"Si uno revisa el documento que luego se convirtió en minuta, es ejemplar, se reconoce la participación de todos los actores”
Los significativos avances de la nueva ley de transparencia y acceso a la información son reconocidos por diversos organismos de la sociedad civil.
Para el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate son pasos adelante que sirven para fortalecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas en México.
El proyecto de ley avalado tiene detrás un largo proceso que cristalizó en la minuta consensuada en el Senado y que el pasado jueves derivó en la aprobación mayoritaria en el pleno de la Cámara de Diputados.
El Centro de Análisis e Investigación Fundar afirma que es una reforma que fortalece de manera sustantiva a la transparencia dotando de autonomía constitucional al IFAI y a los órganos garantes locales, que podrán interponer acciones de inconstitucionalidad ante disposiciones normativas que afecten la garantía y protección del derecho de acceso a la información, entre otros puntos.
La excepción la constituye el hecho de que el Consejo Jurídico del Gobierno podrá recurrir las resoluciones del IFAI cuando se planteen cuestiones de riesgo para la seguridad nacional.
¿Se espera que ahora que el dictamen retornó al Senado este trate de echar abajo el candado de protección a la presidencia?, se inquiere a la coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de Fundar.
Haydeé Pérez recuerda que el proceso de esta reforma comenzó en septiembre de 2012 y ha sido complejo y tenso. Por ello, reconoce que el tener “una posición de querer ganar todo” puede poner en riesgo lo conquistado.
Dice que apelan a una postura más pragmática y esta se refiere a que el Senado ahora apruebe la reforma tal cual pasó en la Cámara Baja y que “con gran cuidado se consiga que se regule a detalle cuál es la información que puede poner en riesgo la seguridad nacional del país”.
Porque el problema radica en que esa concepción deviene “un paraguas muy amplio”. Hay que definir de qué tipo de información se trata o en qué momentos esta no podría darse a conocer. Eso, considera Fundar, se puede establecer en la ley reglamental.
Procesos legislativos: llamada de atención
Si bien este organismo civil reconoce los avances logrados, no deja de señalar que resulta inaceptable que los procesos legislativos se sigan caracterizando por la opacidad y la secrecía.
“Reformas tan importantes como esta o las que vienen en unos meses deben contar con procesos legislativos de calidad en donde haya acceso a la información y se hagan de cara a la ciudadanía”, dice la coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Haydeé Pérez. Una muestra de que se puede llevar a cabo un proceso así es el que se discutió en el Senado donde este poder legislativo fijó un estándar en la materia llevando a cabo “un debate estructurado, ordenado, de cara a la ciudadanía”.
En contraposición, la Cámara de Diputados se condujo de forma “opaca, cupular, sin información accesible de forma oportuna, a espaldas de la ciudadanía”.
Por ello es que se indica que aunque en este tema el resultado es positivo, salvo la excepción ya mencionada, no puede aceptarse que los procesos parlamentarios se sigan llevando de esa manera.
Se apela a que los legisladores reflexionen sobre lo importante que es garantizar condiciones de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en los procesos legislativos.
La organización destaca como un aspecto muy positivo la sensibilidad que mostraron al final los diputados atendiendo los pronunciamientos y las demandas.
“Estamos ciertos que esta es una batalla ciudadana que conseguimos y que demuestra lo importante que es la acción bien organizada y bien informada por parte de la ciudadanía”, afirma.
Es un triunfo ciudadano motiva a seguir dando las batallas que vengan en camino.
La nueva reforma
> Dota de autonomía constitucional al IFAI y a los órganos garantes locales.
> Amplía el catálogo de sujetos obligados directos: partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos.
> Hace sujeto obligado a cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
> Reconoce la facultad del IFAI y de los órganos garantes locales de interponer acciones de inconstitucionalidad ante disposiciones normativas que afecten la garantía y protección del derecho de acceso a la información.
> Obliga a documentar a los sujetos obligados todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
