Periodismo mudo

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El periodismo poco a poco se va quedando mudo. La violencia desatada contra los comunicadores ha provocado que la mancha del silencio se expanda. Cada vez son más los comunicadores que, para preservar su vida, optan por la autocensura y a veces por la complicidad de la corrupción.

Esa es también una suerte de siniestra paradoja: para seguir en esa profesión, decenas, cientos de periodistas se han tenido que alejar de la libertad de expresión. Han dejado de lado la labor periodística para ejercer un “periodismo” entrecomillado por el miedo y la inseguridad que amenaza con seguir creciendo.

En México los signos del abandono de la seguridad de los periodistas son cada vez más evidentes.

A la fecha se estima que existen al menos 20 regiones en nueve estados del país donde el periodismo se ha quedado quieto. Son zonas en donde los trabajadores de la comunicación están más preocupados por su seguridad personal que por la calidad de sus trabajos de investigación.

A esos sitios, organizaciones como Reporteros Sin Frontera (RSF), Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) los reconocen como “zonas de silencio”, donde a causa de la escalada de agresiones y amenazas, los comunicadores han preferido limitarse en su labor de denuncia social.

“En gran parte del país el periodismo se ha ido desdibujando. La violencia, la coerción política y la publicidad oficial de los gobiernos locales son formas de aquietar al periodismo, lo que también contribuye a la existencia de ‘zonas de silencio’ que poco a poco van creciendo en todo el país”, dijo Julio César Colín Paredes, de la organización Artículo 19.

La situación que más preocupa a las principales organizaciones defensoras de los derechos de periodistas es precisamente el silencio de la prensa ante la violencia generada contra los propios comunicadores, un hecho que se observa como el principal riesgo para la libertad de expresión.

De acuerdo a la corresponsal de RSF en México, Balbina Flores, en nuestro país no sólo existen regiones donde la voz de los periodistas se ha dejado de escuchar, sino que otras más ya se perfilan hacia esa misma condición como resultado de las agresiones, amenazas, asesinatos y de la impunidad.

Los estados en donde a la fecha se registran zonas que incluyen de dos a ocho municipios que han dejado de tener periodismo de denuncia son: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Puebla, en donde los índices de violencia registrados, no sólo contra los periodistas, son los más elevados de los últimos 10 años.

A la fecha, de acuerdo a los datos que aportan las organizaciones defensoras de los derechos de periodistas, se estima que son 47 los municipios que no cuentan con prensa informativa de denuncia. Sólo tienen medios y periodistas que cumplen con la difusión de comunicados oficiales, acciones de gobierno y/o información sin trascendencia.

Entre las principales localidades en donde no existe periodismo de denuncia y menos de investigación por parte de la prensa local como resultado de la autocensura y la coerción oficial son: Ciudad Victoria, Tampico y Reynosa en Tamaulipas; Coatzacoalcos, Misantla, Martínez de la Torre, Papantla y Tecolutla en Veracruz; Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galena, Altamirano y Arcelia en Guerrero.

A la lista también se agregan los municipios de La Piedad, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Los Reyes y Lázaro Cárdenas en Michoacán; Cuauhtémoc, Madera, Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes en Chihuahua; Fresnillo en Zacatecas; Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, Tochtepec, Tecamachalco, Los Reyes de Juárez, Tepeaca, Huauchinango, Xicotepec,  Zeta Mena y Vicente Guerrero en Puebla.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) reconoce como “zonas de silencio” periodístico a las regiones del norte de Sinaloa y el norte de Coahuila y en menor medida a Baja California, en donde también se agregan las regiones que ubica la organización Artículo 19, donde se refieren a algunas localidades de Colima, Nayarit, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

El estado hace su tarea.- Patricia Colchero

Sin llamarlas zonas de silencio, la coordinadora ejecutiva del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, reconoció que en México existe un problema por los ataques a la libertad de expresión.

Los estados más vulnerados por esos agravios son Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa donde, dijo, se han asentado las agresiones a periodistas que ahora inhiben el trabajo informativo y que hacen que el ejercicio sea considerado como una actividad de riesgo en nuestro país.

Sin embargo, la funcionaria de la Secretaría de Gobernación dijo que el Estado está realizando su trabajo en la materia y la prueba es la elevada cantidad de personas que a la fecha son protegidas para que puedan cumplir con su labor, tanto periodística como en el tema de la defensa de los derechos humanos.

Al día de hoy, el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos cuenta con un padrón de 628 personas que tienen medidas de seguridad personal. De todos los protegidos por el Estado, por lo menos el 40 por ciento de ellos son periodistas a los que se les han instaurado diversas medidas para que puedan cumplir con su labor.

