La bautizaron como Operación Bingo. Dicen que fue comandada por el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Y que sus operadores fueron funcionarios de primer nivel que con recursos públicos favorecieron a los candidatos del PRI en cuatro distritos.
De acuerdo a Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el 12 de junio del 2012 Enrique Peña Nieto solicitó apoyo a 16 gobernadores del PRI, Fue en un cónclave que tuvo lugar en la casa del gobernador de Edo. De México Eruviel Avila.
En conferencia de prensa el pasado lunes, López Obrador y su coordinador de campaña, denunciaron al gobernador zacatecano, acusándolo de desviar 108 millones de pesos a favor de los candidatos del PRI.
La instrucción nacional fue una: con todo, cueste lo que cueste. Así, con todo el aparato del Estado, los gobernadores priistas habrían operado para favorecer a su partido en las pasadas elecciones presidenciales.
Con ello se acabó de concretar la planeación estratégica en la que los estados gobernados por el PRI operarían a través de la estructuras gubernamentales , utilizando a funcionarios de primer nivel como gerentes de operación que designaban a funcionarios de un tercer nivel para que operaran por región y por zona.
Las denuncias dicen que desviaron recursos públicos a favor de las campañas priistas, dirigieron capital humano para coaccionar votos y recibiendo financiamiento de terceros. Capital de procedencia desconocida y cuestionable, alertan.
Monreal presentó ante medios de comunicación y ante la FEPADE, una denuncia proveniente del Comité Directivo Estatal del PRD en Zacatecas.
Los representantes del Movimiento Progresista argumentaron que el gobernador Miguel Alonso Reyes encargó personalmente a cuatro funcionarios de primer nivel la operación política-electoral de los cuatro distritos federales.
El distrito I habría estado a cargo de un personaje de la vida política zacatecana que data del sexenio del propio Monreal, el procurador Arturo Nahle García, quien se iniciara como secretario particular del ex gobernador hidalguense Jesús Murillo Karam, hoy personaje clave en el circulo de Peña Nieto.
El distrito II habría sido operado por el Oficial Mayor del Gobierno Estatal Le Roy Barragán Ocampo. El tercer distrito a cargo del Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, José Ma. González Nava. Y finalmente el cuarto distrito habría sido responsabilidad del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Enrique Flores Mendoza.
De acuerdo a las declaraciones del coordinador de campaña del Movimiento Progresista, cada uno de estos funcionarios asignó a funcionarios de segundo y tercer nivel responsabilidades y tareas especificas en municipios clave.
Las dependencias habrían utilizado el aparato burocrático para repartir materiales de construcción, despensas, tarjetas de descuento, tarjetas telefónicas, dinero en efectivo y deducciones fiscales a cambio de un voto a favor del PRI.
Los integrantes del Movimiento Progresista también presentaron evidencia de una operación de triangulación de dinero.
Eran recursos presupuestales del estado, de terceras personas y del Sub-oficial de Recursos Materiales y Servicios Víctor Manuel Rentería, quien fungió como el representante político para el segundo distrito con cabecera en Jerez.
Al Sub-oficial Rentería se le acusa de abrir una cuenta de cheques con folio 0000121 al 0000171 de la cuenta numero 00668311342 a su nombre en la institución bancaria Banorte. De acuerdo a los datos salariales oficiales del portal de transparencia del gobierno estatal, resulta inexplicable el movimiento financiero.
Ello debido a que el funcionario tiene una base presupuestal de 22 mil 993 pesos, por lo que con una simple suma aritmética de los meses de salario, a partir de la apertura de la cuenta y hasta el día de la elección, resulta imposible obtener la cantidad en movimiento.
Esta cuenta habría servido para pagarle a proveedores de materiales de construcción y a la empresa Sol Galván por el concepto de tarjetas telefónicas por la cantidad de 50 mil pesos.
Los contendientes de la izquierda mexicana argumentan que lo anterior es muestra que los recursos fueron empleados para el financiamiento de las actividades proselitistas, alterando de manera grave, determinante e incontrovertible el financiamiento irregular que se utilizoó para favorecer las candidaturas priistas.
El equipo de campaña del tabasqueño también denunció presuntamente que la campaña de la coalición PRI-PVEM contó con recursos provenientes del extranjero. Expuso dos cuentas Banamex de donde presuntamente provenía el dinero.
La primera, con terminación 74227006 bajo la razón social Business Capital Group, S.C. Y la segunda de la empresa Global Net Services, S.A. de C.V. con terminación 7422702.
La demanda electoral de la cual Reporte Indigo posee una copia, y que esta dirigida a la titular de la FEPADE, Imelda Calvillo Tello, sugiere que el gobierno de Zacatecas reportó con sobreprecios bienes y servicios que no requieren licitación publica, y que el excedente era desviado para el financiamiento de las campañas.
Así con todo el aparato del estado, los cuatro funcionarios que habrían hecho posible la Operación Bingo inyectaron 108 millones de pesos, en una triangulación en donde se combinó el dinero público con recursos de intereses particulares y algunos otras cantidades de dudosa procedencia.
Con ello se logró que Zacatecas, uno de los estados priistas de menor tamaño, fuera la entidad que mas aportara votos a la campaña de Enrique Peña Nieto.
Se han interpuesto denuncias penales pero la Unidad de Fiscalización del IFE se mantiene inactiva, esperemos que los próximos días esta instancia tome las medidas legales correspondientes.