El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita hoy la ciudad de Tijuana, Baja California, a cinco días de que comience la campaña electoral que podría derivar en la transición política más importante de la región en los últimos 30 años.
La llegada del jefe del Ejecutivo a tierras bajacalifornianas para la atención de la agenda de seguridad, manda un mensaje muy claro: existe una urgencia real por atender la crisis de violencia de la frontera norte y no hay tiempo que perder.
Tijuana, catalogada como la ciudad más violenta de México y del mundo durante 2018, renovará su estrategia para la procuración de justicia, impulsada por la presencia permanente del Gobierno federal a través del gabinete de seguridad y la Guardia Nacional, así como la definición de la ruta de trabajo que mantendrá el próximo gobernador de la entidad.
Sin embargo, el planteamiento que el presidente de la nación instalará a partir de hoy gracias a las reuniones que mantendrá con las fuerzas políticas y de seguridad del estado, comenzará con una revisión profunda de los resultados en la materia de las administraciones estatales y municipales, encabezada por el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, y por el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Ambos personajes han sido señalados como los principales responsables del abandono que permitió la incubación de grupos del crimen organizado –los cárteles Arellano Félix, Jalisco y Tijuana Nueva Generación–, y con ello, el incremento de los delitos en la demarcación.
Ayer, en el marco de la inauguración de las Jornadas por la Paz y la Seguridad –iniciativa desarrollada por el Gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual se pretende llevar a todo el país–, el gobernador aseguró que la importancia de estos trabajos radica en que “no nada más se tengan en papel”, sino que se lleven a cabo con el ejemplo y la acción continua.
“Es un programa que aglutina a los gobiernos y que considera a la sociedad civil, que hace un trabajo importantísimo. Yo me atrevo a decir que la sociedad civil hace un trabajo que en ocasiones los gobiernos deberíamos estar haciendo. Entonces, digamos que es un programa concentrador de todas las acciones que tienen que ver con el tema de seguridad”, afirmó Vega.
Anuncio anticipado
A escasos dos meses de la contienda electoral en donde se definirá un nuevo gobernador, la tendencia favorece al partido Morena frente al PAN, quien encabeza el gobierno de Baja California –desde hace tres décadas– y actualmente el de Tijuana.
Y es que, más allá de beneficiar las aspiraciones o generar una intromisión en el proceso electoral, la presencia del presidente en el estado sirve como anuncio anticipado de la agenda de seguridad que llevará el próximo gobernador constitucional de Baja California. Una estrategia que promete ser distinta a la establecida por las autoridades actuales.
En entrevista con Reporte Indigo, Francisco “Kiko” Vega asegura que el balance sobre seguridad pública de su administración estatal es positivo en los últimos años.
“Les puedo anticipar que en materia de inseguridad, en lo que se refiere a delitos del orden común, hemos estado mes con mes a la baja. Llevamos más de un año disminuyendo. Con delitos que tienen que ver con el fuero federal, afortunadamente han disminuido y, desde que llegó el apoyo federal a Baja California que tanto pedí y tanto necesitábamos –que fue a partir del 4 de febrero pasado hasta el día de hoy– pues tenemos ya el recuento. Y en ese recuento nos vamos a dar cuenta que vamos por buen camino”, aclaró Vega.
Con respecto a los dichos del gobernador de Baja California, sobre los delitos del fuero común, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, en efecto, la incidencia disminuyó del 2017 al 2018, pues pasaron de 111 mil 722 ilícitos a 103 mil 78, respectivamente.
En materia de secuestros, en el 2017 hubo 13 incidencias y para el 2018 subió a 15. Y, en ilícitos contra la libertad y la seguridad sexual, pasaron de 2 mil 495 denuncias a 2 mil 633.
Para Vega de Lamadrid como para Gastélum Buenrostro, el incremento en delitos de alto impacto durante la administración estatal se debe al fenómeno de trasiego de armas y droga hacia Estados Unidos, afirmando que esta problemática es una responsabilidad compartida con la federación.
Sin embargo, ambos han dejado a un lado los esfuerzos para desarticular a los grupos criminales que operan en el estado, los cuales proliferan entre las barrios más pobres de municipios como Tijuana, Tecate y Rosarito, principalmente.
En vista de lo anterior, la estrategia que el presidente arrancará para la región, no solo atenderá el reclamo que mantiene la gestión bajacaliforniana, sino que trascenderá al incorporar un monitoreo permanente de la federación y la acción conjunta de los tres niveles de gobierno.
“Nos da gusto ver al Gobierno federal y del estado trabajando juntos, que haya una coparticipación en materia de prevención al delito (…) Vemos una disminución importante en materia de incidencia delictiva; todavía no estamos en donde queremos estar ni entendemos las estrategias a largo plazo para seguir manteniendo (las estadísticas a la baja), pero creo que es un primer paso, y uno importante”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
“Ninguno de ellos puede solo pero aplaudimos que se estén dando estas reuniones”, comentó.
Sobre la presencia del presidente López Obrador en Tijuana, Hernández Niebla confirmó que, en efecto, el primer paso de la estrategia consistirá en una evaluación minuciosa de los resultados de seguridad del primer trimestre del año.
“Entendemos que viene (el presidente) a ver cuál es el corte de caja que se lleva en materia de seguridad; homicidios e incidencia delictiva general. Asimismo, las estrategias relacionadas a la presencia del Ejército y la Marina y la futura Guardia Nacional, pero es toda la información que tenemos hasta el momento”, concluyó.