El mecanismo, dijo Colchero Aragonés, cuenta con la estructura y los recursos para seguir garantizando el libre ejercicio del periodismo en México, lo que a la fecha representa en términos reales un gasto promedio mensual que oscila entre los 16 y 19 millones de pesos que se invierten en medidas de protección a los comunicadores.

El trabajo del Gobierno federal en cuanto a la protección de los periodistas está respaldado por las unidades estatales de protección a periodistas que trabajan en forma coordinada con la federación y que de alguna manera han contribuido a dar certeza a la labor de protección del periodismo y de sus actores principales.

En ese sentido, Patricia Colchero reconoció que el mecanismo ha tenido que enfrentar con trabajo la falta de confianza que algunos periodistas han tenido sobre el organismo. Como prueba de la confianza que se tienen en la dependencia está el elevado número de solicitudes de medidas cautelares que se han registrado en este año.

En lo que va del 2017, explicó, el número de solicitudes de medidas cautelares ha crecido en un más de un 5 por ciento, lo que de alguna forma contribuye al sostenimiento del periodismo, donde se cuenta con el respaldo de los únicos dos mecanismos locales de protección a periodistas que funcionan en el país, el de la Ciudad de México y el del estado de Veracruz.

A la fecha, el mecanismo federal de protección a periodistas reconoce el asesinato de 15 comunicadores en lo que va del 2017, pero también se estableció que ninguno de los periodistas asesinados al día de hoy contaba con medidas de protección del Gobierno federal.

El único periodista asesinado que contaba con medidas de protección del mecanismo fue Cecilio Pineda Birto, ejecutado en Guerrero el pasado 2 de marzo, pero por razones personales el periodista renunció a las medidas ofrecidas por el Gobierno federal.

En el caso del periodista Edgar Daniel Esqueda Castro, de San Luis Potosí, quien fue secuestrado y apareció ejecutado el pasado 6 de octubre, apenas estaba en proceso de recibir las medidas cautelares del Gobierno federal, luego de que el mecanismo actuó en forma directa tras conocer las amenazas de que era objeto.

Tamaulipas, el silencio

De todas las regiones en donde el miedo ha silenciado a la prensa local, la que manifiesta una mayor singularidad es la de Tamaulipas, reconoce la organización Artículo 19 a través del Julio César Colín.

En ese estado muchas localidades han dejado de contar con una prensa denunciante, y la que tienen brinda información que no va acorde a la realidad existente.

“Lo que sucede en Tamaulipas es preocupante por el efecto silenciador que han logrado las amenazas del crimen organizado y la coerción de los gobiernos locales”, detalla el politólogo, integrante del equipo de protección y defensa de Artículo 19.

De acuerdo con Jan Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en México, en medio del clima de amenazas al que están expuestos “la autocensura es la única alternativa a la que se abrazan los periodistas para conservar su vida”.

El silencio es la única salida que observan los periodistas en Tamaulipas, dijo Hootsen, frente a la incapacidad del Estado mexicano para abatir a la delincuencia y acabar con los altos niveles de impunidad.

En el estado las autoridades se han mostrado incapaces de brindar medidas de seguridad para que los comunicadores ejerzan su labor con la certeza de que nada les sucederá, dijo.

Para el periodista Mario Alberto Segura, director del diario digital El Sol del Sur de Tampico, la autocensura que se vive en Tamaulipas “no es una alternativa, es la única salida que nos queda a los que queremos seguir siendo periodistas y que amamos la vida. El que no se autocensura aquí está cavando su tumba”, aseguró el comunicador, quien en el 2011 fue secuestrado por un comando armado.

“A la fecha casi todos los periodistas de Tamaulipas tenemos que autocensurarnos porque sabemos de las consecuencias si no lo hacemos: primero las amenazas, luego la presencia de ‘los malos’ que cuando bien te va sólo te golpean… pero nadie se quiere exponer a eso”.

Autocensura ¿una salida viable?

La autocensura, aunque no es la mejor salida de la encrucijada en la que se encuentra la prensa de Tamaulipas frente al índice de amenazas se ha convertido en la única manera que tienen los periodistas para protegerse de las agresiones.

De acuerdo a Julio César Colín, pese a tener uno de los mayores índices de violencia esta entidad es también la que registra el menor número de denuncias de agresiones.

Las cifras de Artículo 19 señalan que durante el primer semestre del 2017 en el estado de Tamaulipas se interpusieron solamente siete denuncias de agresiones a  comunicadores.

Sin embargo, esa cifra es notablemente baja si se compara con el índice de agresiones a periodistas registrado en la Ciudad de México y Veracruz, donde cada una suma 28 agresiones.

