Vanesa iba a su trabajo cuando se dio cuenta de que estaba siendo seguida por una camioneta. Echó un vistazo y vio que el conductor era su pareja, de quien estaba intentando separarse y al que había denunciado dos años antes en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Ella tenía órdenes de protección vigentes. Pero mientras el hombre la seguía desde el vehículo solo se le ocurrió llamar a su familia, amigos o a su abogado para que le dijeran qué podía hacer porque sentía miedo. Por la zona en la que estaba, le recomendaron acercarse a Casa Jalisco, donde el gobernador sostenía una reunión con el Fiscal estatal.
No sirvió de mucho. Vanesa pidió ayuda a uno de los policías estatales que resguardan la casa del Ejecutivo, pero mientras esperaban el apoyo el hombre arrancó su camioneta contra ellos y los arrolló. Bajo el auto, sacó un cuchillo y la agredió. Su blanco siempre fue ella, a la que demasiado tarde otro guardia trató de salvar disparando contra él.
Ahora su caso ha tomado un cariz simbólico. “Pareciera que la violencia contra las mujeres tocó a la puerta del gobernador para que sea vista”, expresó Alejandra Cartagena López, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco.
Como Vanesa otras mujeres en Jalisco han sido asesinadas en el estado bajo órdenes de protección, lo que evidencia la debilidad de esta medida fundamental para prevenir la violencia de género contra las mujeres. Esta situación se ha vuelto preocupante incluso para las autoridades federales.
“Necesitamos seguimiento y una medición del impacto (de las órdenes de protección) porque ya cuando una mujer llega a denunciar pasó por muchas cosas y lo que no puede pasar es que tenga una orden de protección y se nos muera o la maten”, dijo Candelaria Ochoa Avalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en su última visita a Jalisco.
Ochoa Avalos mencionó que la situación de Jalisco es preocupante porque el número de órdenes de protección es muy alto en comparación con otros estados y sin embargo es el tercer lugar en desaparición de mujeres y el quinto en agresiones físicas
La funcionaria federal señaló el pasado 10 de abril, durante la instalación del grupo de trabajo de la Alerta de Género en Jalisco, que en la entidad hay cerca de 18 mil órdenes de protección.
Aunque los datos disponibles en la información pública del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) indican que éstas son 14 mil 183.
No obstante, aún cuando Jalisco muestra cifras debajo de lo mencionado por la comisionada nacional se encuentra en el lugar número uno en la emisión de estas medidas.
Medidas fallidas
El asesinato de Vanesa no es el único donde la orden de protección falló.
En marzo pasado, Reporte Índigo reveló que entre el 2017 y 2018 al menos cinco mujeres con estas medidas fueron víctimas de feminicidio por sus agresores e incluso en algunos casos no se les garantizó ni un mes más de vida.
Las órdenes de protección son una medida legal fundamental para las mujeres que son víctimas de una violencia sistemática, que obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto y hacerse cargo de la seguridad de las víctimas.
Actualmente en Jalisco existen tres tipos: de emergencia, preventivas y de naturaleza civil.
Estas acciones están contempladas en la ley que regula la actuación de la autoridad en temas de violencia contra las mujeres, pero no así en los reglamentos que especifican la actuación de los funcionarios de Jalisco, como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en diciembre pasado.
El tiempo en el cual se puede otorgar una orden puede tardar hasta ocho horas y tener una vigencia de 72, con posibilidad de prórroga. Algunas de sus limitantes para la seguridad de las personas son quienes en la ley están contempladas para solicitarlas.
Mientras que la CNDH contempla la existencia de más solicitantes en otras entidades o en la Ley General, como puede ser cualquier persona que tenga conocimiento del estado de riesgo de la víctima, como hijos, abogados o cualquier servidor público que tenga especialidad en asuntos de violencia de género.
La situación de Jalisco es preocupante porque el número de órdenes de protección es muy alto en comparación con otros estados al tener entre 14 mil y 18 mil medidas emitidas
Ante el caso de Vanesa, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez expresó un mensaje a través de sus redes sociales en donde les dijo a las mujeres que no están solas, que levanten la voz. Pero lo cierto es que hay diversas deficiencias en el sistema de protección a las mujeres que no pasan simplemente por una omisión ocasional, como lo mencionó el gobernador en su posicionamiento.
Hace un mes Reporte Índigo publicó que cinco mujeres que se encontraban bajo protección habían sido asesinadas. Lee aquí: Custodia fallida
Autoridades incompetentes
El diagnóstico sobre políticas y procedimientos policiales municipales para el seguimiento y atención de órdenes de protección en situaciones de violencia contra las mujeres, elaborado en la pasada administración, menciona que el desconocimiento de las autoridades sobre cómo actuar es un punto fundamental que vulnera la seguridad de quienes deberían estar bajo su resguardo.
Una de las limitaciones sobre la ruta de atención en el Centro de Justicia para las Mujeres sobre la responsabilidad de la policía municipal es que tienen un nulo acceso y conocimiento del nivel de riesgo y carecen de un plan de seguridad de las mujeres receptoras.
No hay una homologación en los criterios de actuación y la comunicación mediada por la flagrancia en las agresiones sigue imperando. “Pero no una comunicación donde se priorice apartar o disminuir el riesgo latente que vive la mujer receptora”, se señala en el documento oficial publicado en septiembre de 2018.
El diagnóstico advierte que aunque Jalisco es líder en el número de órdenes de protección, no todos los casos merecen el mismo nivel de atención e incluso se detectó que en algunos casos no se requería de la emisión de esta orden, lo que impide que se pueda tener un mapa de riesgos sobre cada caso y así dar prioridad a los que se consideren como de riesgo muy alto.
