La Cámara de Senadores aprobó el dictamen de modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que determina que los concesionarios de la radio y la televisión creen su propio código de ética para evitar que se transmita publicidad, propaganda y opinión, como información periodística.
Con 72 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, fue aprobado el dictamen, que organizaciones civiles como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) lo han señalado como una medida “regresiva y atentatoria de los derechos de las audiencias”, a menos de un año que se celebren elecciones en el país.
La Amedi indica que el párrafo III del artículo 256 de la LFT, habla de la obligación de los concesionarios para que diferenciaran “con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presente”.
No obstante, el nuevo párrafo IV del mismo artículo, enuncia “Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su Código de Ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción”.
Es decir, que cada concesionario tomará la decisión de comunicarle a las audiencias de si el contenido que publica es o no propaganda. Por ejemplo, aspirantes a algún cargo político podrían comprar espacios en medios de comunicación, presentados como notas periodísticas que de fondo hayan representado un pago por tiempo de propaganda o publicidad.
La Amedi ha expresado a través de un comunicado que “existe una violación al principio constitucional de prohibir la transmisión de publicidad presentada como información periodística o noticiosa, porque la vincula al código de ética” de la empresa de radio o televisión.
De esta manera, cada concesionario será su propio árbitro, despojando de esa responsabilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dependencia encargada de sancionar a televisoras y radiodifusoras por no advertir la diferencia entre espacios propagandísticos o de opinión, de la información periodística.
El dictamen será remitido al Ejecutivo, tras la aprobación en las cámaras de Senadores y Diputados. El 27 de abril, la Cámara baja aprobó el dictamen, con 218 votos a favor, 18 abstenciones y 4 en contra. En su posicionamiento por la aprobación, Lía Limón, diputada del Partido Verde y presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, expresó que los derechos de las audiencias quedarían protegidos con las modificaciones a la LFT.
De esta manera, cada concesionario será su propio árbitro, despojando de esa responsabilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dependencia encargada de sancionar a televisoras y radiodifusoras por no advertir la diferencia entre espacios propagandísticos o de opinión, de la información periodística.
La Amedi, desde que se discutían dichos cambios, lo denunció la contrarreforma legislativa como un “atropello que se busca ocasionar a los derechos de las audiencias a cambio de favores políticos y engaño publicitario”.
