‘¿Para qué diablos hicimos la reforma?’

Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, dijo que escuchar al consejero jurídico de la Presidencia fue como escuchar al consejero jurídico de Televisa.

“No hace más que corroborar la sinrazón, la falta de motivos y razonamientos  para justificar lo que se quiera”, indicó.

Y es que ayer, unas horas antes de que las comisiones unidas del Senado discutieran el proyecto de dictamen de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, Humberto Castillejos saltó a la cancha del debate que acontece en el Poder Legislativo.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República estimó que la reforma legal que el Congreso de la Unión está por aprobar no tiene por objeto dañar a ningún agente económico, sino que pretende beneficiar a los mexicanos.

Tildó de falso debate la polémica que recientemente ha gestado el tema de si la preponderancia debe ser por sector o por servicio.

“Estoy convencido que ha habido un falso debate, tratar de desvirtuar la Constitución en la ley sí pondría en riesgo la declaración de preponderancia que ya hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aquí no es que de la ley dependa la declaración de preponderancia, la declaración de preponderancia ya se hizo el 5 de marzo pasado”, precisó en la primera emisión de Noticias MVS.

El jurista acudió además al dictamen de la reforma constitucional de junio de 2013 que, en su página 260, refiere el concepto de preponderancia considerando a todo un sector a diferencia de un mercado particular.

Y aseguró que el órgano regulador que creó la reforma constitucional -el IFT- ya declaró preponderantes a América Móvil y a Televisa en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente.

Por su parte, Callejas señaló que la justificación sobre la preponderancia por sector y no por mercado supondrá que “el mercado se lo repartan los monopolios que ya tenemos: que se lo repartan entre Slim y Televisa”.

Si es así, inquirió, “¿para qué diablos hicimos la reforma constitucional?”

En entrevista para Reporte Indigo, la abogada evaluó que el proyecto de dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del Senado solo trae “cambios cosméticos”.

Más aún. Consideró que respecto a la iniciativa del Ejecutivo federal empeoran algunos temas, como el referente a la concentración y la competencia económica.

Y que al buscar que se traslade tal cual el artículo octavo constitucional solo propiciará incertidumbre y dará pie a una interpretación discrecional  de la ley “que no es propio de la técnica jurídica que debe plantear calidad, criterios claros y certeza jurídica”.

Estimó que el dilema sobre si preponderancia debe ser por sector o por mercados también empeora.

“Se generan cláusulas y artículos específicos para permitir que Televisa siga ampliándose de manera muy fuerte en la televisión por cable y la restringida”. 

Otra cosa que definió como “escandalosa y violatoria de la libertad de expresión” es lo relativa a las condiciones que se imponen a los medios comunitarios e indígenas en restricciones de potencia, frecuencia, altura de antena, bandas de frecuencia pues “se les condena a la extinción”.

Calleja considera un retroceso enorme hacerlas depender de la publicidad oficial pues se busca que los presidentes municipales y gobernadores den dinero a las estaciones comunitarias que son las críticas principales de esos funcionarios. En suma, esto  “es un mecanismo de control francamente escandaloso”.

Por otra parte, la experta aseguró se va a generar una gran cantidad de litigios por la ambigüedad en la ley. Y que lo que se vincula a geolocalización e intervención de llamadas volverá a quedar sin ningún control judicial, lo que abrirá la puerta a la posible violación de derechos humanos.