Oposición se va contra política eléctrica de la 4T: “pone en riesgo inversiones”
La oposición y la GOAN criticaron el acuerdo de Sener que modifica el SEN y lo calificó como un grave retroceso a través de un comunicado
Indigo StaffLa tarde de este domingo, la oposición criticó la política eléctrica de la Cuarta Transformación (4T) en la que la Secretaría de Energía (Sener) publicó la modificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) criticó el acuerdo de Sener que modifica el SEN y lo calificó como un grave retroceso a través de un comunicado.
“Desalienta la inversión privada y el empleo, incrementa los costos de generación y la contaminación. Tendrá un efecto muy negativo en la economía, la salud y el deterioro ambiental del país”, señalaron.
A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el pasado viernes en el Diario Oficial, atenta contra la certeza jurídica y libre competencia del sector y pone en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares.
Sobre las 3 subastas eléctricas asignadas a privados, se otorgó la capacidad de 6,768 MW. Para las técnicas de solar y eólica
1,865 MW que debían entrar 2018
2,891 MW que debían entrar 2019
2,012 MW que deben entrar 2020De esto se tiene 69% infraestructura ya instalada.
??? pic.twitter.com/PdDzge6pSD— Rocío Nahle (@rocionahle) May 17, 2020
En un comunicado, el CCE, en conjunto con la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pidió por ello revocar el acuerdo.
“Es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, aseguró.
Argumentó que el acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México.
Ello causaría graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
