Diputados panistas analizan la propuesta de la bancada legislativa del PRI en el Congreso local, para aprobar la Reforma Político-Electoral del Estado, dentro del supuesto plazo adicional planteado por las autoridades federales.
Aunque la negociación luce empantanada, en el interior del PAN aseguran que los integrantes de la bancada albiazul se reunieron anoche para definir si nuevamente se sientan en la mesa de negociación con el tricolor, para llegar a un consenso político y aprobar los cambios.
La cena privada entre los legisladores de la fracción albiazul es para concretar si es factible renegociar con el PRI la aprobación de los dictámenes, constitucional y de la nueva reglamentación, que definirían las reglas para los comicios de 2015.
Los coordinadores de las bancadas del PRI, PRD, PT, Nueva Alianza e Independiente, acusaron a los panistas de secuestrar a la reforma, tras vencer el pasado 30 de junio el plazo para autorizar las modificaciones.
Los legisladores, sin embargo, aclararon que quedaba la posibilidad de replantear el tema, al considerar la versión del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual anunció que aún quedaba tiempo para aprobar los cambios.
Esto, de acuerdo con una interpretación del Artículo 105 de la Constitución federal, que establece como límite de la publicación de las reformas, al menos 90 días antes del proceso electoral.
Ante este nuevo escenario, la bancada panista advirtió que regresaría a la mesa de negociación, con la condición de que también asista el gobernador priista Rodrigo Medina.
Las otras cinco bancadas anunciaron por su cuenta que también analizarían el nuevo plazo para someter a votación los dictámenes, pero sólo si el PAN cambiaba de actitud.
En caso de que no se llegue a un acuerdo político durante esta supuesta prórroga, autoridades afirman que se tendrían que celebrar convenios entre el INE y la Comisión Estatal Electoral (CEE) para garantizar los comicios.
Reporte Indigo publicó ayer que la celebración de esos acuerdos institucionales harían que los procesos locales se adapten a la normativa federal.
Tanto el vocal ejecutivo del INE en Nuevo León, Sergio Bernal Rojas, como el presidente de la CEE, Luis Daniel López Ruiz, señalan que esto se debe a que las normas federales imperan, aunque no haya homologación en la entidad.
Sin embargo, prevén que los ciudadanos aspirantes a candidaturas independientes y a la paridad de género en los partidos políticos, tendrían que recurrir a litigios ante los tribunales electorales para reclamar esos derechos.
Estos mecanismos que podrían resarcir los vacíos jurídicos que ocasionaron el fracaso de las negociaciones legislativas están contemplados a nivel federal, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Artículo 119 de ese ordenamiento garantiza que el INE puede organizar los comicios locales.
“A solicitud expresa de un organismo público local, el Instituto asumirá la organización integral del proceso electoral correspondiente, con base en el convenio que celebren”, se lee en esa disposición.
Por otro lado, el Artículo 44 de la misma ley faculta al Consejo General del INE, para que suscriba acuerdos para asumir, atraer y delegar, los comicios locales.
Y mientras que el Artículo 48 faculta a la Junta General Ejecutiva del organismo formular convenios que deberán aprobarse antes de asumir la organización de los procesos, el 51 delega a su Secretario Ejecutivo la capacidad de suscribir dichos acuerdos con las entidades federativas.
En cambio, la fracción 10 del Artículo 81 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, también faculta a la CEE de celebrar convenios de coordinación y colaboración con los organismos electorales federales.
Pero el numeral 35 de la misma disposición advierte que sólo podrá convenir la organización de los procesos electorales de Nuevo León, con la previa autorización de las dos terceras partes del Congreso local.