La subcontratación de empresas o trabajadores en el país es uno de los temas centrales en materia laboral que debe revisarse. El abuso de este sistema ha derivado en que miles de empleadores ignoren responsabilidades fiscales y patronales a las que están obligados por ley.
Pese a que en el Congreso de la Unión se discute una nueva reforma laboral que tiene como puntos principales la justicia laboral y la libertad de afiliación sindical de los trabajadores, se abre un nuevo debate en torno a cuándo se regulará el esquema también llamado “outsourcing”.
“Yo terminé en esa empresa por salud mental”, relata Alonso Villavicencio de 28 años.
El joven a eso resume los dos años y tres meses que laboró como técnico auxiliar de mantenimiento a través del esquema de subcontratación.
Por 3 mil 800 pesos quincenales, lo equivalente a dos y medio salarios mínimos actuales, Alonso desempeñaba su trabajo reparando desde fallas eléctricas en aires acondicionados y sistemas de agua potable, así como controlando la humedad y variaciones del clima en almacenes, entre otras actividades. “¡Vaya! Todólogo como muchos”, así explica las funciones que tenía.
Debido a que Alonso estaba contratado por una empresa diferente a la que realmente le prestaba su servicio, exigir pagos por horas extras o el simple hecho de conocer el estatus en el que se encontraba su afiliación al seguro social, era comenzar un camino burocrático que solo dejaba al descubierto la discrecionalidad con la que operaba el lugar donde laboró.
“Te segregan. Al inicio te dicen que aunque seas ‘outsourcing’ eres parte de la ‘familia’, que lo único que cambia son los salarios de un lado al otro, pero no solo es eso.
“Cuando solicitaba un apoyo para saber los días feriados de descanso –en mi caso al ser de ‘mantenimiento crítico’ debía estar disponible 24 horas por siete días– simplemente te dice la empresa grande ‘pregúntale a tu empresa’; vas a tu empresa y te dicen ‘lo que diga el cliente’; prácticamente se echaban la bolita el uno al otro”, dice Villavicencio.
El esquema de subcontratación fue regulado en México a partir de la reforma laboral del 2012, al final del sexenio del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, esta figura ya era utilizada por algunas empresas desde años anteriores sin que hubiesen reglas claras sobre su empleo, señala Andrés Rodríguez, experto en derecho laboral del despacho Santamarina y Steta
“El régimen de subcontratación ya funcionaba desde mucho antes de la reforma laboral de 2012, y debió tener un ‘boom’ alrededor del año 2000. Antes del 2012 era una realidad de la cual no había una regulación específica”, expone el especialista.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo de hace siete años buscó evitar la evasión de obligaciones fiscales por parte de los empleadores y el compromiso compartido con el trabajador entre el patrón directo y la empresa que recibía el servicio final.
Pese a las buenas intenciones, todavía existen malas prácticas como la ocurrida a Alonso: empleadores que mediante el outsourcing evaden impuestos y atropellan derechos laborales como el no reconocimiento de la antigüedad, la elusión de responsabilidades patronales o el reportar salarios más bajos de los reales entregados a los empleados ante instancias como el IMSS o el Infonavit.
El outsourcing que se apega a la ley ocurre cuando se contrata formalmente a los trabajadores, se cumple con los mínimos legales para las contribuciones de la seguridad social y se pagan los impuestos debidos
La reforma laboral del 2012 también previó nuevas dinámicas de contratación en el mercado del trabajo como señalar “periodos de prueba”, “contratos de capacitación inicial” y trabajo temporal.
En la nueva modificación a la LFT que se encuentra en el Poder Legislativo, se dejó a un lado la revisión del outsourcing. Dicha reforma, que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado para su análisis, no contempla la regulación de este sistema, aunque legisladores afirman que en esta legislatura será revisado.
Para Andrés Rodríguez las prácticas por parte de los empleadores mediante el outsourcing se pueden dividir en “buenas” o “malas”, especialmente cuando éstos utilizan esta modalidad de contratación para no hacerse responsables de sus obligaciones patronales y fiscales.
“A mí parecer el malo es aquel que busca esquemas de planeación fiscal, la verdad es que solamente es un nombre elegante porque es una planeación montada en esquemas muy agresivos, donde lo que se busca es pagar menos contribuciones a la seguridad social y pagar menos impuestos a través de salarios”
En contraste, detalla el especialista, la subcontratación que se apega a la ley ocurre cuando un empleador contrata formalmente a los trabajadores, cumple con los mínimos legales para las contribuciones de la seguridad social y paga sus impuestos.