Para Artículo 19, esta  baja en los índices de agravios a comunicadores se atribuye, en primera instancia, al miedo a denunciar y, en segunda, al acatamiento de los periodistas a las disposiciones de censura marcadas por los grupos delictivos y a las estructuras de gobierno que ejercen presión sobre ellos.

Este efecto ha permeado ya a otras regiones del país que también comienzan a sumarse a las “zonas de silencio” en donde los periodistas denuncian menos agresiones. Un ejemplo de esas es la región central del estado de Colima, Querétaro y la zona del centro de Nayarit.

Sólo en Colima, en donde las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que los índices delictivos fueron al alza durante el primer semestre del 2017, Artículo 19 registró únicamente tres denuncias de agravios a periodistas.

En Nayarit, donde también la violencia se ha desbordado, los comunicadores denunciaron solamente cuatro agresiones.

En la mira

Tipos de agresiones a periodistas

Nayarit, periodismo con ‘precaución’

La situación de autocensura es reconocida por muchos de los periodistas en Nayarit. “Es la única forma de sobrevivir”, dijo la periodista Norma Cardoso, quien explicó que el silencio de gran parte de la prensa se debe al temor que existe al crimen organizado “y de los funcionarios de las dependencias que tienen el control sobre los medios de comunicación”.

A tal grado ha llegado dicho control, explicó la periodista, que en muchas de las dependencias del gobierno estatal y municipales “existen listas de los periodistas incómodos sobre los que se mantiene especial vigilancia. Pero también hay listas de los periodistas que reciben ‘apoyos’ de las nóminas de los gobiernos” a través de los cuales se suelta la información.

De acuerdo a la periodista, una de las más experimentadas en toda la zona de Nayarit, a la fecha existen en esa entidad al menos uno 300 comunicadores de los que por lo menos el 20 por ciento cuenta con ‘apoyos’ oficiales del gobierno.

“Los que no están dentro de esas nóminas son frecuentemente requeridos por los funcionarios en turno para recomendar que dejen de tocar algunos temas.

“Uno se lo piensa dos veces cuando va a tocar algún tema que puede ser incómodo”, explicó Cardoso, quien considera que el periodismo se ha convertido en un tema de vida o muerte en esta entidad.

Ella misma ha optado por no tocar temas del narcotráfico: “prefiero dejar de lado ese tema, que sean otros los que lo hagan. Yo escribo sólo de política y allí no me autocensuro”.

De acuerdo con la opinión de la periodista Cardoso, de los más de 300 comunicadores que están en funciones en Nayarit “solamente tres o cuatro son los periodistas que tocan temas del narcotráfico, porque la mayoría tienen miedo o, como le llamamos nosotros: precaución”.

Sigue el acoso

En el informe Violencia Contra la Prensa Mexicana donde Artículo 19 recoge las estadísticas de agresiones a comunicadores durante el primer semestre del 2017, se presume que el 50.7 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.

Es decir, 140 de 276 atentados, lo que apunta a que “es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”.

De todas las agresiones que ha documentado esta organización durante el primer semestre de 2017, se señalan como zonas preocupantes las de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.

Del total de agresiones 67 fueron intimidaciones, 60 fueron por amenazas, 56 por ataques físicos o materiales, 28 por privaciones de la libertad, 24 por acosos y hostigamientos; y 9 por intervenciones de las comunicaciones.

De todos los periodistas agredidos que contabiliza Artículo 19 hasta junio de este año (276), 195 son reporteros, 64 son reporteras y 17 son periodistas gráficos de uno u otro sexo; de todos los que denunciaron su agresión, 132 cubrían temas de corrupción y política, 23 de derechos humanos, 37 de protestas y movimientos sociales, uno el sector privado, 80 el tema de seguridad y justicia y tres el de territorio.

Las 10 entidades más violentas para la prensa en el país, según Artículo 19 en su primer recuento del 2017, son Veracruz, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Guanajuato, en donde se concentra el 65.5 por ciento de todas las agresiones registradas en ese periodo, donde la mayor parte de los agravios provinieron de funcionarios públicos seguido por miembros del crimen organizado.

Al cuantificar las agresiones por tipo de medio al que pertenecen los periodistas que han sido blanco de ataques, Artículo 19 señala que 119 de los comunicadores afectados trabajan para medios digitales, 72 son de periódicos impresos, 27 trabajan en radio, 18 escriben en revistas, 18 son periodistas freelance, 15 trabajan para televisión, seis son de agencias informativas y uno es multidisciplinario.

Mensajes cifrados

El asesinato de periodistas registra el índice más elevado en toda la historia del país con 15 homicidios faltando todavía más de dos meses para que concluya el año.

Las agresiones han sido consideradas por las organizaciones defensoras de derechos de periodistas no sólo como ataques directos a las víctimas, sino como mensajes cifrados que alientan a la creación de “zonas de silencio”.

