A la par del reclamo del gremio periodístico para que se esclarezca el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa surgen dudas sobre la funcionalidad de los organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos de los periodistas y de defensores de derechos humanos.
En México, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen al menos 64 organizaciones, nacionales, estatales y locales cuyo objeto social es la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, mediante el cuidado y protección de los periodistas y activistas sociales.
El financiamiento de estas organizaciones, en la mayoría de los casos, proviene del erario federal, y de embajadas acreditadas en nuestro país.
Solo en el año 2014, las embajadas de España, Inglaterra, Francia, Holanda y Países Bajos, financiaron a por lo menos 30 organizaciones no gubernamentales que argumentaron defender a periodistas en condición de riesgo.
Sin embargo, en Michoacán durante el 2014 al menos 18 periodistas sufrieron acosos, amenazas y desplazamientos, sin que ninguna organización no gubernamental u oficial haya intervenido para procurarles medidas cautelares.
El propio gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación cuenta con el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, en el que están representados los principales organismos no gubernamentales del ramo.
En por lo menos 18 casos de periodistas asesinados se había invocado el apoyo del mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, pero su condición de riesgo no fue considerada como tal por el personal que determina las medidas cautelares de protección.
El 70 por ciento de los periodistas asesinados solicitaron en su momento el apoyo de una o varias organizaciones no gubernamentales, para salvar la condición de amenazas de muerte.
Cifras de la Procuraduría General de la República apuntan que a la fecha ya son 107 los periodistas asesinados y existen expedientes de por lo menos 18 de ellos, que se encuentra en calidad de desaparecidos.
Pese a ello, de acuerdo a la agrupación Reporteros Sin Fronteras, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
Organizaciones de élite
De enero del 2014 a Julio del 2015, solo en los estados de Michoacán, Nayarit, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Colima, Chihuahua y Sinaloa, se registraron 164 agresiones a periodistas.
Menos del 10 por ciento de esos ataques fueron conocidos por las organizaciones por antonomasia defensoras de periodistas, que intervinieron directamente abanderando el caso.
El 90 por ciento de las peticiones de ayuda por parte de periodistas bajo amenaza y/o persecución no tuvo la dimensión, a criterio de las organizaciones, para ser retomados.
El proceso de discriminación de casos de periodistas agredidos es el principio rector de todos los organismos no gubernamentales defensores de periodistas.
El más selectivo ha sido la organización Artículo 19.
En la mayoría de los casos de agresiones a periodistas se pidió la intervención de organismos como Reporteros Sin Fronteras, Periodistas de A Pie, Articulo 19 y del propio mecanismo federal de protección para periodistas, pero no todos los reporteros que emitieron su alerta por agresiones fueron escuchados.
La mayoría de esos reporteros agredidos y/o amenazados terminaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la PGR, denunciado a sus agresores.
“La organizaciones defensoras de periodistas se han vuelto elitistas, porque no cobijan al reportero de campo, al de a pie”, denuncia Claudia Martínez, defensora de periodistas.
“Todas las organizaciones y te hablo de Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, Periodistas de A Pie, buscan su propio beneficio, que no siempre es la defensa de los periodistas”.
En la mayoría de los casos en donde las organizaciones intervinieron a favor del abanderamiento de periodistas agredidos, las organizaciones se limitaron emitir un comunicado de alerta.
De 164 periodistas ofendidos, solo 17 de ellos merecieron atención para reubicarlos de los municipios donde recibieron amenazas de muerte.
El organismo que menos atendió demandas de periodistas amenazados fue el mecanismo federal de protección a periodistas. La instancia federal sólo otorgó medidas cautelares para 6 reporteros en riesgo.
El nivel de discriminación dentro del mecanismo federal es el más estricto que se aplica en el país, atribuyendo en la mayoría de los casos situaciones de riesgo ajenas al ejercicio periodístico.
La Ley Mancera
De acuerdo al periodista, Rogelio Hernández López, promotor de iniciativas de ley a favor de los periodistas en todo el país, la historia de protección al gremio dará un cambio radical a partir de este lunes, tras la publicación de la llamada “Ley Mancera” vigente para el Distrito Federal, con la que se garantiza la seguridad a todos los periodista desplazados hacia el Distrito Federal.
En el ordenamiento, explicó el periodista Hernández López, se garantiza la seguridad para todos los comunicadores desplazados que se refugien en la Ciudad de México, en donde además de contar con asistencia y orientación para encarar la crisis, el periodista será albergado en instalaciones del gobierno del Distrito Federal.
A la fecha solo 19 estados tienen leyes o al menos iniciativas para proteger el ejercicio periodístico y a los periodistas.
Defensores en la ignominia
De acuerdo a Claudia Martínez, promotora de derechos humanos en Puebla, más allá de la vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas, los defensores de derechos humanos se encuentran en mayor condición de riesgo, toda vez que el mecanismo federal de protección está más diseñado para periodistas que para defensores sociales.
Martínez es la activista social que más casos de agravios a periodistas ha acompañado. Solo en los últimos tres años ha acudido, al lado de 15 periodistas amenazados, ante la fiscalía de la PGR, a fin de que se les otorguen medidas cautelares para que salvaguarden su integridad física.
“El principal problema que se registra en las oficinas de la PGR es que las delegaciones desconocen el protocolo de atención primaria para los reporteros en riesgo”, asegura Martínez.
En el ámbito local los periodistas no cuentan con respaldo de las fiscalías estatales, pues además de no existir leyes locales para la protección de los comunicadores, no hay infraestructura para la atención de las demandas de los periodistas, a veces los periodistas agraviados tienen que viajar hasta cuatro horas para encontrar un agente del ministerio público, con quien denunciar el ataque.