Alonso recuerda que sus compañeros de trabajo le decían que la empresa para la que laboraba lo tenía dado de alta con el salario mínimo, situación que en la realidad no sucedía. Además de contar con seguro social, tenía un fondo de ahorro que recibía el mismo día que su aguinaldo, sin otras prestaciones.
“En este instante que ya entiendo mejor las cosas, pienso ‘qué poca’, de tenerme dado de alta como mi puesto lo indicada, quizás hubiese alcanzado más rápido el mínimo para un crédito de vivienda”, agrega Villavicencio.
Esquema fracasado
Al hacer un comparativo sobre el empleo en México de finales de 2012 con el último trimestre de 2018, se puede comprobar que hay retrocesos en materia laboral o que los avances han sido muy pocos.
En agosto de 2018, durante la conferencia “Informalidad en su máximo nivel: Más de 30 millones de mexicanos en la precariedad laboral”, organizada por la UNAM, especialistas en economía señalaron al outsourcing como uno de los factores que mantienen en precarización el mercado laboral en el país.
Los académicos de esta casa de estudios destacaron que en México la subcontratación representaba un 10 por ciento de los trabajadores, es decir, alrededor de 5.5 millones de personas ocupadas al año pasado
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), revelan que a partir de que se reformó la LFT en 2012, las personas ocupadas tuvieron un menor salario con el paso del tiempo.
Mientras en el cuarto trimestre de 2012 el nueve por ciento de la población ocupada recibía hasta un salario mínimo, para diciembre de 2018 la cifra fue de 12 por ciento.
El porcentaje de mexicanos que recibían por su trabajo entre uno y dos salarios mínimos también se engrosó, del 26 por ciento en la última parte del 2012, a 32 por ciento en diciembre de 2018.
Otro dato que refuerza esta reducción en las percepciones salariales de los trabajadores es que el sector que ganaba entre dos y tres salarios mínimos se redujo, al pasar del 27 por ciento en 2012 a un 22 por ciento en 2018.
Es por ello que aun cuando existe un récord de inscripciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual registró a 3.5 millones de afiliados el sexenio pasado –lo que indica que hubo más empleos en la formalidad–, las condiciones del trabajo son cada vez más precarias debido a que los salarios son menores que en años anteriores.
Existe otro aspecto que da cuenta de la precarización laboral, y es que de los 36.9 millones de trabajadores remunerados, el 44 por ciento (16.4 millones) no tiene acceso a instituciones de salud y el 36 por ciento (13.3 millones) no cuenta con prestaciones laborales.
Además de que solo cuatro de cada diez trabajadores en México tiene un trabajo seguro, pues firmó un contrato de base, de planta o por tiempo indefinido; el resto, tiene un empleo temporal, tiene un contrato de tipo “no especificado” o trabaja sin un convenio laboral.
La intención de la reforma laboral de 2012 era traer versatilidad al mercado laboral, sobre todo para empresas que deben adaptarse modificando sus productos y servicios, pero esto también derivó en que empleadores buscaron no pagar derechos ni tener alguna responsabilidad con los trabajadores, opina la senadora Patricia Mercado
“Creció la informalidad en el sector formal de la economía. Es un modelo fracasado. No aumentó la economía, la productividad, necesitamos un esquema con mayores derechos”, añade la legisladora por Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta.
Para el senador de Morena, Pedro Haces Barba, el outsourcing se ha convertido en un mecanismo que atropella derechos de los empleados como la antigüedad laboral además de ser un impedimento para el acceso a una vida digna.
Con la regulación al outsourcing en el 2012 lo que se buscó fue traer versatilidad al mercado laboral, sin embargo, este esquema lo que promovió fue la informalidad y el atropello de los derechos laborales
“No solo acorta la vida laboral de un trabajador cuando en una empresa tiene 25 o 30 años trabajando y le van cambiando las razones sociales cada 3 o 4 meses; cuando termina su vida laboral el individuo pues se puede dar cuenta que no tienen ningún crédito en ningún lado y eso es por el outsourcing”, detalla Haces Barba, también dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
Discusión a mediano plazo
Aun cuando la discusión sobre una nueva regulación de la subcontratación en el mercado laboral no fue incluida en la reforma laboral reciente, legisladores consideran que en un mediano plazo se pondrá este punto sobre la mesa.
