El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, advirtió que en las leyes secundarias de la Guardia Nacional aprobadas por el Senado de la República el pasado 21 de mayo y ayer por la Cámara de Diputados existen varías anomalías.
Respecto a la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, Jarab, criticó que la reforma no incluyera a los agentes migratorios, que tuviera términos laxos como “persona autorizada por el Estado” y “neutralizar” y que no se estableciera una medida de regulación de la fuerza letal.
“No se estable una debida regulación de la fuerza letal (…) Resulta de especial preocupación la regulación de supuestos de muerte derivada únicamente del uso de la fuerza por armas y no por otros medios, como la fuerza física”, señala una carta enviada por el Comisionado a la Cámara de Diputados.
Jarab también alertó que las leyes secundarias podrían vulnerar el derecho a la protesta, y omite la inclusión de un observatorio independiente sobre el monitoreo del uso de la fuerza, requisito ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Se podría vulnerar el derecho a la protesta y a la libre manifestación, ya que se mantiene una perspectiva de control de multitudes y no la de garantizar el derecho a la manifestación y en caso de que haya violencia proteger a las personas”, agrega la misiva.
Sobre la Ley Nacional de Registros de Detenciones, la ONU-DH pidió que se incluyan las detenciones llevadas en juridiscción militar, se establezca la nacionalidad de los detenidos y la información relativa al lugar donde la persona está detenida.
Por este motivo la ONU Derechos Humanos hizo una llamada a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja para que discutan las leyes, hagan los cambios pertinentes y no las dejen pasar como llegaron del Senado, pero no ocurrió así, la legislación fue aprobada sin cambios.
“Los procesos legislativos en general, pero particularmente aquellos concernientes a la garantía y salvaguarda de los derechos humanos, ameritan procesos de deliberación robustos y transparentes”, agregó.
