Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, advirtió a través de un comunicado sobre los posibles riesgos que traería al país la aprobación del dictamen para crear la Guardia Nacional en los términos en los que se encuentra.
Una vez finalizadas las mesas de discusión que organizó el poder legislativo la semana pasada y en las cuales participaron elementos de las Fuerzas Armadas, expertos y académicos en seguridad, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, ayer se discutió y aprobó en lo general, con 362 votos a favor, durante la sesión extraordinaria del primer periodo de la 64 legislatura en la Cámara de Diputados, el dictamen modificado que dará vida al nuevo cuerpo de seguridad propuesto por Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a estos cambios que se hicieron después de las audiencias, Jan Jarab celebró que se incluyeran algunos aspectos en materia de uso de la fuerza, registro de detenciones y en el esquema para fortalecer los cuerpos policiacos.
“Luego de una revisión preliminar del dictamen modificado, la ONU-DH desea saludar los cambios positivos albergados en materia de uso de la fuerza, registro de detenciones y esquema de fortalecimiento de los cuerpos policiacos”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, el representante del Alto Comisionado de la ONU-DH, aclaró que mantiene sus preocupaciones generales expresadas en los comunicados que emitieron el 21 de noviembre y 19 de diciembre del 2018, así como en las audiencias convocadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
“Nuestras preocupaciones versan sobre la participación permanente de elementos militares en tareas de seguridad pública y su involucramiento en tareas de investigación criminal”
Por ello, en el comunicado se enlistan los tres componentes principales de los cuales derivan la preocupación del organismo.
El primero, titulado “Naturaleza de la Guardia Nacional (artículo 21 y algunos transitorios)” menciona que si bien la ONU-DH reconoce que se incluya a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter y dirección civil, resultan preocupantes los componentes del orden militar que aún se contemplan en el proyecto y que contradicen su “deseable esencia” civil.
“La estructura jerárquica, la composición de ‘Junta de Jefes de Estado Mayor’, el régimen de ascensos e ingreso, la profesionalización, la competencia de la jurisdicción militar ante faltas y delitos cometidos y la conformación tripartita (Policía Federal, Militar y Naval), entre otros elementos son de tal envergadura que desnaturalizan el carácter civil de la institución y le confieren a las Fuerzas Armadas un papel ajeno al que de forma extraordinaria y excepcional podrían realizar”.
El segundo: “Indebida Regulación de los Alcances del Fuero Militar” señala que la redacción propuesta resulta problemática en dos sentidos: uno, amplía los alcances de la jurisdicción militar para conocer de las faltas y delitos cometidos por integrantes de una corporación que se define como civil y, dos, circunscribe la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la guardia Nacional cuando estos sean realizados en el “ejercicio de sus funciones”.
Propuesta que hace pensar que si los delitos no los cometen mientras llevan a cabo sus funciones serían juzgados por autoridades militares.
En el apartado “Puesta a disposición de las personas privadas de la libertad (artículo 16), explica que la redacción propuesta abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares
“Al ser la privación de la libertad y la puesta a disposición conceptos diferentes, con la redacción propuesta se podría legitimar una puesta a disposición de una persona en instalaciones civiles, aún y cuando haya estado en algún momento privada de la libertad ene instalaciones militares”.
Por ello la ONU-DH reiteró su recomendación para que todo civil detenido únicamente pueda ser privado de su libertad en instalaciones civiles.
Por último, la organización lamentó que el dictamen no albergue el reconocimiento incondicional de la la Corte Penal Internacional tal y como se propuso en la iniciativa.
