Operación Justicia para Chihuahua queda trunca
La estrategia que puso en marcha el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, para desarticular y castigar la red de corrupción presuntamente encabezada por César Duarte, la ‘Operación Justicia para Chihuahua’, heredó más de la mitad de sus indagatorias inconclusas; el listado de bienes asegurados o sometidos a la extinción de dominio está bajo reserva
Luis HerreraLa “Operación Justicia para Chihuahua” que implementó el exgobernador de ese estado, Javier Corral Jurado, para indagar y sancionar la red de corrupción que se le atribuye al también exmandatario, César Duarte Jáquez, fue heredada con más de la mitad de sus investigaciones inconclusas.
De acuerdo con un informe proporcionado por la Fiscalía General de ese estado sobre los saldos que dejó la “Operación Justicia para Chihuahua”, y elaborado ya durante la actual administración de la gobernadora Maru Campos Galván, el 54.32 por ciento de las pesquisas que se derivaron de esa estrategia se quedaron en la fase de “Investigación inicial”.
La serie de indagatorias fue heredada al siguiente gobierno con más de la mitad de sus investigaciones inconclusas
En el documento obtenido vía transparencia (folio 080139721000056), la Fiscalía General del Estado detalla que la “Operación Justicia para Chihuahua” generó en total 162 carpetas de investigación, sin embargo, 88 de estas fueron encontradas en el estatus jurídico de “Investigación inicial“, no obstante que el combate a la corrupción fue una de las líneas centrales en la narrativa de gobierno de Corral Jurado.
Las carpetas de investigación de la “Operación Justicia para Chihuahua”, precisa el documento, se emprendieron sobre 12 tipos penales distintos, a saber: cohecho, ejercicio ilegal del servicio público, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito equiparado, fraude, peculado, peculado agravado, robo, tráfico de influencias, uso ilegal de atribuciones y facultades, uso ilegal de atribuciones y facultades agravado y uso indebido de documento.
La estrategia que implementó Corral Jurado para desarticular y castigar el entramado de corrupción que presuntamente encabezó Duarte Jáquez ha sido puesta en tela de juicio, principalmente en dos aspectos: en sus resultados y logros tangibles, por un lado; y, por otro, en la solidez jurídica de sus expedientes.
Por ello, la prueba de fuego para la “Operación Justicia para Chihuahua” vendrá una vez que se concrete la extradición a México de César Duarte Jáquez desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido, y la cual fue autorizada por la jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer Louis, el 8 de noviembre de 2021, para que enfrente a la justicia mexicana.
Bienes, en opacidad
En septiembre de 2021 se generó una polémica sobre una decena de propiedades que le habían sido aseguradas al exgobernador Duarte Jáquez como parte de la “Operación Justicia para Chihuahua”, y que presuntamente había podido recuperar, algo que fue negado por Corral Jurado mediante sus redes sociales.
No obstante, los alcances reales de la operación en materia de aseguramiento de bienes que habrían sido adquiridos con recursos ilícitos no están claros, pues la Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva esa información, pese a que esta serviría como un indicador para evaluar los impactos constatables de la estrategia.
En la solicitud de información que se presentó ante la Fiscalía, se pidió conocer “qué bienes muebles e inmuebles se han asegurado, embargado o fueron objeto de extinción de dominio como parte de la Operación Justicia”; se requirió además que por cada bien se detallaran datos como su valor económico, a quién le pertenecía y su ubicación; pero la respuesta de la institución generada el 19 de octubre de 2021 fue que: “Corresponde a información de carácter reservado”.
La Fiscalía General de Chihuahua considera información reservada los muebles e inmuebles asegurados durante la Operación Justicia para Chihuahua
El 15 de septiembre de 2021, cuando Corral Jurado negó que se le hubieran regresado propiedades a Duarte Jáquez, dijo sobre los bienes en cuestión: “Estos siguen asegurados y ello es irrebatible. (…) Incluso algunos bienes han causado abandono a favor del estado, esto significa que ya son parte del patrimonio estatal. Ni más ni menos el rancho de mayor extensión del exgobernador, el rancho Santa Rita, de 29 mil hectáreas, así como otros ocho inmuebles tanto rústicos como urbanos”.
El 8 de julio de 2021, el Gobierno de Chihuahua, aún en la gestión de Corral Jurado, reportó: “Durante las indagatorias para la localización del exmandatario, se ubicaron al menos 50 propiedades que adquirió junto con su familia en tres estados de la Unión Americana, sobre las cuales ya se encuentran en marcha los procesos de embargo y recuperación”.
Y aunó: “Mientras que en Chihuahua, a César Horacio D.J. le han sido asegurados propiedades como viviendas y al menos 10 ranchos, algunos de los cuales alcanzan una extensión territorial de más de 30 mil hectáreas, es decir, de mayor densidad que el territorio de la capital del estado, como es el caso del Rancho Santa Rita y sus asentamientos: El Cuervo, San Juan y Los Galemes, en el municipio de Camargo”.
Los saldos de la Operación Justicia para Chihuahua
En términos generales la “Operación Justicia para Chihuahua” sumó a 42 personas detenidas, 75 vinculadas a proceso y 16 sentenciadas condenatoriamente, sin embargo, específicamente contra el exgobernador Duarte Jáquez habría generado dos decenas de órdenes de captura que tendrá que enfrentar una vez que se concrete su extradición.
“Las 21 órdenes de aprehensión en contra del exmandatario, 20 son del fuero común, por delitos de peculado, y una obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, esta última por la retención ilegal de una parte de los salarios de los burócratas para financiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua”, informó el Gobierno local el 8 de julio de 2021.
+712
Ese día se ofreció una estimación sobre el daño patrimonial que habría generado esta presunta estructura de corrupción; se dijo que por medio de la operación, la Fiscalía estatal “sigue también procesos penales derivados de 86 denuncias presentadas por los desvíos de la red que encabezó el exmandatario, en los que se estima que el daño a la hacienda pública ascendió a dos mil 794 millones pesos”.
El Gobierno de Corral Jurado aseguraba que las investigaciones que encabezó su Fiscalía “fueron la base para que las instancias correspondientes como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitaran a las autoridades de Estados Unidos la detención con fines de extradición de César Horacio D.J., lo que ocurrió el 8 de julio de 2020”.
