Penales de Nuevo León sin control
A un mes del cierre de Topo Chico, en Cadereyta un interno privó de la vida a otro; los secretarios de Gobierno y de Seguridad, Manuel González y Aldo Fasci, aseguran mayor capacidad penitenciaria pero el Congreso pide respeto a los derechos en Apodaca
Luz RangelEl secretario general de Gobierno, Manuel González, aseguró ante el Congreso local que Nuevo León tiene a los penales bajo control, durante su comparecencia por la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno en acciones de Seguridad y Justicia.
Sin embargo, el mismo lunes 4 de noviembre por la noche, un interno privó de la vida a otro en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Cadereyta.
Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial llegaron al lugar a investigar con los testigos y los celadores encargados para saber si hubo negligencia de su parte. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado también recolectaron evidencias, resguardaron el área y el cuerpo de la víctima fue llevado al anfiteatro del Hospital Universitario.
Las personas en reclusión veían una película en un área común junto con otros compañeros considerados inimputables, es decir, que no son responsables penalmente de un delito debido a su salud mental. Aunque fue una agresión directa e individual, los implicados no tenían problemas entre ellos, según las autoridades.
El martes 5 de noviembre, al salir de la reunión diaria de seguridad en Palacio de Gobierno, González descartó que haya sido una disputa del crimen organizado.
“Es muy clara la información, es simple y sencillamente una riña entre dos personas en el área de inimputables, es decir, gente que no está en su completo estado de salud y pues se pelearon entre ellos”, dijo el funcionario.
El secretario también rechazó un intento de motín.
“Claro que no va a haber motín, nosotros tenemos el control de los penales y eso no va a pasar”, expresó.
Aumentan capacidad en los penales
El homicidio a un hombre en situación de reclusión en Cadereyta ocurre a un mes del cierre de Topo Chico.
“Desde el inicio el proyecto fue tomar el control, tomar el gobierno de los penales y cerrar Topo Chico”, dijo Manuel González en su comparecencia en el órgano legislativo local.
El titular de la Secretaría General de Gobierno aseguró que Nuevo León elevó la capacidad de los centros penitenciarios casi al doble.
+6 mil
“Sin necesidad de tener que construir un penal, tenemos una capacidad para 11 mil 700 reos simplemente con reparar los dos módulos que quedaron pendientes en Apodaca”, sostuvo el funcionario.
Los Centros Femenil, Juvenil y el Penal de Cadereyta están en proceso de certificación por parte de la Asociación de Correccionales de América (ACA), mientras que la de los penales I y II de Apodaca iniciará en enero del próximo año.
“Existe quien provoca desde fuera los motines adentro, existen muchos intereses por muchos lados, pero el proyecto sigue”, mencionó.
+11 mil
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León (SSPNL), que encabeza Aldo Fasci y quien también asistió a la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el total de la población carcelaria en la entidad es de 6 mil 508 personas.
“No ha habido ningún motín en todo el año, es una realidad”, aseguró Fasci. Sin embargo, en marzo de 2019, tras el megaoperativo que implicó el movimiento de 289 internos de Topo Chico a penales en Coahuila y Morelos, hubo una riña que dejó una víctima mortal, 17 internos heridos y 12 custodios lesionados.
El secretario de Seguridad Pública aseguró que en los 4 mil 500 traslados totales de reos por el cierre de Topo Chico sólo hubo 17 procedimientos de amparo, por lo que descartó violaciones a derechos humanos.
Exigen respeto a derechos
Tras el cierre de Topo Chico, al penal de Apodaca fueron enviados 2 mil 500 internos, de acuerdo con datos de la SSPNL. Desde entonces, la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) exigió respeto y trato humano a la población penitenciaria.
El 22 de octubre, la diputada independiente Claudia Tapia, quien propuso descartar oficialmente la existencia de fosas clandestinas en Topo Chico, presentó ante el Pleno un exhorto al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, para que respondan a las exigencias.
Además, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Lara, exhortó a los secretarios Manuel González y Aldo Fasci a que se garanticen las condiciones laborales de los 150 trabajadores del sistema penitenciario que fueron reubicados en Apodaca
“Tenemos conocimiento que dichos empleados no cuentan con las condiciones óptimas para laborar, dado que se localizan en una bodega sin ventilación, sin clima, junto con diverso mobiliario y otros objetos, en un espacio que sin duda no podría ser ni siquiera una oficina provisional”, manifestó en tribuna.
