Perfilan a tres culpables

Las múltiples afectaciones a más de 435 mil usuarios del Metro, los daños generados al medio ambiente, así como el boquete financiero que provocó la construcción y luego el cierre parcial de la Línea 12 apuntan, otra vez, a Joel Ortega.

Y es que los diputados afines al secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y los alfiles de René Bejarano buscan, desde la Comisión Investigadora, desarticular los argumentos que llevaron a suspender el servicio en 11 estaciones.

De acuerdo con su interpretación, el dictamen que presentó el experto en Instalaciones Fijas, Michel Lannoye, al Sistema de Transporte Colectivo Metro habría sido mal interpretado.

Por eso acordaron que dentro de la ruta crítica se solicitará el apoyo de un grupo de especialistas en la materia, para determinar si realmente era necesario cerrar la mitad de la Línea Dorada.

Se trata de una postura técnica que busca integrar a Joel Ortega en el grupo de presuntos responsables, donde aseguran que ya está su antecesor Francisco Bojórquez y el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

La Comisión Investigadora de las fallas en la Línea 12 no tiene carácter dictaminador ni legal, pero servirá como brazo político en la decisión final de quienes deben pagar por los desperfectos de la obra.

En ediciones anteriores, Reporte Indigo dio a conocer desde la posibilidad de descarrilamiento hasta la lucha de intereses entre grupos de poder que hoy tienen contra las cuerdas al menos a tres personajes.

En el caso de Enrique Horcasitas, ya se le investiga, incluso, en la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. 

El segundo es Francisco Bojórquez, quien podría estar relacionado con la compra “fraudulenta” de los trenes.

El tercero sería Ortega, a quien buscan responsabilizar de omiso por dejar pasar más de un mes antes del cierre; o por exagerar el diagnóstico que causó suspender el servicio.

Ya que en este grupo de trabajo las opiniones de todos cuentan, las recomendaciones finales apuntarán en todas direcciones, incluyendo manceristas y marcelistas.

De acuerdo con el diputado Jorge Gaviño, las comparecencias del director del Metro, Joel Ortega, Enrique Horcasitas

 y los directivos del Consorcio Constructor han arrojado diversas contradicciones.

Es así como justificó que se pedirá ayuda de expertos calificados en la materia, pues mientras unos afirman que las vías sí son compatibles, otros sostienen que ese fue el principal problema.

El punto clave

Según lo estipulado en las recomendaciones de Michel Lannoye enviadas al Metro, sí existe un riesgo de descarrilamiento, como Reporte Indigo lo dio a conocer el pasado 18 de febrero.

Sin embargo, enfatizan que todo se debe a la falta de mantenimiento de los aparatos de vía. Esto significa que si un tren se sale del riel sería en terminales y a una velocidad de 5 kilómetros por hora.

Para fortalecer esta versión, los diputados locales, que en su mayoría son afines a Héctor Serrano y René Bejarano, buscarán una opinión de nuevos especialistas a lo largo de la próxima semana.

Lo preocupante para el director del Metro, Joel Ortega, es que en ninguno de estos grupos tiene aliados, y se trata de una Comisión Investigadora que tiene un alcance netamente político y mediático.

Por los afines al secretario de Gobierno, que son el llamado G11, el argumento es que fue un exceso cerrar el Metro y ya generó un daño irreversible al mandatario local, Miguel Ángel Mancera.

Mientras que en la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) de René Bejarano, la postura es que Joel se perdió en un ajuste de cuentas con el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

En tanto que el Partido Acción Nacional apunta sus baterías a todos los que participaron en la administración pasada, pero no tienen ningún compromiso de cuidar a Joel Ortega.

Las certificadoras y sus culpas

Ayer tocó el turno de comparecer ante la ALDF a las empresas certificadoras de la entrega de la Línea 12, las cuales se deslindaron de responsabilidades, pero también se llevaron un raspón de los legisladores.

En la reunión de trabajo la empresa afirmó que otorgó el aval para su funcionamiento debido a que al 30 de octubre del 2012, fecha en que se inauguró la obra, cumplían con los lineamientos de seguridad.

Respecto a la compatibilidad de los trenes con las vías, bastó con que la empresa CAF entregara un documento a la certificadora, donde aseguraba que cumplía con los lineamientos.

Por eso diputados locales criticaron el trabajo del Consorcio DB International GmbH, ILF Beratende Ingenieure a.G., TÜV-SÜD Rail GmbH y Hamburg Consult GmbH en la certificación.

Reclamaron a las firmas no revisar el diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de los trenes, y que confiar solo en los documentos que envió CAF para que los trenes circularan es solo un acto de buena fe.

“Fue una certificación de buena fe. Estamos hablando de una certificación balín que costó 119 millones de pesos”, dijo el panista Christian Von Roehrich.

Boquete financiero

El pasado lunes, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que la administración local gastó en la construcción de la Línea 12 más de 489 millones de pesos que no fueron debidamente justificados.

En consecuencia, el encargado del despacho de SFP, Julián Olivas Ugalde, emplazó por tanto a que el Gobierno del DF reintegre ese monto a la Federación, ya que se trata de recursos que el gobierno federal transfirió a la capital del país.

En respuesta, el secretario de Finanzas del GDF, Édgar Amador Zamora, aseguró que será necesario realizar un reajuste, principalmente en el gasto corriente, para poder cumplir con el requerimiento.

“No podemos tocar ni los autónomos, ni lo social, pero el gasto corriente va a tener que ser reasignado; no es algo que vaya a dislocar las bases financieras de la Ciudad de México”.

Por su parte, la Comisión Investigadora de la ALDF adelantó que pedirán una reunión de trabajo con la Secretaría de la Función Pública para indagar la responsabilidad de los funcionarios locales en este hoyo financiero.

Mientras que el PAN pidió que el dinero faltante sea pagado por el Consorcio Constructor ICA-ALSTOM-CARSO y no salga de las arcas de la ciudad capital.

“Que el GDF inicie una acción legal y exija que ese dinero lo reintegre el consorcio de los más de 24 mil millones de pesos que ya se embolsaron de los impuestos”, dijo el panista Federico Döring.