Abren las puertas al dinero

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió la puerta a que los partidos políticos puedan recibir dinero de los ciudadanos, sin importar si hay o no elecciones.

Actualmente, los partidos políticos solo pueden obtener aportaciones voluntarias de sus simpatizantes únicamente en los procesos electorales.

Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF determinaron que la prohibición para que los ciudadanos puedan dar recursos económicos o en especie a los partidos que prefieran, es una limitación a su derecho de participación política.

“La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es un derecho que no se encuentra limitado a un periodo determinado, y que abarca, entre otras cuestiones, la posibilidad de realizar contribuciones a los partidos políticos.

“Por lo anterior, limitar temporalmente los periodos en los que simpatizantes pueden efectuar contribuciones no es acorde ni con la finalidad que la Constitución otorga a los partidos, ni con los derechos constitucionales y convencionales de los ciudadanos, determinó el pleno del TEPJF.

Esto cambiará la cara de los partidos políticos, pues ahora no solo irán tras los votos de los ciudadanos, sino tras su dinero; aunque con un límite.

Aunque existen topes del dinero que los partidos pueden recibir de sus simpatizantes, ahora las aportaciones serán permanentes, lo que dará ventaja al que tenga la capacidad de captar más recursos.

Ahora el balón estará en la cancha del Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá fijar las reglas sobre cómo se dará ese financiamiento privado permanente y cómo se fiscalizará.

Una de sus metas deberá ser no pervertir el modelo de financiamiento de los partidos políticos, que da prioridad al financiamiento público para tratar de que haya una competencia más equitativa.

Además, se deberá garantizar que el dinero no provenga de actividades ilícitas y que no se use como medio de presión para influir en las decisiones de gobierno.

En su estudio Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, señala que la entrada de dinero ilegal es cuantioso en las campañas políticas.

Se calcula que por cada peso presupuestal que se usa para financiar las campañas, podrían entrar cuatro pesos extras, de fuentes ilegales y que no se reportan ante las autoridades electorales.

Y no son siempre recursos que pueden venir del crimen organizado, por ejemplo; se trata de dinero que es obtenido a cambio de contratos futuros o de la triangulación o desvío de recursos públicos.

¿Cómo les llegan recursos privados?

El esquema de financiamiento de los partidos políticos en México está diseñado para que reciban más dinero público que privado y procurar así la autonomía de sus decisiones y ejercicio de gobierno; que el origen de los recursos sea transparente y lícito; y que ponga un piso parejo para todos los competidores.

La Ley General de Partidos Políticos es la que establece que los partidos políticos recibirán dinero privado de tres fuentes principales: las aportaciones de militantes; las que hagan los precandidatos y candidatos a sus propias campañas; y las de los simpatizantes durante los procesos electorales federales y locales.

Esta Ley establece que las aportaciones de los simpatizantes tendrán un límite individual anual del 0.5 por ciento del tope de campaña establecido en la elección presidencial inmediata anterior.

El INE es el encargado de establecer en pesos y centavos los límites de estas aportaciones privadas en cada proceso electoral, que pueden ser en dinero o en especie.

Para el proceso electoral 2017-2018, en que se elegirá al nuevo presidente de la República, el INE puso un límite de 78 millones 819 mil pesos para las aportaciones de militantes.

Los simpatizantes de los partidos solo pueden aportar 33 millones 611 mil pesos; el límite individual por persona física será de 1 millón 680 mil pesos.

Esto representa una fracción mínima de lo que los partidos políticos reciben de recursos públicos.

En 2012, cuando ocurrió la pasada elección presidencial, los siete partidos nacionales recibieron 5 mil 142 millones de pesos de dinero público para todas sus actividades.

Pugna por menos dinero

El cambio en esta legislación ocurre en medio del debate por la reducción del financiamiento a los partidos políticos.

En los últimos meses ha habido diversas iniciativas que buscan reducir o eliminar el acceso de los partidos políticos al dinero público.

Francisco Búrquez, senador por el PAN, propuso quitar totalmente el financiamiento a los partidos y que sean estos a través de donaciones y trabajo voluntario, que puedan continuar su labor.

En el Senado, los panistas Roberto Gil y Ernesto Cordero también presentaron una iniciativa para que se dé dinero a los partidos únicamente cuando haya elecciones y no para sus actividades ordinarias.

Desde las bancadas de Movimiento Ciudadano y Encuentro Social también se han presentado iniciativas para que los partidos ya no reciban dinero público.

Una de las propuestas más sonadas ha sido la de Pedro Kumamoto, diputado local independiente en el Congreso de Jalisco, quien ha pedido que se cambien las fórmulas para la asignación de recursos y no se tome en cuenta el padrón electoral, como se hace ahora, sino el número de votantes en cada elección. Con eso, se calcula que solo llegarían a los partidos 4 de cada 10 pesos que reciben hoy día.

Esta iniciativa, impulsada como “Sin voto no hay dinero”, no fue discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados porque los legisladores del PRI y el PVEM no se presentaron a la sesión y la Comisión se quedó sin quórum.

¿La caja de Pandora?

﷯El TEPJF resolvió esta semana que los simpatizantes podrán dar dinero a los partidos de su preferencia aunque no sean tiempos electorales; el INE deberá emitir la reglamentación necesaria.

El asunto llegó al Tribunal Electoral luego de que el PRD impugnara una sanción que le impuso el INE por haber recibido dinero de simpatizantes cuando no eran tiempos electorales.

En la discusión sobre el asunto, el magistrado José Luis Vargas se mostró en contra de la posibilidad de abrir la puerta al dinero privado de manera permanente para los partidos, porque esto podría inducir al desequilibrio de su financiamiento.

“Me preocupa que de cierta manera se pueda estar llegando a trastocar el régimen de financiamiento que, desde mi perspectiva, es una construcción de una ingeniería sensible, y que me parece que hasta ahora ha funcionado”, advirtió el magistrado, único que votó en contra de esa parte del proyecto.

“Yo la verdad es que no he conocido hasta hoy el reclamo de un ciudadano que exija que le pidan más dinero fuera del que los partidos acostumbran pedir para financiar sus actividades. No me ha tocado todavía un ciudadano que quiera participar todo el año financiando a una organización política”, criticó Vargas.

Sin embargo, otros magistrados no estuvieron de acuerdo con su postura, pues consideraron que el equilibrio de recursos no se rompe.

“Yo no tengo ninguna duda de que no altera en lo más mínimo el modelo de financiamiento (…) no alteraría la prevalencia del dinero público sobre el privado.

“No veo un riesgo de que haya dinero de militantes en cualquier momento del año, respetando las limitantes y el monto global, para ejercer una fiscalización rigurosa y profesional como la que lleva a cabo el INE”, sostuvo el magistrado Reyes Rodríguez.

Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal y encargada de realizar el proyecto de sentencia, indicó que los partidos políticos deberán someter a fiscalización también el dinero que reciban de sus simpatizantes.

“No está en la lógica del proyecto distorsionar la proporción entre financiamiento público y financiamiento privado. La única intención con esto, en la aplicación, es diversificar las fuentes de financiamiento privado en los periodos ordinarios; pero todo ello dentro de los límites que establece la propia norma.

“Este financiamiento (…) estaría sujeto a la misma fiscalización que cualquier tipo de financiamiento. Es decir, no se abre la puerta en absoluto a un ingreso de dinero no fiscalizado en la tesorería de los partidos políticos”, advirtió Otálora.

Los partidos deben demostrar que han aceptado dinero legítimo, de un donante plenamente identificado y cuyo origen de los recursos se pueda rastrear.