En el Congreso de la Unión ya existen iniciativas que proponen cambios a este régimen laboral, entre ellas posturas radicales que buscan eliminar el outsourcing y otras para regularlo, lo cual indica que el diálogo por este tema podría darse en el próximo periodo legislativo que inicia en septiembre
A finales de marzo, Blanca Estela Piña Gudiño, senadora de Morena, informó que su grupo parlamentario presentará una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos con el propósito de prohibir la subcontratación, bajo el argumento de que ha representado la pérdida de derechos de millones de trabajadores.
El 3 de abril Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado de Movimiento Ciudadano, se sumó a esta postura y presentó una iniciativa que deroga diversas disposiciones de la LFT para modificar la práctica del outsourcing.
“Uno de los principios revolucionarios era que a los campesinos, jornaleros, obreros y demás se les respetaran sus derechos laborales con posibilidad de crear un sindicato para su defensa contra el patrón. Estos principios aún deben de seguir vigentes, pero se vulneraron al publicarse el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación la aprobación de la subcontratación, mejor conocida como outsourcing, que deja en un estado de indefensión al trabajador ante un despido, a exigir un salario digno, a tener prestaciones por ley y seguridad social”, señala Espinoza Cárdenas en la exposición de motivos.
Con respecto al porqué no se incluyó la regulación a la subcontratación desde esta reforma laboral, Patricia Mercado afirma que su objetivo principal de pasar la justicia laboral al Poder Judicial mediante Tribunales y la libertad de afiliación sindical se hubieran desvirtuado.
“El tema es un nuevo modelo de justicia, la contratación colectiva y la libre sindicalización, ese es el objetivo de esta reforma, entonces meter otros temas descuadran la materia que es la reglamentación a la reforma que se hizo en el 2017.
“Hay varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre el tema del outsourcing, desde desaparecer completamente la figura, que de alguna manera se legalizó en el 2012, hasta una reglamentación, entonces creo que va a ser el siguiente tema”, expresa la senadora
Andrés Rodríguez considera que la reforma actual tendrá una trascendencia relevante sobre las denuncias que involucran relaciones empleado-patrón. También expresa que propuestas como la de Morena, deeliminar la subcontratación, no son lo más conveniente; en contraste, propone que el Estado fortalezca la fiscalización de los empleadores que no están cumpliendo con la ley.
“Me parece exagerado que ciertos actores políticos pidan que se acabe la subcontratación, porque no hay un análisis claro de la realidad de nuestro país, creo que es importante que revisen el outsourcing tan satanizado pero también cuántas fuentes de empleo pagado y formales existen en México antes de dar un golpe de timón de esa naturaleza. Es cerrar los ojos a una realidad, es un exceso”, añade el experto de Santamarina y Steta.
Vigilancia, no eliminación
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, asegura que la regulación del outsourcing tal y como está actualmente permite diferenciar las buenas y las malas prácticas de los empleadores.
“Las leyes que ya existen señalan las prestaciones que debe tener cada trabajador y las normas que deben cumplir los patrones. Las autoridades como el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deben vigilar y ser absolutamente intolerantes con las malas prácticas como la defraudación fiscal, pagar salarios nominales por debajo del real o entregas en efectivo”, explica De Hoyos.
El representante de la Coparmex agrega que es importante no estigmatizar a todas las empresas involucradas en la subcontratación, pues hay empresas que lo hacen de manera legal.
“Todas las malas prácticas nosotros las condenamos, no las compartimos, las rechazamos en Coparmex; pero insisto, es muy importante no estigmatizar el outsourcing porque hay empresas que lo hacen de manera muy eficaz”, expone
Ante las propuestas de eliminación de la subcontratación en el Congreso, la postura de la Coparmex es que este esquema sea vigilado en vez de que se deseche.
“El outsourcing cuando se trata de empresas que cumplen con las obligaciones fiscales y de seguridad social y con las prestaciones legales, es una práctica internacional que no solamente debe de mantenerse sino que también debe de estimularse, porque genera empleo y es buena para la formalidad”, comentó Gustavo de Hoyos.
