El Gobierno federal insiste en darle un segundo aire a Pemex, aunque eso implique debilitar las finanzas públicas.
Al cierre del segundo trimestre de este año, la petrolera dirigida por Octavio Romero Oropeza, acumuló una deuda por el orden de los 2 billones 461 mil 400 millones de pesos, de acuerdo con su reporte corporativo.
BofA calcula que a la fecha México posee cerca del 47 por ciento de deuda del PIB, y al sumar la de Pemex y CFE el monto se dispara hasta 60 por ciento.
La calificación de la Empresa Productiva del Estado (EPE) también se encuentra bajo escrutinio. Fitch Ratings la ubica en BB- por el efecto de la pandemia y la severa desaceleración económica.
La firma S&P Global Ratings anunció un recorte hace unos meses para situarla en BBB, mientras que Moody’s la recortó dos escalones a Ba2 por el impacto que tendrá en las finanzas públicas del país durante este año y el próximo. Además la última acción de calificación de la mexicana HR Ratings la colocó en BBB+.
La situación de Pemex es insostenible, pues el nivel de producción se acerca a los 1.5 millones de barriles diarios, hecho que va en contrasentido con la meta del actual gobierno.
Al cierre del sexenio pasado, se llegó a los 1.7 millones de barriles diarios, aun cuando años atrás se vivió el desplome histórico de los precios del crudo a nivel internacional.
Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC, manifiesta que uno de los mayores desafíos es que no existe una base fiscal que sea lo suficientemente amplia, ni los mecanismos para asegurar que esto mejore en el futuro.
El que haya una menor producción compromete los recursos fiscales y se vuelve un círculo vicioso porque el gobierno implementó medidas de austeridad para ayudarle a Pemex, pero no se están viendo los resultados. La compañía solo se sostiene de pie por la promesa de que la administración federal hará lo que sea necesario para que no caiga
Efecto dominó de Pemex
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hace unos días la idea de que México deje de exportar crudo, sin embargo, esto se convertiría en un arma de doble filo porque aproximadamente 72 por ciento de la deuda de la EPE está en monedas extranjeras, sobre todo en dólares, entonces si la compañía deja de exportar crudo sus ingresos serían en pesos, pero sus deudas en otras divisas.
En el escenario de una degradación de la nota, no solo está en juego la petrolera, también caería CFE, y los ADR (American Depositary Receipt) de las empresas mexicanas que cotizan fuera del país.
“Una forma de evitar este impacto sería que se impulse una reforma fiscal que promueva una mayor base tributaria y el crecimiento económico. Si esto ocurre las calificadoras darían un respiro al país y con ello tal vez se evitaría la degradación de la nota”, dice Monroy.
Cambio de rumbo
Los especialistas citados coinciden en que el Gobierno federal aún puede evitar que las calificadoras reprueben al país durante el próximo año. Sin embargo, para lograrlo se requieren cambios.
El impulsar una reforma fiscal sería un primer paso para mejorar el problema de una baja recaudación, además se debe repensar el modelo de negocio de Pemex, ya que no es viable que se le siga inyectando capital a la empresa.
Para José Luis de la Cruz, un movimiento favorable es que se abra la puerta a las inversiones privadas, en particular en el sector energético, las cuales en la mayoría de los casos quedaron pactadas años atrás.
“La solución al problema está en las manos del gobierno, ya que podría aprovechar el marco legal existente para permitir mayor inversión privada. Esto no solo ayudaría a mejorar la imagen de México frente a las calificadoras, sino que permitiría que la economía se moviera y se generaran empleos”, comenta el director IDIC.
El Gobierno debe replantear la idea de seguir adelante con algunos proyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto General Felipe Ángeles que han provocado incertidumbre entre los inversionistas
Renunciar a algunos proyectos
Otro punto en común entre los analistas es que dada la actual situación por la que atraviesa el país, la administración federal debe replantearse la urgencia de seguir adelante con algunos de los proyectos prioritarios que han provocado incertidumbre entre los inversionistas nacionales e internacionales.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se prevén recursos por el orden de los 21 mil 314 millones de pesos para el Aeropuerto General Felipe Ángeles, mientras que para el Tren Maya se busca una partida de 36 mil 288 millones de pesos.
Con la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), el gobierno busca incrementar de manera sustancial la oferta nacional de combustibles, pero en un escenario pandémico lo ideal sería que se reduzca esta actividad debido a que Pemex gasta mucho dinero.
Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, opina que, por principio, el gobierno debe reconocer la gravedad del problema y que el país está en riesgo de perder su grado de inversión.
Una vez que se logre los siguientes pasos deben estar enfocados en incentivar el desarrollo económico para que con ello se mueva el mercado laboral a nivel nacional.
“La administración podría hacer subastas petroleras y las licencias se convertirían en ingresos extras sin afectar a la población. Con el Plan Nacional de Infraestructura se invitaría a una gran cantidad de privados para que realicen inversiones y esto provocaría la generación de empleos y por ende se aumentaría la recaudación fiscal”.
