Partidos sin dinero público, pero ¿y el ilegal?

El sismo del 19 de septiembre –mucho más que el del día 7- hizo que los partidos políticos respondieran casi de inmediato al reclamo ciudadano de que destinaran el dinero que se les asigna a la reconstrucción del país, pero ¿no usarán otras vías ilegales para obtener recursos?

Ya hoy, a pesar de todo el dinero público que se les otorga cada año, los partidos gastan millones de pesos sin reportarlos a la autoridad electoral, tal como sucedió en las elecciones de este año en Nayarit, el Estado de México y Coahuila.

Los propios consejeros electorales del INE han alertado sobre el riesgo de que entre dinero irregular a las campañas políticas si los partidos ven restringida su entrada de recursos.

La petición ciudadana es, sin embargo, que los partidos políticos restrinjan sus campañas y no haya spots ni derroche en camisetas, gorras, anuncios espectaculares ni cualquier otra cosa que signifique un desperdicio de dinero que pueda ser utilizado en la reconstrucción del país.

Si las campañas se financian con otros recursos, la autoridad electoral perderá potestad para fiscalizar el dinero público que gasten los partidos.

El asunto se antoja complejo, justo frente a la elección más grande en la historia del país, en la que se elegirá a los titulares de 3 mil 416 cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República.

Los otros recursos

Para nadie es un secreto: los partidos políticos buscan otras formas de financiamiento además del dinero público que reciben para sus campañas políticas.

Tal parece que los millonarios recursos públicos que reciben los partidos no son suficientes.

Hay dinero que los candidatos no reportan en sus gastos de campaña para la fiscalización, pero que son detectados por la vigilancia de las autoridades electorales.

En las elecciones de este año, por ejemplo, los partidos políticos reportaron gastos por 508 millones de pesos; el INE detectó 257 millones de pesos de gasto extra, que no fue informado por los partidos.

El Instituto Nacional Electoral documentó que por cada 100 pesos que los candidatos declararon como recursos gastados, trataron de ocultar otros 51 pesos.

Si en condiciones normales los partidos gastan dinero que nadie sabe de dónde proviene, es previsible que esto crecerá si se elimina la posibilidad de que tengan acceso al financiamiento público.

Expertos calculan que por cada peso que entra a las campañas políticas, podrían entrar otros cuatro pesos de fuentes ilegales y cuyo gasto no es reportado a la autoridad electoral.

La consultora Integralia, del exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, documentó que el flujo de dinero en efectivo aumenta durante las campañas electorales.

“Dinero en efectivo, ¿para qué? Los incrementos en el flujo de efectivo en periodos electorales pueden dar una pista del volumen de dinero que se usa para financiar campañas de forma ilegal.

“Aunque la ley ha puesto candados para que las operaciones se bancaricen, muchos gastos de campaña se pagan en efectivo, ya sea porque los fondos provienen de fuentes ilegales (desvío de recursos públicos, donaciones privadas por encima de los topes legales, personas morales e incluso dinero del crimen organizado), o bien, porque se usan para pagar actividades proscritas por ley (cobertura informativa, clientelismo electoral y compra del voto), o bien, para evitar rebasar los topes de gastos de campaña”, expone.

El riesgo

Los partidos políticos han reaccionado de distintas formas al reclamo ciudadano de que renuncien al financiamiento público de sus campañas políticas en el 2018.

Mientras el PRI ya oficializó que entregará el financiamiento que le correspondía recibir en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año y presentó una iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos, el PAN, el PRD y MC –que conforman el Frente Ciudadano por México- se han pronunciado en el mismo tono para eliminar el financiamiento público.

Esto traería el riesgo de que los partidos busquen dinero en otra parte o que abran la puerta al financiamiento privado de forma indiscriminada.

“Si no hay financiamiento público, eso quiere decir que las campañas serán con puro financiamiento privado; y eso, en una economía tan desigual como la nuestra, hay que reflexionarlo con mucho cuidado. Sería privatizar las campañas”, dijo Ciro Murayama, consejero del INE.

Aun ahora, en el modelo actual, es conocido que los políticos pagan favores a quienes los ayudan a llegar al poder mediante contratos de obra o servicios, como ha sido documentado en varias ocasiones.

Otro riesgo es que el dinero que termine entrando a los partidos provenga de las arcas públicas, pero no precisamente mediante financiamiento, sino por medio de los gobiernos.

Un análisis de la consultora Strategia Electoral sostiene que deben explorarse otras opciones que de igual manera contribuirían con recursos a la reconstrucción del país.

“No podemos dejar de advertir que una reducción en los recursos de los partidos políticos como la que se plantea, frente a un proceso electoral tan grande como será el de 2018, sin duda puede generar incentivos para que los recursos que por un lado fueron destinados para la reconstrucción y atención de daños causados por el sismo, por otro se obtengan de fuentes ilegales, incluyendo el uso de recursos públicos, lo que resultaría en un contrasentido en la búsqueda de recursos para enfrentar una situación apremiante como la que atraviesa el país”, sostiene.

Sería básico evitar a toda costa que los programas, acciones y obras de gobierno se utilicen con fines electorales para apoyar a los candidatos de determinado partido político, tal como ocurre hoy día.

Así, el cambio en las reglas de asignación de los recursos a los partidos políticos tendrá que acompañarse de otras medidas y otras reglas que permitan tener igualdad de condiciones de competencia; si no, el modelo terminará beneficiando a quienes tienen mayor poder y lastimando a la Oposición.