Garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el país ha sido dejado de lado por las autoridades. Ahora, en la lucha de priorizar el desarrollo de la infancia libre de violencia sexual, organizaciones y legisladoras proponen la creación de un Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales.
Josefina Vázquez Mota, senadora y Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y quien es una de las precursoras de la iniciativa, afirma que durante el año pasado se registraron en el país 4.5 millones de casos de abuso sexual infantil.
La iniciativa propone que la SSPC conforme, integre y actualice de manera permanente el Registro
Lizzette Argüello, coordinadora del Colectivo Contra el Abuso Sexual Infantil, resalta que algunas de las consecuencias en los menores víctimas de abuso sexual son una baja autoestima, miedos, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al sexo, anorexia, depresión, psicosis, dificultades para relacionarse, dependencia, autolesiones o tentativa de suicidio.
El 19 de noviembre, en el marco del Día Nacional e Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, Vázquez Mota señaló que a pesar de que en la actualidad la violencia sexual infantil se encuentra regulada por distintas ramas del derecho como la penal, civil y administrativa, el problema todavía es grave y atenta contra el interés superior de los menores.
“El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México informó que entre los principales agresores sexuales de menores se ubican familiares, maestros y sacerdotes. El 30 por ciento de los agresores son abuelos o padrastros, 13 por ciento tíos, 11 por ciento padres biológicos y 10 por ciento primos”, sostuvo.
En entrevista, la senadora explica que es de carácter fundamental y urgente el Registro ya que desafortunadamente el silencio y la impunidad están del lado de los criminales.
Cinco millones de niñas y niños en el país no han encontrado justicia ni tampoco un apoyo institucional o legal como se requiere cuando son víctimas de abuso, por eso es que pedimos esta medida que, cabe aclarar, no niega el empleo a personas que salen de prisión sino que buscamos evitar que justamente tengan un trabajo que involucre contacto con niños, pues un agresor puede atacar hasta 60 veces en su vida
La iniciativa propone adicionar los artículos 4, 47 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que conforme, integre y actualice de manera permanente el Registro, el cual servirá a las autoridades y a la sociedad para tomar medidas de prevención para los menores expuestos a sufrir cualquier acto de violencia.
De acuerdo con el PAN, el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales se integrará con los datos estadísticos de las personas con sentencias condenatorias por cualquiera de las conductas de carácter sexual cometidas en contra menores de 18 años, también se plantea que el registro subsista durante el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque la pena sea sustituida o suspendida en términos de ley; y se extenderá por 10 años a partir de que el sentenciado por cualquier motivo diverso a los señalados obtenga su libertad.
Argüello, detalla que, si bien el Registro facilitaría poder detectar a personas que cometen este delito, abogados y juristas podrían argumentar que se violan los derechos humanos de los imputados.
4.5
“Hay un término que es cosa juzgada y quiere decir que un delito juzgado no puede volver a ser abordado cuando ya se cumplió sentencia, por ello es que, desde esa perspectiva, el Registro lo pueden calificar como un acto al exponer a los abusadores nuevamente”, comenta.
Compromisos pendientes para bienestar de menores además de Registro Nacional
Aunque la propuesta de la realización del Registro Nacional es en favor de la infancia, Argüello puntualiza que hay más acciones que se deben de priorizar para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Uno de los primeros pasos es que las autoridades pueden dar es facilitar el proceso para una denuncia por abuso sexual infantil, hay familias que, al querer ir con un Ministerio Público se enfrentan a un laberinto burocrático que más que permitirles el acceso a la justicia lo bloquea”, describe.
Además, la coordinadora del colectivo menciona que se debe dar seguimiento a los casos para asegurarse que lleguen a sentencia pues afirma que sin sanción contra los agresores, la infancia en México seguirá expuesta a sufrir más ataques.
Urge dar asistencia legal y psicológica para atender a los denunciantes, en muchas ocasiones los jueces, peritos o fiscales no están capacitados para atender a las víctimas y llegan hasta a normalizar la violencia. Combatir la falta de sensibilidad y empatía es fundamental para trabajar con niños y menores de edad
Por su parte, Vázquez Mota especifica que otra de las propuestas que se busca discutir en el Senado será que agresores sexuales en reclusión no reciban visitas de menores.
“La organización Reinserta, la cual trabaja precisamente con población penitenciaria, detalla de los abusos que se han registrado en prisiones aún en el marco de las visitas”, asegura.
Por último, Argüello declara que la infancia se protege al eliminar la violencia de género, el maltrato y el bullying lo cual se resuelve con procuración de justicia así como capacitación adaptada para menores sobre la prevención del abuso y educación sexual en las escuelas.