El asesinato más reciente es el del Daniel Esqueda Castro, fotoperiodista de la fuente de seguridad y justicia para los medios de comunicación Vox Popouli y Metrópoli San Luis.

El cuerpo de Esqueda Castro fue localizado sin vida el pasado viernes 6 de octubre en San Luis Potosí un día después de su secuestro. Un día antes de que fuera privado de la libertad tuvo un altercado con policías ministeriales del Estado que lo amenazaron con quitarle la cámara, además de  golpearlo, si continuaba tomando fotografías,  obligándolo a borrar el material y correrlo del lugar.

Antes de él, había sido ejecutado Juan Carlos Hernández Ríos, colaborador del periódico digital La Bandera Noticias.

Hernández Ríos fue ultimado la noche del pasado martes 5 de septiembre en el municipio de Yuriria, en la zona limítrofe de Guanajuato con Michoacán, una región con influencia del cártel de La Familia.

Este comunicador de 29 años de edad fue asesinado por un comando armado en la puerta de su casa. Cubría la fuente policiaca y se distinguió por haber difundido un video en donde tres elementos de la policía de Celaya, antes de aparecer ejecutados, confesaron la infiltración del crimen organizado en la corporación.

Se suman también las muertes de Cecilio Pineda Brito, en Guerrero, ocurrida el 2 de marzo;  Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz el 19 de Marzo; Miroslava Breach, de Chihuahua, registrada el 23 de marzo y Maximino Rodríguez Palacios el 14 de abril en Baja California Sur.

El 17 de abril se registró la muerte de Juan José Roldán, en Tlaxcala; la de Erik Bolio López en Puebla ocurrió el 1 de mayo; el 2 de mayo se registró el asesinato del Filiberto Álvarez en Morelos, a Jonathan Rodríguez Córdova lo mataron el 15 de mayo en Jalisco, y al escritor y periodistas Javier Valdez lo ejecutaron en Sinaloa el 15 de mayo.

A Salvador Adame Pardo, de Michoacán, lo encontraron calcinado la mañana del 26 de junio; Edwin Rivera Paz, de Honduras, fue asesinado en Veracruz el 10 de julio al buscar refugio en México; a Luciano Rivera lo ejecutaron en Rosarito, Baja California, el 31 de julio. Cándido Ríos Vásquez fue ejecutado en Veracruz, el  22 de agosto.

Los verdugos

Principales agresores de periodistas

Puebla, foco de alerta

Para la organización Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el estado de Puebla es la entidad que podría estar a la cabeza en la lista nacional de agresiones a comunicadores.

Sólo entre el 2016 y en lo que va del 2017 se han documentado al menos 76 agravios a periodistas.

El caso más reciente ocurrió el pasado 15 de agosto.

El comunicador Fredy Morales Salas, del municipio Vicente Guerrero, fue víctima de un intento de homicidio cuando dos agresores entraron a su vivienda y le propinaron 17 lesiones con un arma punzo cortante.

A ese hecho se suman las amenazas de muerte que se han vertido contra los periodistas que cubren la zona del llamado Triángulo Rojo, en donde bandas del crimen organizado, presuntamente dedicados a la extracción ilegal de hidrocarburos han puesto precio “a la cabeza” de quienes denuncian sus crímenes.

Tan sólo el miércoles 27 de septiembre, el periodista Miguel Ortega fue amenazado luego de subir a su portal informativo un video del alcalde de Teziutlán, Antonio Vázquez, donde se le observa en un desencuentro con el edil de Chignautla, Arturo Córdoba Ruiz.

México, preocupante

Para Jan Albert Hootsen, el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, lo que ocurre en nuestro país con las cada vez más crecientes “zonas de silencio” y otras regiones que se enfilan hacia allá es una situación preocupante y considera que el Estado mexicano debe actuar en forma inmediata.

“Es el Estado mexicano el que debe intervenir en forma inmediata para garantizar mejores condiciones de seguridad para el periodismo”, remarcó.

Un hecho que sólo puede suceder, insistió, restableciendo el Estado de Derecho.

México es a la fecha uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio periodístico, dijo el representante del CPJ, y si la condiciones de inseguridad siguen con la tendencia actual, cada vez serán más zonas en todo el territorio mexicano en donde la autocensura y el silencio sea lo que caracterice a los periodistas y a los medios de comunicación mexicanos.

De tal magnitud son las agresiones a los comunicadores que la oficina del CPJ en México recibe en promedio cada semana de dos a tres llamadas de periodistas que denuncian hechos intimidatorios y agresiones a sus personas y medios, esto como resultado del trabajo de denuncia que realizan algo “que no sucede en otras partes del mundo”.