Viajar en el transporte público se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Ya sea a bordo del Metro, Metrobús, en camión, en taxi o en una unidad solicitada por aplicación, el peligro de terminar como víctima de algún delito está siempre latente.
Por ello, cada vez es más frecuente que usuarios hagan de sus redes sociales un altavoz para manifestar toda clase de inconformidades y quejas relacionadas con las unidades, sobre todo situaciones de robo y acoso sexual, y más aún que éstos estén relacionados con taxis públicos y privados por aplicación.
Las redes sociales han desempeñado un papel relevante al visibilizar los delitos que ocurren en el transporte público, pues los usuarios los han utilizado como altavoces para expresarse
El pasado 9 de agosto, tras concluir su jornada laboral, un empleado del área de Evaluación Procesal del Tribunal del Superior de Justicia (TSJ) capitalina se dirigió a tomar una copa en compañía de una amiga a un bar situado en colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc.
Cerca de las tres de la mañana, el funcionario –quien omite su nombre por seguridad– decidió no manejar su vehículo estacionado en las inmediaciones para regresar a casa y optó en marcarle la parada a un taxi convencional sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas.
Luego de negociar la “tarifa nocturna”, el trabajador subió a la unidad de transporte público, no obstante, poco antes de llegar a su destino, el chofer del taxi le ofreció una botella con agua purificada, la cual aceptó aunque con desconfianza.
Tras ingerir un sorbo de la botella, el funcionario perdió el conocimiento por aproximadamente seis horas, hasta que despertó en una estación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y se percató de que había sido dopado y despojado de sus pertenencias de valor, entre ellas una laptop que almacenaba información de casos del TSJ.
Por tales hechos, el afectado interpuso una denuncia ante el Ministerio Público correspondiente y las investigaciones relativas ya se están efectuando.
Un caso similar fue el que se registró durante la madrugada del pasado 28 de julio, cuando Andrés Graff Navarro denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de dopaje, secuestro, robo y abandono a cargo de un presunto chofer de Uber que acudió a recogerlo tras solicitar un viaje en dicha plataforma.
De acuerdo con el testimonio que rindió ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, el usuario habría abordado el servicio de taxi con chofer sobre la calle de Nuevo León, en la colonia Condesa y con destino a su casa en la colonia Modelo Pensil, en la Delegación Miguel Hidalgo.
Según sus declaraciones, durante dicho traslado el chofer le ofreció una botella con agua y al beberla perdió el conocimiento hasta que despertó aturdido y varado en inmediaciones del Municipio de Tultitlán, en el Estado de México.
Al despertarse, Andrés se percató de que había sido drogado, que su cuerpo presentaba múltiples marcas por golpes y una fractura en la muñeca izquierda, además de que le faltaban todas sus pertenencias de valor.
El afectado solicitó apoyo a un transeúnte, quien le prestó su teléfono celular para comunicarse con su pareja sentimental y quien acudió al sitio para socorrerlo y trasladarlo a la Cruz Roja de Polanco, al poniente de la capital del país.
Tras la denuncia, la empresa Uber respondió mediante un comunicado que el denunciante no habría abordado ningún vehículo de sus socios en la fecha y hora en que ocurrieron los supuesto hechos, sin embargo, las investigaciones del caso continúan a cargo de la Procuraduría local y con la intención rastrear y detener al presunto chofer agresor.
Ante las constantes denuncias contra taxis con chofer, autoridades capitalinas se reunieron con distintos representantes de las empresas prestadoras de servicios el pasado 31 de julio y se acordaron varios puntos, como un fortalecimiento de las políticas y métodos de seguridad; una reestructura de los controles en los procesos de registro de conductores; y la consolidación de estándares de calidad, servicio y seguridad.
En tanto, la operatividad de las unidades públicas convencionales no ha sido discutida por las dependencias capitalinas implicadas en los servicios de taxi.
Redes: aliadas para exhibir
En México no hay datos que permitan de manera puntal distinguir un repunte o una disminución en los delitos cometidos en los distintos servicios de taxi por aplicación -ya sea por parte de choferes o usuarios-, pero las redes sociales han funcionado para la exhibición de tales hechos, expresó en entrevista Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Históricamente los taxis han sido muy peligrosos, la diferencia es que si hoy sucede un hecho de este tipo se sube a cualquier red social y eso se puede llegar a viralizar en cuestión de minutos, cosa que antes no sucedía y nadie se enteraba”
Esta clase de ilícitos, así como cualquier otro, se da porque en México hacen falta programas efectivos de prevención, reacción a delitos e investigación de los mismos, sumado a que persiste una condición de inseguridad, donde se presenta un alto índice de impunidad, lo cual ocasiona que los infractores realicen e incluso reincidan en casi cualquier acto delincuencial, señala el especialista.
“Por un lado necesitamos instituciones de seguridad más capaces y, por el otro, a empresas (prestadoras de los servicios) responsables que pongan filtros, que investiguen muchos más a quien están contratando, con un historial personal, cartas de recomendación y antidopings regulares, aunque por mucho que haga una empresa estos procesos también pueden llegar a fallar”, agrega.
Algo que se puede hacer para mitigar esta problemática, sostiene Rivas, consistiría en notificar a familiares o personas de confianza sobre la ubicación que se mantiene, anotar las placas del vehículo y sus características, además de evitar sostener conversaciones que comprometan una vulnerabilidad.
