron falseadas ya que ninguno de los detenidos cometió actos violentos.
“Sabemos que son falsos porque ninguno de los chicos que fue detenido cometió actos vandálicos y estamos ratificando las declaraciones que se hicieron por escrito y estamos formulando querella en contra de los elementos aprehensores”.
La denuncia que presentará será por golpes, violencia de género y la detención arbitraria con uso excesivo de violencia por parte de los policías municipales de Guadalajara y de la corporación Lobos.
Cartagena López dice que son 22 los elementos de la policía municipal que declararán en este caso, pero asegura que no todos ellos estuvieron en el operativo del 1 de diciembre.
“Los elementos que declaran no son realmente la gente que detuvo, sino que, detuvo alguien y se los pasan a otra patrulla o a otra persona y son la gente que declara”.
Según la abogada se falsearon declaraciones pues algunos policías señalan que se detuvo a personas en grupo cuando no fue así, sino que los agruparon en la fabricación del caso.
Afirma también que existen señalamientos por parte de cuatro policías municipales que supuestamente sufrieron lesiones en el operativo.
Entre las inconsistencias de las declaraciones hechas por los policías municipales se dice que no se detuvo a quienes realizaron actos vandálicos en las instalaciones del PRI y Televisa porque eran muchos los manifestantes.
A pesar de eso los elementos podían capturar a quienes dañaron los edificios pues los detendrían en flagrancia. Pero los policías que declaran dicen que prefirieron vigilar la ruta.
Sobre las lesiones que supuestamente causaron los manifestantes a los policías, las versiones son inverosímiles, dice Cartagena López.
Los elementos acusan de agresiones a Paulina Zurita quien por versiones de su defensa solo subió a la patrulla una vez que detuvieron a su hermana Michelle que en su detención fue abusada con manoseos en el pecho.
Cronología #1DMX
1 de diciembre del 2012, manifestantes salen a la calle con consignas antipeña son detenidos y agredidos por policías de Guadalajara.
3 de diciembre del 2012, los detenidos son liberados por fianza, estuvieron 15 horas incomunicados. Hay tres denuncias penales interpuestas por el PRI, Televisa y el Ayuntamiento de Guadalajara.
9 de enero del 2013, la Sindicatura Municipal informa el retiro de cargos en contra de manifestantes.
10 de enero del 2013, se informa del aumento de cargos por parte de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.
4 de febrero del 2013, la Dirección de Asuntos Internos informa que se integraron cinco expedientes por abusos por parte de policías.
20 de febrero del 2013, Comisión de Honor y Justicia de Guadalajara reduce sanciones a policías. No hay ceses.
Solapan a policías
Dos meses y medio después de la manifestación del #1DMX, el ayuntamiento sanciona pero también solapa a los policías agresores
Por Paloma Robles
La Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Guadalajara determinó sanciones menores para cinco de los policías que intervinieron el pasado 20 de diciembre durante la manifestación “antipeña” afuera de Expo Guadalajara.
Dicha manifestación suscitó la detención de 25 jóvenes, la mayoría vinculados con el movimiento #yosoy132.
Pero pese a que se sabe que por lo menos 22 elementos de policía declararán ante la procuraduría en las próxima semanas a propósito de su intervención en la manifestación, la Dirección de Asuntos Internos del municipio solo impuso sanciones a cinco.
Sin embargo, esas mismas sanciones que proponía Asuntos Internos fueron reducidas por parte de la Comisión de Honor y Justicia, quien tuvo la decisión final del caso.
En principio Asuntos Internos había determinado que de los cinco casos de policías, dos debían cumplir con el cese definitivo de sus actividades y otros tres se someterían a suspensiones de 45 días.
Sin embargo la comisión -integrada únicamente por priistas y liderada por la regidora tricolor Anahí Olguín Rojas- decidió disminuir las sanciones. Sin una explicación aparente, la decisión fue votada por unanimidad.
Las bajas de dos policías serán sólo temporales; 45 días sin goce de sueldo y un exhorto para que no vuelvan a violentar los Derechos Humanos de detenidos. Los otros tres casos tendrán suspensión de labores menores de ocho a 30 días.
En uno de los expedientes que integró Asuntos Internos se reveló que un policía había lanzado pedradas a los manifestantes, eso le merecía un cese definitivo pues se comprobaba que el policía no obedeció la línea de mando.
Sin embargo la comisión determinó no destituirlo. Incluso la misma comisión sesionó a puerta cerrada el pasado martes 19 de febrero a manera de reunión previa. En la sesión de la comisión solo se validó lo antes pactado.
Reporte Indigo solicitó entrevista con la regidora encargada de la comisión, sin embargo al cierre de la edición no hubo respuesta a la solicitud.
Cargos inventados
Por Esteban Contreras
El señalamiento de robo de artefactos a la policía municipal de Guadalajara en la manifestación del 1 de diciembre no coincide con la poca evidencia documental.
Y es que las únicas pruebas para imputar esos cargos a los 25 detenidos son las declaraciones de los policías por lo que la nueva querella sería un acto de presión contra los aprehendidos.
En el movimiento mediático del municipio tapatío en el que se declaró que se habían retirado cargos, no es real.
El daño a las patrullas fue retirado el 9 de enero pasado, pero se agregaron elementos presuntamente robados por los detenidos en la nueva denuncia interpuesta por el Ayuntamiento.
En la ampliación de la querella promovida por el Director Jurídico de lo Contencioso Javier Salas Mejía el 10 de enero de 2013 se señalan cargos por robo de implementos a seis elementos de la policía tapatía.
Entre los implementos que supuestamente fueron robados se encuentran:
Un cargador para arma PX-4 Storm Pietro Bereta 9 milímetros, abastecida con 15 cartuchos útiles y otro cargador similar pero abastecido con 17 cartuchos.
Un escudo antimotines robado y tres dañados; y una pieza de pasamontañas táctico, lentes googles tácticos, y guantes tácticos.
Aunque no existe señalamiento directo hacia alguno de los 25 detenidos que el día de hoy están libres bajo caución, cualquiera podría ser inculpado por el robo de estos artefactos.
