En ese documento, con sellos de la Notaría Pública número 32 del estado de Querétaro, se establece el pago que recibiría Martín Díaz
Desde la Procuraduría General de la República quieren otro culpable para el caso Oceanografía.
No basta con el dueño de la empresa Amado Yáñez, sus socios y los 10 empleados de Banamex que fueron detectados en la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por eso de una u otra forma buscan involucrar a Martín Díaz Álvarez como el cerebro financiero del millonario fraude.
De hecho ya existe una orden de aprehensión en su contra por parte de la PGR.
Sin embargo, hay elementos que deslindan al sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al menos formalmente, de la administración de la empresa Oceanografía.
Existe además una conversación entre Amado Yáñez, socio principal de la navierea, y Díaz, con la que podría desligársele del asunto. Todo está en la forma en la que la PGR tome esto como prueba.
Y es que al firmar el contrato con Oceanografía se le impidió –en la cláusula octava– a Díaz Álvarez tomar cualquier tipo de decisión financiera.
“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el prestador podrá intervenir directa o indirectamente en las decisiones administrativas ni en las operaciones o negocios del cliente o de la persona moral denominada Oceanografía S.A. de C.V. ya que los servicios que presta se entenderán reservados y limitados a la asesoría en materia financiera respecto a dicha empresa”, dice el contrato firmado el 15 de abril del 2010 por Óscar Rodríguez Borgio como representante legal de GGM Energy S.A. de C.V. y Amado Yáñez.
En ese documento, con sellos de la Notaría Pública número 32 del estado de Querétaro, se establece el pago que recibiría por la cantidad de 4 millones 800 mil dólares por el servicio de asesoría financiera por tiempo indefinido.
En la ampliación de declaración del 2 de mayo, su socio Amado Yáñez lo responsabilizó de todos los movimientos económicos de Oceanografía.
“Dentro de sus funciones estaba la atención directa de todos los asuntos financieros de la empresa y su estructura, contabilidad y finanzas, así como la oportunidad de nuevos financiamientos. Esto incluía todo lo relacionado con los bancos, es decir, atendía pasivos, créditos y financiamientos. Todo con el fin de que la empresa pudiera continuar operando y cumplir su objetivo social”.
Fue un cambio repentino en la declaración. De no haberlo mencionado en su primer encuentro ante el MP, pasó a decir que todas las actividades en los bancos eran su responsabilidad. Aunque en los documentos del notario Juan Carlos Muñoz Ortiz hubiera quedado asentado otra cosa.
El empresario que hoy se encuentra libre bajo fianza, porque el delito fue considerado como no grave, declaró en la misma ampliación ante el Ministerio Público, que la cesión de acciones ante la falta de liquidez para pagarle a Díaz había sido del 15 por ciento, cuando en realidad fue del 20 por ciento como consta en otro documento notariado en poder de Reporte Indigo.
“Carezco de la liquidez necesaria para cubrir en numerario la cantidad generada a favor de su representado por concepto de honorarios derivada del referido contrato y agradeciendo el plazo que se me ha concedido para realizar el pago, así como el hecho de que los servicios se hayan prestado en su totalidad a pesar de que el suscrito se ha abstenido de cubrir cantidad alguna, le manifiesto mi decisión de cubrir el importe de tales servicios mediante la transferencia a GGM Energy S.A. de C.V. el número de acciones equivalente al 20 por ciento de las acciones de las cuales soy titular”, dice el escrito firmado por Amado Yáñez ante el Notario Público interino 102, Sergio Fernández Martínez, del Estado de México.
Una de las líneas de investigación que no se han dado a conocer por la PGR son los movimientos bancarios que se hicieron del dinero que se extraía de Banamex hacía la cuenta de María del Rocío González Gutiérrez, cuñada de Amado Yáñez.
Y es que de acuerdo a fuentes de la dependencia existen movimientos de grandes montos de dinero a la cuenta 3089278377 de J.P. Morgan Chase Bank en Florida.
Un ‘WhatsApp’ lo exculpa
A finales de febrero, cuando el tema de las estimaciones de obra falsas y facturas apócrifas estaba en su apogeo, entre los días 26 y 28 de febrero Martín Díaz Álvarez mandó una serie de mensajes a Amado Yáñez para recibir una explicación.
