A la fecha más de 12 mil solicitudes de acceso a la información han sido solicitadas por diversos organismos que forman parte del Colectivo por la Transparencia
La transparencia y la rendición de cuentas están en peligro de regresión. La reciente aprobación del dictamen de tres comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados así lo confirma.
Dicho texto constituye un revés a la máxima protección del derecho al acceso a la información y refiere que el Estado mexicano se contradice en lo relativo al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Así lo considera el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, quienes dicen que tal dictamen emana de un proceso legislativo “poco claro, cerrado, sin información disponible” distribuida de forma oportuna y sin consultas públicas y abiertas.
En el dictamen aprobado por los partidos PRI y PVEM se propone que los titulares de algunas entidades públicas, como el procurador general de la República, el presidente de la CNDH o el Banco de México, puedan impugnar resoluciones del órgano garante del derecho de acceso a la información. Lo podrán hacer bajo supuestos “amplios y generales” como son “la seguridad, la estabilidad económica y la protección de los derechos humanos”.
Dicha disposición, en opinión de diversos expertos y organizaciones, contribuye a que el acceso a la información pierda su calidad de expedito y también a que se judicialice un derecho humano.
Como presidente electo, Enrique Peña Nieto se comprometió a concretar tres reformas fundamentales en transparencia y acceso a la información, en materia anticorrupción y en la regulación de la publicidad oficial.
A tan emblemáticas propuestas de su gestión que iniciaba reaccionaron los partidos políticos. En especial en lo relativo a la transparencia que propició el proceso legislativo que arrancó en la Cámara de Senadores y que culminó el pasado 21 de diciembre cuando se envió una minuta consensuada a la Cámara de Diputados.
La iniciativa que consideraba ampliar la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) contó con la opinión de especialistas y organismos de la sociedad civil e incluso de representantes del IFE y el IFAI, entre otros, que participaron en diversas audiencias públicas y saludaron con beneplácito el contenido del dictamen emanado de la Cámara Alta.
Sin embargo, las modificaciones que se le hacen en la Cámara Baja dejan de relieve que la calidad del proceso legislativo deja mucho qué desear.
“La pobreza deliberativa con la que se está llevando este tema en la Cámara de Diputados no es aceptable”, indica Miguel Pulido.
El director ejecutivo de Fundar afirma que el tema de la reforma constitucional sobre transparencia no puede abordarse con tan poca información y sin esgrimir públicamente las razones por las que se objeta el contenido de la minuta enviada por el Senado.
La baja calidad deliberativa, la falta de argumentación y de exposición de razones es un punto central de su denuncia. Otro es el referente a que las modificaciones no agregan valor “sino que le resta potencial a lo que ya había sido aprobado en el Senado”.
Es ‘una gran incongruencia’
Guillermo Noriega, representante de México Infórmate, sostiene que la secrecía y la corrupción son dos de los males que más han dañado a nuestro país. Dice que mientras el presidente Peña Nieto usa la transparencia como uno de sus estándartes principales, en los hechos, los diputados de su partido dinamitan tal propósito lo que prueba una gran incongruencia.
“¿Por qué se permite tal retroceso?”, inquiere el también director de Sonora Ciudadana quien destaca esta iniciativa está pasando de largo los acuerdos contemplados en el Pacto por México.
Por ello, indica, “extraña que el PRD haya habilitado quórum el lunes, permitiendo avance un dictamen regresivo”.
Preocupa mucho que con participación u omisión los políticos busquen dinamitar lo ya avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El que se pretenda que las causales de reserva de la información se traslade a la Constitución es un peligro inminente. El buscar generar política pública sin evidencia es “un despropósito”, asegura Alejandro González Arreola.
El director de Gestión Social y Cooperación dice que tal dictamen solo propiciará que se judicialice el derecho a la información que hasta ahora es expedito. Por lo que quieren dejar en claro que: “así como está no lo queremos”.
La pretensión explícita de la dupla PRI-PVEM de incluir tres causales de excepción para impugnar las resoluciones de un órgano garante y, de forma adicional, sumar a diversos actores con legitimación activa –agrega Pulido– “nos hace dudar cuál va a ser la utilidad práctica del derecho al acceso a la información y también nos hace pensar que va a adquirir una complejidad técnica que dejará a muchas personas fuera de la posibilidad de su ejercicio”.
A la fecha más de 12 mil solicitudes de acceso a la información han sido solicitadas por diversos organismos que forman parte del Colectivo por la Transparencia –como Fundar, Alianza Cívica, Artículo 19, GESOC, CIMTRA, entre otros–; incluso han tenido que acudir a la Suprema Corte en reiteradas ocasiones “para revertirle la plana a las autoridades”.
La amplia evidencia que han recopilado a través de los años fundamenta la desconfianza en el dictamen que se busca aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados y que nos deja “en peores condiciones de lo que estábamos”.
