Peligrosa restricción

El debate tras la promulgación y publicación de las reformas que endurecen las penas por agresiones a las fuerzas de seguridad capitalinas prosigue.

Organizaciones de derechos humanos consideran que las políticas restrictivas avanzan y ello no es una buena señal para los habitantes de la Ciudad de México.

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el pasado 19 de noviembre que se aumente hasta en 50 por ciento las sanciones contra quienes cometan lesiones dolosas u homicidio contra policías que participan en operativos durante concentraciones públicas. 

Además, de acuerdo con las recientes enmiendas al Código Penal del DF las penas aumentan al doble si quien participa en alguna manifestación, mitin, plantón, marcha o acto público comete algún acto ilícito vinculado al robo o daño a la propiedad.

Los diputados que avalaron las reformas insisten en que lo único que se pretende con las mismas es sancionar los actos violentos y castigar a quienes generen disturbios en las concentraciones públicas.

Sin embargo esta aprobación no estuvo exenta de polémica y provocó  fracturas al seno de la bancada perredista en la ALDF, en especial de ciertas corrientes como la de Izquierda Democrática Nacional. 

Y también escaló a la dirigencia local del sol azteca. El secretario Enrique Vargas Anaya ha conminado a los legisladores de su partido que avalaron “criminalizar la protesta social” a que rectifiquen su postura. 

En el mismo sentido, defensores de derechos humanos están solicitando que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se pronuncie en torno al tema. 

Artículo 19 le ha pedido a este organismo que promueva una acción de inconstitucionalidad para evitar que se consume la criminalización de la protesta social. Alegando que se transita hacia la construcción de un régimen de excepción para manifestantes la organización internacional considera que las nuevas enmiendas se victimiza a los elementos de seguridad cuyo proceder en los últimos años se ha sido caracterizado por la arbitrariedad y la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincide con la evaluación y solicita a la nueva ombudsman, Perla Gómez Gallardo, tomar un rol activo en el tema, recuperando la experiencia ganada, mejorándola y evitando se dé marcha atrás en los derechos conquistados para el DF.

El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, sostiene que esta tendencia que se generaliza en México se la conoce como “populismo punitivo”, presente en otros países. Alude al endurecimiento penas, la ampliación de condenas en la cárcel dejando de lado el avance en ámbitos como la investigación, la prevención y la creación de medidas que permitan disminuir las tensiones sociales.

Se busca generar la impresión de que se hace algo con una medida que es a todas luces ineficiente como el aumento de penas. “Es la generación de una seguridad falsa e ineficiente a través de una medida inútil como el endurecimiento de las penas que no va acompañado de otras medidas”, comenta en entrevista con este medio.

Refiere otra consideración que implica a los derechos ciudadanos. Si bien la ley no lo especifica estrictamente,  en contexto, con la inserción de las recientes modificaciones al Código Penal capitalino “se equipara marcha, manifestación, ejercicio de un derecho con la posibilidad de cometer un delito lo cual para nosotros es bastante grave porque el mensaje que se deja es que los delitos se originan en el ejercicio de los derechos. No está dicho de esa manera, nadie se va a atrever a decirlo así”, asegura. 

Se pretende disminuir e inhibir los derechos de libre manifestación y equipararlos con conductas que para nada son delictivas, como el asistir a una marcha o manifestarse en un acto público. 

“El decir que en este ejercicio de derechos está el germen de la violencia me parece bastante grave, el que no haya un análisis de fondo para diferenciar el ejercicio de un derecho con la comisión de actos delictivos”.

¿Qué hará la CDHDF?

Reconociendo que el Centro Prodh aún no ha tenido un acercamiento con la nueva ombudsman capitalina, recuerda que Perla Gómez indicó que la CDHDF haría un diagnóstico sobre las marchas para concretar una regulación de las mismas.

“Esta sola afirmación nos parece alarmante; en primer lugar porque el diagnóstico no plantea en ningún momento revisar la actuación de los cuerpos policiales sino hacer una recopilación de lo que se hace en otros países”, afirma.

Contar con un buen diagnóstico supone que las autoridades esclarezcan lo que ha sucedido en manifestaciones recientes donde se han gestado trifulcas. Que presenten los documentos relacionados con la participación de autoridades en estas marchas, que la información sea pública y se sepa cómo están diseñados los operativos y cómo se ha procurado garantizar la seguridad de toda las personas.

Para José Marroquín la aspiración de regular las marchas es “una visión bastante restrictiva”. Sin descartar que pueda ser necesario contar con algunos controles, el hecho de centrarlo todo en la regulación de las manifestaciones va “por el camino erróneo”.

En vez de ello, considera se debería apostar por el diseño de operativos no policiales que incluyan medidas preventivas y políticas. Y que si son policiales no se eche mano del uso de la fuerza de forma indiscriminada pues a la autoridad corresponde garantizar la seguridad de todos.

Y es a la CDHDF a la que corresponde vigilar que no se cometan violaciones respetando los derechos de los ciudadanos; ese es el papel de la comisión “más que estar asumiendo el papel de comparsa del gobierno en turno”, precisa.

Operativo 2 de octubre, sin certezas

Las organismos que velan por los derechos humanos señalan que hasta ahora no se ha presentado resultados que den certezas sobre lo ocurrido el pasado 2 de octubre. 

El director del Centro Prodh señala que las investigaciones que se han hecho tienen “bastantes fallas”, como cuando publicaron la lista de los anarquistas más buscados. Se señaló como violentas a algunas personas cuya trayectoria conocen lo cual “nos deja bastantes dudas sobre la eficiencia de estas investigaciones y sobre la labor de inteligencia (que realizaron)”.

La tónica –agrega– parece “más bien un pretexto para actuar de manera prácticamente impune, porque hasta la fecha no hay resultados claros en torno a la violencia cometida por los cuerpos policiacos”.

Hasta ahora la respuesta que les han dado sobre lo ocurrido ese día es “bastante burocrática”. Les mandaron una carta de acuse de haber recibido el “Informe Rompe el Miedo” informando que lo turnaron a las instancias correspondientes para que lo analicen y tomen las medidas necesarias. Es todo.

El diálogo ente la ciudadanía y las autoridades es indispensable éste “no puede ser nada más coyuntural o una especie de salvoconducto en algunas marchas”, afirma el activista.

Tras las agresiones que sufrieron algunos periodistas y observadores de derechos humanos la autoridad propuso que se registren para que “los ubiquen y respeten de mejor forma”. 

No se requieren privilegios para ciertos grupos –remata el experto– sino tomar en cuenta que “toda la ciudadanía debería estar en el mismo supuesto de la protección”.