Organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos mexicanos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir con urgencia una opinión consultiva sobre la Ley de Seguridad Interior vigente en México.
En una audiencia pública con comisionados de la CIDH, organismos de derechos humanos, académicos y organizaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra, expusieron que la Ley de Seguridad Interior vulnera la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
“La Ley de Seguridad Interior es una legislación cuyo punto de partida es la protección de las instituciones, algo que ha sido escuchado de viva voz de quienes fueron autores de la misma, la aprobaron y promulgaron posteriormente.
“Esta ley no es para la protección de las personas, lo cual la hace una legislación cuyas características son más propias de legislaciones generadas por regímenes autoritarios”, acusó Humberto Guerrero, de la organización Fundar.
“La militarización de la seguridad es la fase superior de una trayectoria que apenas el 31 de enero pasado mostró el despliegue de mil 500 policías militares más, en este caso en Guanajuato (…) un ejemplo: 6 mil 697 operaciones contra el narcotráfico de la Defensa Nacional, en 2012-2013; 13 mil 830 operaciones en 2016-2017.
“Están muriendo más mexicanas y mexicanos a manos de otras mexicanas y mexicanos; están muriendo más policías; están muriendo más miembros de las Fuerzas Armadas”, afirmó Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
A la petición se unieron también los organismos de defensa de derechos humanos estatales y el nacional.
Mediante un video proyectado en la sesión, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó que la Ley de Seguridad Interior pone en riesgo lo
“Se hacen valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a las militares, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“México necesita de manera urgente más y mejor seguridad; pero esa seguridad no se puede obtener a cualquier costo. Los mexicanos no debemos vivir con miedo ante la violencia y la inseguridad; pero tampoco con incertidumbre sobre los alcances y términos con los que puede presentarse la actuación de sus autoridades y afectarse sus libertades y sus derechos”, expuso González Pérez.
Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, recordó que en el proceso de construcción de la ley no se escuchó a nadie y se mostró preocupada por la vulneración que pueden tener organismos que guarden datos sensibles de los ciudadanos.
“Esta Ley afecta la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos porque nos pueden exigir información de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y, en caso de oponernos, pueden iniciar procesos de remoción de quienes presidimos esas instituciones”, expuso Ramírez.
En respuesta, los representantes del Estado mexicano señalaron que la Ley de Seguridad Interior no se hizo con la idea de dar más poder a las Fuerzas Armadas, sino de acotar su actuación.
Advierten uso contra protestas
Los comisionados de la CIDH advirtieron que la Ley de Seguridad Interior puede ser utilizada para reprimir las protestas sociales, por lo que pidieron cuentas al Estado mexicano sobre las garantías que existen para que esto no suceda.
“Mucho me temo que todo tienda hacia la criminalización de la protesta social. Y a que en vez de utilizar el derecho penal como última ratio, lo conviertan en primera, y eso me parece la verdad muy complejo, muy grave.
“Porque los estados deberían realmente impulsar el tema de la participación social cuando se van a producir leyes (…) entonces no puede ser que cuando una sociedad se moviliza porque le están haciendo leyes que se consideran afectatorias de sus derechos, entonces la respuesta del estado en vez de garantizar las movilizaciones y la participación adecuada de las sociedades, sea la criminalización de la protesta. Tengo mis temores respecto a esto”, afirmó Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH.
Los comisionados reclamaron también que las Fuerzas Armadas hayan dejado de llevar un registro de los muertos y heridos que hay en sus operativos, además consideraron que la Ley es un retroceso en materia de transparencia.
Los comisionados señalaron que serán muy activos en promover las acciones que sean necesarias para que se revise a fondo la Ley de Seguridad Interior en México.
