Los bloqueos de vialidades con barricadas y llantas ardiendo que se presentaron durante este fin de semana, como protesta al refuerzo de la presencia de la Policía Federal, vuelve a encender las alarmas sobre lo que podría haber fincado el crimen organizado en ese municipio.
Luego de que se informara del envío de nuevos destacamentos de la Policía Federal a las zonas más violentas del país y, según se mencionó, mil efectivos estarían en Jalisco, la reacción de un grupo de habitantes de Ocotlán fue la instalación de barricadas con objetos en llamas en diversas vías de esa urbe, en una estampa que rememoró a los narcobloqueos que ha vivido Guadalajara en los últimos años.
“Esto no es normal”, atinó a decir el Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez, cuya institución tuvo que intervenir en la zona para restablecer el orden en la región Ciénega del estado.
El enraizamiento social que habría alcanzado la delincuencia organizada se hizo de manifiesto cuando murieron 30 de los 42 presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo de la Policía Federal, en Tanhuato, Michoacán, en 2015, puesto que todos eran originarios de Ocotlán.
Pero ese involucramiento no es solo social: también es institucional. El 9 de junio de 2015, la Comisión Nacional de Seguridad detuvo a cuatro policías de Ocotlán, por su presunta participación en la emboscada que había acontecido el 19 de marzo de ese año, en la que una célula del CJNG ultimó a cinco agentes de la Gendarmería, en un tiroteo que dejó sin vida a tres atacantes y a otras tres personas ajenas al hecho.
El sábado pasado, día de las protestas, otros dos policías municipales de Ocotlán fueron detenidos por la Fiscalía, por presuntamente haber apoyado la instalación de los bloqueos contra la Policía Federal.
Las autoridades han reconocido la posibilidad de que la delincuencia organizada esté influyendo en este tipo de movilizaciones, lo que tampoco sería nuevo en Jalisco. Lo cierto es que el Gobierno estatal ha hecho poco por debilitar los lazos que ha establecido el crimen organizado con una parte de la sociedad ocotlense.
Según el más reciente Informe de Inversión Pública del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, en materia de construcción de infraestructura básica, urbana, ambiental, comunicaciones, productiva y social, la inversión total en 2017 en el estado fue de 8 mil 943.7 millones de pesos, pero de estos, Ocotlán apenas recibió 67.1 millones, esto es, el 0.7 por ciento.
Las manifestaciones de Ocotlán no sido casos aisladas. Antes y después de lo ocurrido, se han presentado hechos similares en otras regiones de la entidad. El 29 de enero, en la región Sierra de Amula, identificada como un enclave del CJNG, se obstruyeron los accesos a los municipios de Autlán y El Grullo.
Sin embargo, también ha habido otras protestas en las que existen denuncias muy específicas de desapariciones forzadas, cometidas presuntamente por elementos de la Marina, en particular el caso de Ulises Adair Cardona Flores, originario de Tuxpan, pero desaparecido en Tecalitlán en enero pasado, y que motivó una protesta el 28 de enero.