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Los necios se conjuraron y hoy los regiomontanos tendrán que pagar 14 millones de pesos más por una invasión de una propiedad privada que hizo el Municipio de Monterrey hace más de 25 años.
Desde el 2009, el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo condenó al Ayuntamiento regio a pagar 48 millones de pesos al propietario de un terreno de 8 mil metros cuadrados, invadido por una obra vial que data de la década de los 90’s.
Sin embargo, la Dirección Jurídica de Monterrey en ese entonces desacató la orden judicial y promovió una serie de recursos para evitar pagar la suma fijada al ciudadano.
Pero ninguno de los medios promovidos prosperó y ahora la autoridad municipal está condenada a cubrir adicionalmente 14 millones de pesos por los intereses moratorios que se generaron por el retraso.
La Dirección Jurídica regia, a cargo de Eulalio Meléndez, recurrió a toda clase de argucias para no pagar esta indemnización al propietario original de este lote, ubicado entre el Bulevar Miguel de la Madrid y avenida Constituyentes de Nuevo León.
El Poder Judicial de la Federación desechó dos juicios de amparo que presentó la administración municipal que encabeza la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.
El 3 de septiembre de 2013, el Municipio regio promovió el juicio de amparo 1508/2013, que fue desechado por improcedente por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
Y después promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado, que también fue sobreseído por los magistrados por improcedente.
Con anterioridad, la administración del exalcalde Fernando Larrazabal había promovido en el 2011 un amparo directo en revisión que la SCJN desechó, también por improcedente.
Con Larrazabal, la Dirección Jurídica estuvo a cargo de Adrián González, hoy diputado local y cercano a Eulalio Meléndez.
La semana pasada, el Cabildo de Monterrey autorizó pagar la indemnización de 62 millones de pesos para evitar que el incumplimiento de la sentencia llegara hasta la SCJN y se registrara una situación como la vivida hace un mes por el alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez.
La afectación que hizo el Municipio de Monterrey es de 7 mil 567 metros cuadrados por la construcción de un viaducto de acceso para la avenida Constitución y la avenida Constituyentes de Nuevo León.
Los registros que existen, indican que la obra vial se construyó a inicios de los años 90´s.
El 13 de octubre de 2000, días antes de que concluyera la gestión del alcalde Jesús María Elizondo, el Municipio firmó un convenio de indemnización para resarcir al particular los daños y perjuicios causados por la afectación vial.
El convenio fue firmado por el entonces alcalde, Jesús María Elizondo; Arnulfo Flores Rodríguez, secretario del Ayuntamiento; Jaime García Barraza, síndico segundo, y Nicolás Alvarado González, director de Patrimonio.
El documento está firmado además por Jorge Garza Cantú, propietario del terreno afectado.
Entre el 2000 y 2008 el particular mantuvo negociaciones con tres administraciones diferentes, pero no logró que ninguna le pagara por lo cual recurrió a un juicio contencioso para reclamar la indemnización.
El juicio contencioso administrativo fue promovido el 2 de junio de 2008, radicado en la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 399/2008.
El 30 de octubre de 2009, la Segunda Sala Ordinaria declaró procedente el reclamo y ordenó que el Municipio pagara una indemnización al particular por 47 millones de pesos.
La sentencia fue firmada por Aurora Gámez Cantú, entonces magistrada de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero el Municipio regio se negó a pagar la indemnización, y no fue hasta que el Poder Judicial de la Federación ordenó el cumplimiento a través de una sentencia de amparo.
Hoy, la alcaldesa Margarita Arellanes tendrá que pagar los 48 millones de pesos del avalúo de la propiedad afectada y 14 millones de pesos más por intereses moratorios.
