‘Paciencia en Terralta, para que todos ganen’

Ante la disputa legal por el desarrollo Terralta, en García, la única alternativa es que los acreedores esperen a que se desarrolle el proyecto para que les paguen a todos.

La posición conciliadora es, que debido a la serie de contrapuntos legales por el proyecto inmobiliario y club de golf, haya confianza y paciencia para que el valor de la tierra se incremente con el desarrollo de los servicios.

El conciliador del juicio mercantil, Ernesto Canales, explicó que hay acreedores que no tienen su deuda registrada dentro de la empresa.

Así que incluso por fuera del proceso conciliador, buscó intermediar para que éstos esperen a que el desarrollo permita a todos los socios ganar dinero.

En cambio, con la serie de contrapuntos legales, el proyecto Terralta podría caerse y toda la gente que invirtió dinero en él, perdería ese capital.

“Es el caso clásico en que un acreedor tiene que esperar más del tiempo convenido para que se den condiciones en las cuales se logre el valor agregado que en su oportunidad no se dio”, explica Canales.

“Es un caso en que todos los que de alguna manera representan un interés en un negocio, tienen que coordinarse para sacarlo adelante”.

Y respecto a deudas en lo personal, que no están incluidas en la contabilidad de Inmobiliaria Terralta, Canales habla sobre uno de los acreedores.

“Como conciliador revisé, con asesores inclusive, la contabilidad de la empresa y no aparecían registrados como créditos de la empresa los de Martín Gallardo (acreedor) y así se lo hicimos saber y se lo demostramos.

“Sin embargo, ante las pretensiones de Martín Gallardo, yo provoqué reuniones con el accionista principal de Terralta, que es una entidad jurídica distinta a la de la empresa.

“Y como resultado de esas reuniones, el accionista le ofreció a Martín Gallardo, en mi presencia, propiedades que en el futuro podrían llegar a tener un valor importante de lograrse el fraccionamiento”, advierte Canales.

La intrincada historia del proyecto comenzó con Alberto Jaime Martínez Fernández, que luego de negocios exitosos quiso emprender el desarrollo inmobiliario y Club de Golf Terralta.

Aparentemente, tenía una intención puramente de negocios, pero no midió la envergadura financiera del proyecto.

En 2003 inició la venta de acciones del Club de Golf, a través de Consorcio Promesa, S.A. de

C.V., e Inmobiliaria Terralta, que actualmente está en quiebra.

En Promesa inició la venta de acciones, a precio de unos 30 mil dólares cada una, captando así dinero de los inversionistas, entre ellos de muchas familias de empresarios sampetrinos.

En la documentación indican que Inmobiliaria Terralta es propietaria de 277  hectáreas y 70 serán para el Club de Golf.

Ambas empresas estaban representadas por Alberto Jaime Martínez Fernández.

Para iniciar el club y el proyecto inmobiliario, Terralta contrató créditos, entre ellos está uno por 8.4 millones de dólares con D’ Capital Consultores, S.A. de C.V.

Es un crédito contratado en 2005 y es el más alto de un solo acreedor, al que tuvo acceso Inmobiliaria Terralta.

Esos pasivos fueron certificados con hipotecas y garantías prendarias de la familia de Alberto Jaime Martínez Fernández.

Pero además, entre el 2006 al 2009, contratan otros créditos con diversas personas, entre ellos Martín Gallardo, por más de 120 millones de pesos, pasivo que no está registrado en la contabilidad de Terralta.

Ante tanto manejo de dinero, el SAT hace una auditoría y le abre un crédito fiscal a Terralta por más de 90 millones de pesos.

Al no pagar a sus acreedores, D´Capital presenta una demanda ante el Juzgado Tercero concurrente, bajo el expediente 141/2007, y séptimo concurrente, folio 144/2007.

Así que entonces se constituye Terralta Dos, el 9 de marzo de 2009, por José Gómez Cañibe y una empresa representada por él mismo: Pargo, S.A. de C.V.

Un año después de la creación de Terralta Dos, el 22 de abril de 2010, D´Capital cede los derechos de la deuda a Terralta Dos.

El pago de Pargo a D´Capital por los derechos de esa deuda es de 7 millones de dólares.

Así que tres meses después de que Gómez Cañibe compró los derechos litigiosos de la deuda a D Capital, el 21 de julio de 2010, se firma ante Notario Público la escritura en la que Terralta otorga en dación de pago las 227 hectáreas de Pájaro Seco y Mesa de Los Nogales.

El costo estimado de la dación es de 8.4 millones de dólares, unos 110 millones de pesos.
Por ello aquí es donde los acreedores hablan de una operación ruinosa, porque según ellos Terralta no puede pagar 110 millones de pesos con tierras que valen unos 420 millones de pesos.

Y el 11 de julio de 2011 se dictó sentencia declarando en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta.

Para el concurso la autoridad nombró conciliador a Ernesto Canales y como síndico a Roberto Barquera.

Pero los acreedores exigieron cancelar esta operación en la que se transmitieron los bienes de una empresa a otra.

De tal manera que el 28 de febrero de este año dictaron sentencia y se modificó la fecha de retroacción que había sido establecida el 18 de octubre de 2010. El juez la pasó al 21 de abril de 2010.

Esta modificación indica que la fecha en que se transmitieron las tierras de una compañía a otra queda dentro de los días de retroacción fijados por el juez.

Y ahora los acreedores buscan que de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, la operación de transmisión de tierras no surta efectos.

Su objetivo es que entonces las tierras regresen a la original Terralta y ésta debe hacer frente a

sus acreedores vendiendo los lotes para pagarles.

Sin embargo, la parte que adeuda dice que en ese caso la tierra pasaría a D’ Capital Consultores, que podrían nuevamente entregarla a Terralta Dos, porque ésta compró los derechos de esa deuda.

Es un punto intrincado que podrían generar más demandas, en lugar de conciliar intereses.

Y a esto hay que añadirle que la tierra está en proceso de una disolución de comunidades agrarias.

Predios de Terralta están en el limbo

Las tierras que son motivo de disputa jurídica entre desarrolladores y acreedores todavía están en proceso de disolución de comunidad agraria, trámite que depende del gobierno estatal.

Por César Cepeda

Las tierras comunales actualmente en disputa porque forman parte del proyecto inmobiliario Terralta, están sujetas a un proceso de disolución de copropiedad ejidal que depende directamente del Gobierno del Estado.

No será hasta que concluya este procedimiento cuando se determine quiénes son los particulares que tienen derechos sobre esta extensión territorial de unas 277 hectáreas, ubicada en el municipio de García.

El futuro de este desarrollo inmobiliario, que incluye un campo de golf, está en manos de la Dirección de Asuntos Agrarios que depende de la Secretaría General de Gobierno.

El 13 de mayo de 2011, el gobernador Rodrigo Medina publicó el decreto para someter a un procedimiento de disolución la copropiedad rural de los parajes Mesa de los Nogales y Pájaro Seco.

El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado está firmado por el mandatario estatal y por el entonces secretario General de Gobierno, Javier Treviño, hoy diputado federal electo del PRI.

Los procesos de disolución de las copropiedades rurales comprenden  diligencias de apeo y deslinde, de reconocimiento de derechos, de planificación, división y el proceso de otorgamiento de títulos de propiedad.

Según abogados consultados, el proceso de disolución ejidal relacionado con el proyecto Terralta está avanzado y podría ser concretado este mismo año.

En el decreto se establece como antecedente que el 25 de febrero del 2009, Bonifacio Sepúlveda Treviño y otras personas que se presentaron como comuneros, solicitaron por escrito al Ejecutivo estatal iniciar el procedimiento de disolución.

Los comuneros acreditaron derechos sobre esta extensión a través de la carta de dote del año de 1626, entregada por el capitán Diego Rodríguez y Sebastiana de Treviño, a su hija Mónica Rodríguez, quien dio origen a la comunidad de “Los Nogales” en el municipio de García.

Los documentos fueron certificados según el decreto del 24 de julio de 2009 por el entonces secretario de ayuntamiento de Monterrey, Arturo Cavazos Leal.

Al proceso de disolución se adhirieron reclamando derechos sobre esta tierra los particulares Rogelio Armando Hernández Santos, Diana Elena Pader Cantú, José Gómez Cañibe, Mauricio Sánchez Woodworth Álvarez Morphy, Jesús Orlando Pinales Garza y Juan Francisco Pulido Ávalos.

En estos procedimientos el Gobierno del Estado se reserva para sí el 30 por ciento de la extensión territorial para financiar los costos de la regularización, o para crear un fundo legal.
La Dirección de Asuntos Agrarios del Estado, a cargo de Emilio Carlos Treviño Lecea, encabeza las operaciones relativas al procedimiento de disolución de esta copropiedad rural.

Esta dirección depende directamente de la Secretaría General de Gobierno, actualmente a cargo del ex dirigente del PRI, Álvaro Ibarra.