El Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo León, a cargo del dirigente con licencia Mauro Guerra, postuló como precandidatos a diputaciones y alcaldías a funcionarios del Gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón.
Karen Elizondo Chávez, quien se registró por el Distrito 20, fungía como responsable del programa de gobierno Aliados Contigo. La finalidad de éste es coordinar estrategias y acciones para disminuir los índices de pobreza y marginación, sin embargo, estuvo envuelto en el desvío de recursos humanos con fines electorales para la candidatura presidencial de “El Bronco”.
La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) denunció penalmente a Aliados Contigo por realizar actividades político-electorales en 2018. Este órgano autónomo encontró que empleados de este programa estaban recolectando firmas para el gobernador, quien aspiraba a ser presidente de México.
Además, la Sala Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó un procedimiento especial sancionador contra el mandatario, que iba desde la destitución e inhabilitación hasta una multa económica. Pero su castigo fue frenado por la bancada del PAN en el Congreso local.
Acción Nacional también registró a Nicole Marie Saviñón Luttrell por el Distrito 2 de Monterrey. Anteriormente fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Integral de Seguridad Pública de Nuevo León y firmó el contrato para la adquisición por 54 millones de un dron para combatir la inseguridad.
El dirigente Guerra Villarreal, junto con la diputada local panista Claudia Caballero y el legislador federal albiazul Hernán Salinas, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León para que acelerara el proceso de sanción contra los funcionarios envueltos en la compra de esta aeronave no tripulada.
“Urge que la fiscalía anticorrupción y la fiscalía general aceleren este proceso y se dé una sanción para evitar este tipo de actos que hoy vemos que se están haciendo en Nuevo León y que se pretenden dejar impunes”, manifestó Guerra Villarreal.
Asimismo, el PAN registró a Noé Chávez Montemayor cuando aún era director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad para participar por la alcaldía de Juárez. Después pidió licencia de su cargo pero dejó a Nuevo León con la deuda de reestructurar el transporte público y además tuvo una denuncia por conspiración en Estados Unidos y fraude en México por la que su empresa, Tracomsa S.A., fue embargada por la autoridad federal.
Casinos ilegales y diputados antiderechos en el PAN
El candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Larrazabal, tiene en su espalda un pasado polémico como alcalde de Monterrey de 2009 a 2012. En ese trienio facilitó la apertura de casinos sin licencias para operar.
Además, tendrá que cargar con su hermano incómodo, Jonás, quien fue exhibido recibiendo fajos de dinero por directivos del entonces Casino Red, días después del atentado al Casino Royale, donde fallecieron 52 personas. Ambos centros de apuestas operaban en Monterrey.
“Yo tengo la conciencia tranquila y tan es así que aún y a pesar de los eventos que sucedieron en esos años, que injustamente trataron de cargar la responsabilidad en mi administración, me sometí al escrutinio público. Volví a ganar la elección de diputado federal”, dijo el candidato albiazul el pasado 16 de diciembre.
La exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, exhibió que su antecesor, Larrazabal, había permitido que cerca de 10 casinos operaran sin licencia, luego de que armó un operativo para clausurar a aquellos que no tenían permiso.
Además, el PAN podría impulsar al legislador local Juan Carlos Leal Segovia. Organizaciones civiles enviaron una carta a Mauro Guerra para que sea candidato a una diputación federal por el Distrito 8.
“Solicitamos amablemente que el actual diputado independiente Juan Carlos Leal Segovia sea considerado por Acción Nacional para participar como candidato ciudadano a una diputación federal”, menciona el documento firmado por más de 600 organizaciones civiles y agrupaciones antiderechos.
El legislador antiderechos ha causado polémica en Nuevo León por manifestarse en contra del derecho a decidir, el aborto y la diversidad sexual. En la Septuagésima Quinta Legislatura fue quien propuso la figura del pin parental.
