Alejados de sus familias y convencidos de que su profesión es un riesgo, los periodistas en México son desplazados por la violencia y la falta de protección.
José Méndez, a quien se le cambió el nombre por motivos de protección, se ha dedicado a esta profesión desde hace seis años y tuvo que dejar Quintana Roo para resguardarse en la Ciudad de México.
En entrevista con Reporte Índigo, Méndez detalló que comenzó a recibir amenazas de muerte por redes y vía telefónica, no sólo hacia su persona, también lo amenazaban con hacerle daño a su familia.
“Me escribían en redes sociales, incluso me llamaban por teléfono para advertirme que me encontrarían, que ya le bajara. Al principio no lo tomé tan en serio pero recuerdo que sentí miedo hasta que dijeron que iban a matar a mi hija, que la iban a descuartizar; fue entonces que pedí ayuda al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y ellos me enviaron a la Ciudad de México a principios de este año”, comentó.
José platicó que estar lejos de su familia no ha sido nada fácil, mucho menos asimilar que ya no puede salir en libertad.
“Lo que más me preocupa es la situación de mis papás. Hace como un mes los amenazaron, los pararon unos sicarios que iban en motos. A mi papá le apuntaron con la pistola, les preguntaron por mi paradero. Pedí al Mecanismo ayuda pero no la tuve, dicen que no basta ese hecho, que se carece de base para que mis padres tengan protección”, reclamó.
José Méndez es uno de los mil 39 beneficiarios de este programa, el cual ha tenido un crecimiento significativo, refirió el pasado 14 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
“Hace siete años el mecanismo empezó con seis beneficiarios, hoy superan los mil, de los cuales 691 son defensores de derechos humanos y 348 periodistas”, declaró durante la conferencia matutina.
Otro beneficiario es Manuel Torres, cuyo nombre también fue cambiado, y afirmó que ser reportero en estos días es estar preparado para ir al campo de guerra y enfrentar la censura.
El periodista ha trabajado los últimos 14 años cubriendo la fuente policial y asegura que el narcotráfico tiene influencia en las redacciones.
“Allá hay dos cárteles que se disputan la plaza, uno de ellos es el de “Los Viagras”, quienes nos pedían que no sacáramos notas y fotos de personas detenidas con armas y con drogas porque era su gente. También está el Cártel Jalisco Nueva Generación que a veces nos pedía que sí sacáramos esa información porque era de sus enemigos”, comentó.
Las amenazas de muerte contra los reporteros y atentados contra la redacción son parte de los riesgos que enfrentan en Guerrero.
“Una vez que yo estaba trabajando sobre el hallazgo de un decapitado en la colonia La Noria, mi jefe me dijo que primero había que preguntar si salía o no. “Los Viagras” nos piden que no salga y el Cartel que sí; ambos nos dicen que de no obedecer nos atengamos a las consecuencias, que pueden matar al reportero e incluso rafaguear las oficinas del medio; allá los grupos del narco nos ponen entre la espada y la pared”, relató.
Manuel solicitó protección del Mecanismo, el cual lo apoyó con traslado, casa y alimentos para radicar en la Ciudad de México.
“Vivo en la CDMX desde el pasado 25 de febrero, pero desde antes yo ya padecía de insomnio, he aumentado más de peso, siento que he envejecido más y todo ha empeorado también porque estoy lejos de mi familia. Yo ayudaba económicamente a mis padres, ambos ya están grandes, tienen más de 60 años, igual tengo una sobrina de 9 años, yo le ayudaba con sus estudios y sus gastos escolares. Me deprimo bastante por pensar en cómo estarán, me entristece no estar allá, no estar pendiente de ellos y hacerme cargo de mi familia”, expresó.
De acuerdo con ambos periodistas, la protección del mecanismo fue más necesaria luego de los asesinatos de sus compañeros Francisco Romero Díaz, el 16 de mayo, y Edgar Alberto Nava, el 2 de agosto, en Quintana Roo y Guerrero, respectivamente.
Pendientes en el rediseño de la protección a periodistas
En el marco de la entrega de los avances en materia de seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que aún prevalece la violencia.
Para Encinas, el programa debe perfeccionar la prevención para identificar los niveles de riesgo, así como mejorar los protocolos para garantizar la seguridad de las personas sujetas a la protección del Estado o sin necesidad de que formen parte del Mecanismo.
Sobre el rediseño urgente que había sido anunciado desde marzo de este año, el diagnóstico comenzado al inicio de la actual administración ya fue concluido.
Por ello, los servicios de escoltas se retiraron para que la protección la brinde el Estado a través de la Policía Federal.
Si bien se ha establecido en la Ciudad de México el mecanismo de protección capitalino, aún está pendiente la cooperación entre los órganos locales y el federal, más apoyo internacional e involucrar directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad.