Diputados de oposición denunciaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) les ha negado acceso a los contratos celebrados con la empresa Odebrecht para poder realizar una investigación sobre los sobornos que hubieran pagado a funcionarios del país desde el sexenio pasado, a cambio de la obtención de contratos.
Investigada por las autoridades de Estados Unidos, la empresa brasileña Odebrecht admitió en una Corte federal de ese país haber realizado el pago de sobornos por 788 millones de dólares en 11 países.
En México, el pago de sobornos habría superado los 10 millones de dólares, que le habría permitido a esa empresa tener ganancias por más del triple, por los contratos otorgados.
Vidal Llerenas, diputado por Morena, denunció que ha pedido en reiteradas ocasiones y a varias dependencias estos contratos como parte de su investigación para dar con la red de funcionarios que recibieron sobornos de esta empresa.
Llerenas forma parte de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares de la Cámara de Diputados, órgano legislativo presidido por el diputado Waldo Fernández.
En una reunión con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, Llerenas exigió que se permita a los legisladores tener acceso a estos contratos, pues solo así se podrá iniciar una investigación desde el Congreso para dar con los participantes de esa red de corrupción.
“Nosotros pedimos los contratos a Pemex Transformación Industrial y están reservados. No los podemos conocer porque están reservados. El famoso contrato Etileno XXI, aquí ni siquiera es público el precio que se está pagando por lo que se está produciendo”, denunció Llerenas.
Como parte de las facultades de la Comisión, los legisladores pueden investigar los actos de corrupción que se hayan cometido en los procesos de contratación de los organismos descentralizados o las empresas productivas del Estado.
Sin embargo, el Gobierno federal se ha negado a entregar estos contratos, que pueden ser el primer paso de la investigación de los congresistas, con el argumento de que se encuentran reservados por estar en un proceso de investigación.
“Nuestro problema con los contratos es que los pedimos, nos dicen que no pueden dar a conocer la información por ese proceso, cuando la ley indica que nos tienen que dar una versión pública de los mismos.
“Entonces, las dependencias de la administración pública no nos dan esos contratos. Aquí pedimos a la Función Pública que coadyuve con nosotros para tener transparencia, que nos ayuden a que nos den las versiones públicas”, pidió Llerenas.
Los diputados de la Comisión de Investigación se reunieron con Javier Vargas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la SFP; y con Ana Laura Arratia, directora de Operación Regional de la dependencia.
SFP: fueron años
En su reunión con los diputados de la Comisión de Investigación, Javier Vargas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la SFP, señaló que en los países donde ya ha habido funcionarios encarcelados por el caso Odebrecht, la investigación ya llevaba varios años realizándose.
En México, dijo, en cambio, la investigación del caso lleva apenas algunas semanas, pues comenzó luego de las revelaciones que se hicieron en EU sobre los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios de varios países.
“En efecto, en otros países ha habido detención de funcionarios, medidas en contra de dichas empresas, lo cual fue el resultado de las investigaciones que iniciaron las autoridades en su momento con base en denuncias públicas, conforme al marco jurídico de esos países desde hace 3 o 4 años.
“En el caso de México, fue a finales del año pasado cuando se publicó la declaración de culpabilidad de Odebrecht por parte de la SEC (Comisión Nacional del Mercado de Valores, por sus siglas en inglés) y fue la primera vez que se mencionó un dato de soborno de un funcionario mexicano por parte de esta empresa”, justificó Vargas.
En otros países, la red de corrupción alcanza a legisladores federales y altos funcionarios de las administraciones.
En México, ni siquiera se conoce el nombre de los funcionarios involucrados en la recepción de sobornos. La investigación ha sido completamente cerrada y el expediente fue reservado hasta 2018 por la PGR y Pemex.
Piden cuentas
Los diputados Vidal Llerenas, de Morena, y Lorena Alfaro García, del PAN, pidieron cuentas a los funcionarios de la SFP sobre las investigaciones que la dependencia lleva del caso, para conocer y castigar a los responsables de haber recibido sobornos de Odebrecht.
“Por lo menos, países como Panamá, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, ya han ejecutado medidas que han derivado incluso en el encarcelamiento de algunos de los responsables y sanciones administrativas, cancelaciones de contratos, embargos, solo por señalar algunos. En México apenas el mes pasado se dio el anuncio de que comenzarán las investigaciones.
“Es fundamental que la Secretaría de la Función Pública nos informe sobre los avances que han realizado en las investigaciones sobre el caso, así como de todos los contratos de la Administración Pública federal que han suscrito con esa empresa y sus filiales”, exigió Lorena Alfaro, miembro de la Comisión de Investigación.
“Es muy urgente, nos parece muy urgente que se dé a conocer la investigación de la Secretaría de la Función Pública, para que tenga una acción precisa, similar a la que se ha realizado en otros países de América Latina, que pueda responder a la magnitud del tema”, insistió Vidal Llerenas.
Los funcionarios de la SFP no revelaron ninguno de los avances de la investigación, y solo ofrecieron darlos a conocer una vez que esté concluida.
“En ese sentido, la Secretaría de la Función Pública, durante estos dos últimos meses ha implementado diversas líneas focalizadas de investigación para identificar las instituciones donde tuvieron intervención Odebrecht o sus subsidiarias, sus procesos y, en su caso, las irregularidades cometidas por dichas empresas y servidores públicos, las cuales una vez soportadas con elementos suficientes e idóneos y llevando a cabo el debido proceso de ley, permitirán aplicar las sanciones a que haya lugar y que, desde luego, se estarán haciendo del conocimiento de esta Comisión y de la sociedad en general”, fue la respuesta que leyó Javier Vargas a los diputados.