Al menos ocho de los perfiles que buscan ser el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) están en un probable conflicto de interés que podría impedirles llegar al puesto.
Dos de los ocho son titulares de unidades departamentales o dependencias de la capital, lo que significa que podrían autoauditarse de llegar al cargo. Mientras que seis más trabajan y dirigen actualmente alguna área en la ASCM y, según los códigos de ética del máximo órgano fiscalizador, no deberían participar para evitar un conflicto de interés con sus subordinados.
El pasado 2 de marzo de 2021 comenzó la segunda fase del proceso para designar al auditor con la selección de 19 candidatos por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría del Congreso, perfiles que pasarán a la fase de entrevistas.
Quien quede en el cargo suplirá a partir del mes de abril al auditor superior, David Vega, quien estuvo en el puesto durante 12 años y fiscalizó tres administraciones del Gobierno de la Ciudad de México: la de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y los primeros dos años de la gestión actual de Claudia Sheinbaum.
Cabe señalar que la ASCM es el máximo órgano revisor del gasto de la capital, que no solo fiscaliza a los entes de la administración central como las secretarías, también a las alcaldías y órganos autónomos.
Con conflicto de interés
Los dos perfiles que se podrían autofiscalizar de llegar a ocupar la titularidad de la ASCM son Edwin Meraz Ángeles y Pablo Trejo Pérez, quienes actualmente ostentan un cargo en el sector público.
Según el currículum de Meraz Ángeles, desde el 2018 es el Procurador de Fiscal de la capital, figura adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México.
Sus funciones son fincar responsabilidades por actos u omisiones de servidores públicos, representar los intereses fiscales de la ciudad y presentar denuncias por delitos fiscales en perjuicio de la administración pública local.
En el caso de Trejo Pérez, de acuerdo con la información sobre su trayectoria, es el director de administración de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Por ello, ambos funcionarios están en riesgo de caer en un conflicto de interés en caso de ser electos en el cargo de auditor superior pues su interés laboral se interpone con el personal; ellos mismos estarían fiscalizando sus gestiones en el servicio público.
“Una situación real o potencial que más lesiona los intereses públicos, así como la percepción pública de confianza en el servicio público, es el conflicto de interés, mismo que se presenta cuando el servidor público genera la dificultad de apegar su actuar en el marco jurídico que lo rige, o cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de los servidores públicos pueda afectar en el momento presente, o en un futuro en ciertas circunstancias, el desempeño independiente, objetivo e imparcial de su empleo, cargo o comisión”, así define el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México al conflicto de interés.
La ética de la ASCM en duda
Los candidatos a ser el auditor superior y que actualmente trabajan en un puesto directivo en la ASCM —Adriana Julián Nava, Concepción González Anta, Elia Pacheco Ávila, Guillermo Muñoz Morales, Iván de Jesús Olmos Cansino y María Martha Zavala Galina— cometen una falta de acta al candidatearse para dirigir el órgano.
Por una parte, el “Acuerdo por el que se fijan políticas de actuación de las personas servidoras de la Administración Pública de la Ciudad de México”, vigente desde el 2018, señala que todos los servidores públicos de la capital deben abstenerse de caer en posibles y futuros conflictos de interés.
Mientras que el reglamento interno de la auditoría indica que cualquier funcionario dentro de ella no debe de participar en procesos administrativos cuyos lazos laborales o sanguíneos representen un riesgo para el desempeño parcial de sus funciones.
“Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público a las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, estipula el reglamento.
En este sentido, dicen fuentes de la ASCM que prefieren el anonimato por temor a represalias, si alguno de los seis llega a ser auditor superior, podrían favorecer a sus actuales subordinados y esto sería un conflicto de interés, pues entre las responsabilidades del cargo está supervisar el correcto comportamiento de todos los trabajadores del órgano.
“Coordinar la atención de las necesidades institucionales en materia de prevención y de conflictos, derivados de actos u omisiones de las personas servidoras públicas que integran la Auditoría Superior”, menciona la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Ciudad de México respecto a la responsabilidad de su titular en evitar el conflicto de interés en el órgano.
Sin embargo, la convocatoria publicada por el Congreso no restringe a los actuales trabajadores de la ASCM participar en el proceso, pese al riesgo que existe de caer en un conflicto de interés, por lo que, señalan las fuentes consultadas, es un asunto de ética.
