Cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas no tienen que levantar, asesinar o mutilar a sus integrantes entre sí para ordeñar los ductos de Pemex entre Nuevo León y Tamaulipas, utilizan métodos más sofisticados como escrituras apócrifas y juicios civiles y penales.
Los Zetas y el Cártel del Golfo pelean el control del robo de combustible en los ductos de Pemex que atraviesan terrenos desde Escobedo y Cadereyta, hasta la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por ello es un violento frente de batalla entre ambos grupos criminales.
Pero además de sicarios y fusiles de asalto, utilizan prestanombres, falsifican escrituras de la propiedad y crean empresas “fantasmas” con el fin de ordeñar los terrenos de terceros.
Y es que tan solo el 11 de marzo pasado, la Procuraduría General de la República presentó a siete personas que habían robado cerca de 150 mil litros de combustible entre Cadereyta y Reynosa con un valor aproximado a 1.5 millones de pesos.
Mientras el CDG controla fundamentalmente el área cercana a Reynosa, Los Zetas mantienen el bastión de Cadereyta.
Pero cuando no disparan, levantan o mutilan unos a otros, Zetas y CDG buscan alternativas más sofisticadas para posesionarse de terrenos donde hay ductos de Pemex.
Así que en Nuevo León hay varios litigios civiles y penales por la posesión de la tierra en esos predios.
Los propietarios originales de los terrenos se ven obligados a enfrentar juicios por las dos vías -penal y civil- para tratar de recuperar su propiedad.
Pero mientras los criminales entran armados a los lotes y se posesionan para ordeñar los ductos.
De tal manera que cuando no hay plomo de por medio, montan empresas para sustraer ilegalmente los hidrocarburos.
Una denuncia que presentó un particular de Monterrey que tiene terrenos por donde hay ductos de Pemex indica paso a paso cómo operaron los delincuentes.
Se trata de un predio de 40 hectáreas que fue adquirido en 1969 por la familia, pero que desde hace tres años es motivo de juicio por un sofisticado proceso de fraude y despojo con el fin de ordeñar los ductos.
Esa porción de terreno de 40 hectáreas es parte de un terreno de 280 ubicado en las inmediaciones de la comunidad de San Miguel de los Garza, en Escobedo.
Una escritura presuntamente apócrifa fue incrustada en los libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para sustituir el título original de los propietarios originales.
La denuncia es por la escritura número 7,648, fechada el 1 de septiembre de 2009, donde una pareja supuestamente transmitió la porción de terreno a un tercero.
Y uno de los que se ostentan como propietarios es hijo de quien vendió el terreno originalmente en 1969.
Es decir, sabía lo que hacía.
Pero las argucias legales no terminaron ahí.
Para tratar de perder la huella de la supuesta falsificación de escrituras, el 14 de septiembre de 2009 las 40 hectáreas fueron retransmitidas mediante la escritura 7,660 a una empresa comercializadora.
Este es un proceso en el que no sólo se involucraron notarios públicos y empresarios, sino aparentemente también funcionarios públicos.
Porque desde que la escritura fue presuntamente incrustada en un libro del Registro Público de la Propiedad, tuvo que haber participación de servidores públicos.
Por este caso hay dos averiguaciones previas abiertas por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena.
Los abogados que representan a la familia despojada tienen el objetivo de demostrar la presunta falsedad de los títulos de propiedad.
El despojo se complica
El caso cayó en manos del fuero federal cuando la PGR abrió una línea de investigación por sustracción ilegal de hidrocarburos en el terreno despojado.
Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizó el 19 de octubre de 2009 seis pipas que “ordeñaban” ilegalmente miles de litros de hidrocarburos en los ductos subterráneos que atraviesan el terreno.
También fueron detenidas por las autoridades federales seis personas implicadas en ese robo.
Esto sucedió poco más de un mes después de que se retransmitieran las 40 hectáreas del terreno a la empresa comercializadora.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso Reporte Índigo demuestran que en 1977 Pemex compró a los propietarios originales el derecho de vía por el que pasan los ductos que fueron “ordeñados”.
El caso se complicó cuando los presuntos despojadores se ampararon ante las indagatorias de la PGR y los operativos que el Ejército realizó en el terreno.
Los accionistas de la comercializadora pidieron que se levantaran los aseguramientos para vender las hectáreas presuntamente despojadas, de acuerdo con los abogados consultados.
E incluso, señalan, el fiscal encargado del caso planteó la posibilidad de extinguir el dominio de la propiedad.
Los abogados aseguran que hasta la fecha no han sido citados por el Ministerio Público Federal para comparecer y que nunca tuvieron acceso al expediente judicial.
La averiguación previa por sustracción de hidrocarburos nunca se consignó.
Negocio Zetas vs. CDG
Tan sólo entre 2007 y 2011 se detectaron 46 tomas clandestinas en General Bravo, 45 en Montemorelos, 32 en Cadereyta y 31 en Apodaca y 29 en Escobedo, según datos oficiales de Pemex.
El Ejército aseguró el 16 de septiembre de 2011 casi 300 mil litros de gasolina y diesel extraídos ilegalmente en una de las tomas clandestinas más grandes en la historia de Nuevo León ubicada en Escobedo.
Fuentes militares señalan a Reporte Índigo que en Cadereyta y Escobedo operan bandas de “ordeñadores” al servicio tanto del cártel del Golfo como de la organización delictiva Los Zetas.
Un documento desclasificado de Pemex indica que las autoridades federales han reforzado los derechos de vía en México, pero que “los grupos delictivos utilizan túneles de hasta 200 metros o derivaciones de más de 4 kilómetros hacia bodegas”.
En un reporte de febrero pasado, Pemex ubicó a Nuevo León en el cuarto lugar a nivel nacional en el robo de hidrocarburos, por debajo de Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.
