El Índice Global sobre Políticas de Drogas 2021 reveló una triste y cruda realidad: México está reprobado en todas las áreas donde fue evaluado en esta materia.
De acuerdo con el estudio, el país del águila y la serpiente ocupa el lugar 26 de los 30 países analizados debido a que sigue prevaleciendo el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas.
“México está reprobado en todas las áreas de su política de drogas: ausencia de respuestas extremas (47), proporcionalidad y justicia penal (32), reducción de daños (36) y acceso a medicamentos (26).
“Con una puntuación promedio de 35, el país se encuentra por debajo de Tailandia, Uganda y Nepal, así como de países latinoamericanos como Colombia, Argentina y Costa Rica. Sólo se encuentra en mejor posición que Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil”
Además, el índice expone que en México prevalece la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el curso de las actividades antidrogas, así como la participación de las fuerzas militares en estas tareas.
También señala que se encuentra muy extendida la práctica de reclusión forzada en centros de tratamiento y que las leyes actuales han sido ineficaces para desviar a las personas que consumen drogas fuera del sistema de justicia penal.
“En gran medida, la aplicación de la política estatal de drogas resulta en el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias psicoactivas, debido a su criminalización y estigmatización”, advierte el documento dado a conocer apenas el 8 de noviembre de este año.
Aunada a esta realidad, el Índice Global sobre Políticas de Drogas 2021 muestra que las violaciones a los derechos humanos son “rutinarias” y permanecen impunes.
“Las personas supuestamente sospechosas de haber cometido delitos relacionados con drogas son frecuentemente sometidas a tortura y detenciones arbitrarias. Asimismo, la aplicación de la política de drogas tiene un impacto desproporcionado en determinados grupos étnicos, personas de bajo nivel socioeconómico y en las mujeres”.
Por último, destaca que en el país tampoco existen tratamientos dirigidos a la abstinencia ni con intervenciones de salud pública que tomen en cuenta las necesidades reales de la población usuaria.