Martín: Estás?
Fue el primer mensaje enviado a Yáñez el 26 de febrero sin obtener respuesta. Posteriormente dos días después insistió.
Martín: Estás?
Martín: Viste lo que salió en el periódico?
Martín: ¿Qué hay sobre facturas?
Amado Yáñez: Es mentira
Amado Yáñez: Todo
Esta conversación fue certificada por el Notario Público número 19, Armando Alberto Gamio Petriocioli en sus oficinas de Tlalnepantla, Estado de México.
En la certificación de hechos el notario da cuenta de que el lacónico diálogo provenía de la aplicación Whatsapp del celular de Martín Díaz Álvarez.
“A continuación, pulsó en la mencionada lista el contacto referido, ingresando a la información proveniente del mismo, en la cual se encuentran mensajes de diversos contenidos y fechas, procediendo el compareciente a identificar los mensajes fechados los días veintiséis y veintiocho de febrero del año dos mil catorce, pudiendo cerciorarme de la existencia de los siguientes seis mensajes que a letra dicen”.
Y es ahí en donde se expone el diálogo antes descrito. El notario tomó en cuenta el modelo, el número de serie y junto al documento que emitió, se anexaron fotografías de la conversación, la aplicación de mensajería telefónica en la que se hizo el diálogo y del aparato telefónico.
En el documento se destaca que se revisó la información del contacto que tenía el nombre de Amado Yáñez y apareció el número 52 1938 389 1450.
El eslabón entre Banamex y Yáñez
Las investigaciones, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, se han centrado en Amado Yáñez como accionista mayoritario de Oceanografía, y en Martín Díaz como presunto cerebro financiero.
Sin embargo, en el proceso de fraude participaban otras personas que poco se han mencionado, como un personaje que desde Petróleos Mexicanos fue el presunto operador a favor de Oceanografía: Mario Ávila Lizárraga.
Él fue despedido de su cargo como subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex en cuanto se inició el escándalo de Oceanografía.
Es señalado como uno de los principales colaboradores de Amado Yáñez para poder lograr el fraude millonario.
Y es que para que las líneas de crédito de Banamex pudieran operar, se realizaba un esquema en el que se tenía que contar con las estimaciones de obra por parte de la paraestatal, debidamente firmadas por Pemex Exploración y Producción.
Ávila Lizárraga es originario de Campeche, fue candidato al gobierno del estado por el Partido Acción Nacional, y considerado como uno de los alfiles de la familia del exsecretario de Gobernación ya fallecido, Juan Camilo Mouriño.
Además de acuerdo a un dictamen confidencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el número 211-3/135448-MM/2014, clasificado como reservado con base en la Ley de Transparencia por 12 años, se establece que fueron al menos 10 personas al interior de Banamex las que participaron para poder obtener estimaciones de obra falsas y así conseguir al menos 455 millones de pesos de manera fraudulenta.
Emilio Granja Gout, Director de Banca Corportativa; José Alfonso Ortega Brehm, Director Trade; Juan Pablo Añorve Borquez, Subdirector de Banca Corporativa; Erik Cervantes Murillo, Analista de Negocios; Vanesa Maricela Ramírez Segura, Product Manager; Sergio Torres Lebrijia, Channel Finance Head; José Ángel Castillo Guerrero, Transactions SC Senior Supervisor; Ricardo García Salgado, Transactions Svs Senior Supervisor y Angélica Ruíz Martínez, Transactions Svs Associate 2, fueron quienes desde dentro operaron para beneficiar a la polémica empresa, según el documento.
Todos estos empleados, de acuerdo al dictamen oficial: “Conocieron, consintieron e implementaron la conducta dolosa encaminada a autorizar o realizar operaciones a sabiendas de que estas resultaran en quebranto al patrimonio de Banamex. Lo que se materializó al permitir mediante acción u omisión que OSA (Oceanografía) emitiera estimaciones de obra apócrifas a Banamex para ejercer la línea de crédito autorizada para el uso de OSA, lo que generó un quebranto patrimonial a dicho banco acreedor por 455 millones 281 mil 789 pesos”, dice el documento.
Hasta el momento solo a dos de ellos se les ha girado orden de aprehensión.
