Ayer, los diputados federales aprobaron cambios a la Constitución Política para eliminar el arraigo, con lo que ninguna persona podrá ser detenida por 40 —o hasta por 80 días, si se amplía el plazo— mientras se investiga alguna causa en su contra.
Aunque todavía falta la aprobación del Senado, la ONU señaló que este es un primer paso para terminar con esa medida, considerada una violación a los derechos humanos.
“El arraigo infringe normas de tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y su eliminación ha sido recomendada reiteradamente por diversos mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
“La aprobación por unanimidad de la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados muestra el gran consenso existente para la eliminación de esta figura”, afirmó en un comunicado Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.
Esta figura fue introducida en la Carta Magna en el 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón llevaba ya más de un año en una cruzada contra el narcotráfico.
El organismo internacional señaló que el arraigo se ha aplicado menos en los años recientes, pero recomendó abolirlo porque puede conllevar otras prácticas contra los derechos humanos, como la tortura.
“La ONU-DH llama al Senado de la República a continuar a la brevedad con el proceso de reforma constitucional para que el proyecto sea aprobado y se turne a las entidades federativas para concluir con el proceso de reforma constitucional.
“La ONU-DH expresa su solidaridad con las personas cuyos derechos humanos han sido violados a través de la aplicación del arraigo y reconoce la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil que han visibilizado los resultados nocivos de esta figura, han trabajado para lograr su eliminación y han defendido a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, destacó el organismo.
Llamó al Congreso a revisar otras figuras que se aplican actualmente y que también lastiman los derechos humanos y son incompatibles con el nuevo modelo de justicia, como la prisión preventiva oficiosa.
