Hoy se cumplen tres años del atentado cometido por el grupo delincuencial “Los Zetas”, donde 52 personas, incluyendo dos mujeres embarazadas, fallecieron por el incendio provocado al Casino Royale.
La casa de apuestas operaba bajo amparos y permisos ilícitos hasta el 25 de agosto del 2011, fecha en que se cometió el crimen más grande de la delincuencia organizada en contra de la sociedad civil de México.
El Casino Royale, propiedad de Raúl Rocha Cantú, operó desde el 2008 hasta el 25 de agosto con permisos falsos, gracias a una mafia de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación que traficaba este tipo de documentos entre los casineros de país.
La red criminal era encabezada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez, exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación durante la primera etapa del gobierno del panista Felipe Calderón.
El Royale inició operaciones en el 2007 con un permiso federal de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, cuyos socios principales son los hermanos José Francisco y Ramón Agustín Madero Dávila.
Pero en el 2008 la empresa Entretainment Enterprises of México, S.A. de C.V., de Rocha Cantú, terminó su asociación con la empresa Atracciones y Emociones Vallarta por diferencias entre los socios.
Fue entonces cuando entró en operaciones la red ilegal encabezada por Peña Neder, Santillán Ortega y Correa Méndez, para regularizar al establecimiento con documentos falsos.
Los exfuncionarios federales crearon la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, S. de R.L. de C.V.
A través de esa compañía y de un proceso administrativo, se logra establecer en un litigio que las máquinas tragamonedas no eran juegos de azar, sino “máquinas de habilidad y destreza”.
Eso fue prácticamente una patente de corso para que el propietario de esos derechos instalara un casino en cualquier lugar de México sin regulación de la Segob.
Los derechos de esa resolución los tenían Juegos y Entretenimiento y Videos de Monterrey, que firmó un convenio con la empresa fraudulenta de Peña Neder.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que esos derechos son intransferibles.
A la fecha, sólo los autores materiales del atentado son quienes han pisado la cárcel, pero los responsables de que el casino siguiera funcionando de manera fraudulenta continúan libres y sin cargos penales en su contra.
Peña Neder estuvo preso en Michoacán, acusado de violación tumultuaria por sus exesposa, Talía Vázquez.
Pero hoy está en libertad y continúa en el negocio de los casinos.
Raúl Rocha, propietario del Casino Royale, nunca fue consignado por las autoridades por operar ilegalmente el establecimiento.
Huyó del país después de la tragedia y aceptó haber recibido amenazas del crimen organizado, pero nunca las denunció y mantuvo abierta la casa de apuestas donde expuso a su clientela.
Jorge Camacho, el director de Protección Civil del Estado, quien avaló que el Casino Royale, que no contaba con salidas de emergencia, tenía todos los requerimientos de ley, evadió la justicia por un mero tecnicismo.
El funcionario se libró porque la dependencia a su cargo no estaba obligada a realizar inspecciones periódicas. Camacho declaró que sólo realizó una inspección y que en su momento si contaba con los requerimientos de ley.
Los únicos detenidos han sido 18 integrantes de Los Zetas, con sentencias desde los 75 hasta los 100 años.